Calderón, listo para dar más poder a la Iglesia (Parte 3)

Calderón, listo para dar más poder a la Iglesia (Parte 3)

Permitir a la Iglesia poseer y administrar medios de comunicación masiva, como empresas radiofónicas y televisivas, es otro de los puntos que incluiría el acuerdo, ya que esto ayudaría al clero a darle mayor difusión a su mensaje evangélico.

Finalmente está la creación de un vicariato castrense, que empezó a impulsar en México Juan Pablo II desde los ochenta, con la intención de nombrar a un obispo que tenga bajo su cargo a una diócesis con capellanías, sacerdotes, catedral y seminario propios, dedicados exclusivamente a la atención espiritual de los militares.

Durante varios años Hilario Chávez Joya, ya fallecido y quien era obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se encargó de la encomienda y sentó las bases para abrir el vicariato.

Esta labor de Chávez Joya ha dado frutos: la jerarquía eclesiástica aliada con la militar ya ha abierto capellanías castrenses en las capitales de todos los estados. Las hay principalmente en el Distrito Federal, Chihuahua, Morelos, el Estado de México y Baja California (Proceso 1626).

“En el encuentro de Benedicto XVI y Calderón –justo cuando éste se vale del Ejército en su guerra contra el narcotráfico– se prevé la aprobación del obispado castrense para que culmine este proyecto religioso-militar que ya lleva alrededor de 30 años, lo mismo que los otros tres puntos del acuerdo, que también llevan años de negociaciones”, dice Velázquez Nieto.

Un antiguo anhelo.

Al preguntarle al especialista si el acuerdo incluirá el derecho de los ministros de culto a ocupar cargos de elección popular, responde:

–No, ese punto no se incluirá porque el mismo Código de Derecho Canónico prohíbe a los sacerdotes acceder a ese tipo de cargos. Las leyes eclesiásticas les impiden ser diputados, senadores, alcaldes, gobernadores o presidentes de cualquier país.

–Aun así, hay jerarcas en la Iglesia mexicana que piden se les reconozca este derecho en las leyes civiles, para igualarlos con los demás ciudadanos.

–Pero el Papa, en los acuerdos que ha venido firmando con los distintos Estados, jamás ha incluido este punto. Y lo hace para no contravenir la norma interna de la Iglesia, pues caería en una contradicción jurídica.

–Pero México es distinto a los demás países; esos puntos despertarán aquí la protesta de los sectores liberales.

–Y también de la izquierda. Sin duda habrá protestas. Pero mire, el caso de Brasil es muy ilustrativo. Benedicto XVI le dijo a Lula da Silva cuando era presidente: “Quiero firmar con el gobierno brasileño un nuevo acuerdo en materia de libertad religiosa”. Y Lula le contestó: “Con mucho gusto, su santidad, sólo le pido que ese acuerdo se haga durante mi mandato, que lo firmemos usted y yo”. Y así fue: en noviembre de 2008 Lula viajó al Vaticano y firmó el acuerdo en el Palacio Pontificio.

–Pero en México hubo un enfrentamiento armado entre la Iglesia y el gobierno.

–Ese mismo argumento se esgrimió en 1979, cuando Juan Pablo II vino por primera vez a México bajo un régimen priista y siendo presidente López Portillo, quien se declaraba liberal. Aun así, Juan Pablo II lograría años después el reconocimiento jurídico a la Iglesia y la reanudación de las relaciones diplomáticas. Hoy la Iglesia no se conforma con ese avance, trabaja para conseguir los cambios que mencionamos, ensayando nuevas estrategias para lograrlo.

En efecto, desde hace años los distintos presidentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) mencionan que su prioridad es lograr esas conquistas.

Monseñor Luis Morales Reyes, en agosto de 1997, poco antes de asumir la presidencia de la CEM, ya venía señalando que su objetivo era propiciar las reformas porque en la Constitución hay “candados” que “violan nuestros derechos”.

Y adelantaba que emprendería negociaciones con varias instancias para conseguir su objetivo: “Dialogaremos con todas las instancias. Obviamente que para nosotros la más importante es el presidente de la República. Está también la Secretaría de Gobernación. Pero no nos quedaremos sólo a nivel gubernamental. Nuestros diálogos serán en distintas direcciones: con los líderes de los partidos políticos y de opinión, con los juristas y constitucionalistas, con la sociedad civil” (Proceso 1083).

Fuente: http://www.diario.com.mx