Juventino Rosas, Guanajuato
Domingo 17 de agosto de 2008
Al pueblo de México:
En la actualidad, muchos mexicanos están sufriendo o viven angustiados por la violencia imperante en todo el país.
Por eso, he decidido dar a conocer mi opinión sobre este grave problema y proponer al mismo tiempo algunas medidas para enfrentar el flagelo de la delincuencia.
En primer término tenemos que preguntarnos y aclarar ¿cómo fue que llegamos a estos extremos de inseguridad?
Desde mi punto de vista, esta descomposición social viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó después del fraude electoral.
Esta crisis tiene su antecedente inmediato en la política salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos.
A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, todas las acciones del gobierno se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.
En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas en beneficio de una minoría. También, en este contexto, debe verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, desde la época colonial.
Recordemos que Ernesto Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos, en deuda pública.
A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado del banquero Roberto Hernández, pasó a ser el encargado de la Hacienda Pública. Pero lo más grave fue que Fox dio al traste con la incipiente democracia mexicana.
A estas alturas, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006, lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional.
El fraude causó un daño inmenso: lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente.
El fraude nos llevó a más pobreza, desempleo, carestía, crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Todo lo cual, si se hubiese respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad.
Además, la falta de sensibilidad y la hipocresía de los potentados, y de su representante en la Presidencia, es cada vez más notoria. Por ejemplo, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se les ocurre es amenazar con el discurso propagandístico de “la mano dura”, y quieren resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, y condenas más largas. Como ello bastara para enfrentar una situación que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites, a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.
La delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos, también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad, mediante las drogas y la violencia.
Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero nada de eso están haciendo los hombres del poder en México.
Tampoco están dispuestos a rectificar, ni practican la autocrítica. Por el contrario, a pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir.
No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que por la codicia estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir.
De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la Nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y hacer todo lo que podamos para frenar el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública.
No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social o se obliga a algunos mexicanos a abandonar al país.
Todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por las calles, libres de miedos y temores.
Por lo anterior, propongo de manera concreta lo siguiente:
1. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso.
Entre otras razones, nos oponemos a la privatización, porque queremos vivir en paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia. El despojo de la renta petrolera creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política.
2. Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social.
La Cámara de Diputados debe autorizar mayor presupuesto a las universidades públicas con el propósito de que los 300 mil jóvenes que cada año son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales.
Asimismo, deben otorgarse becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo está haciendo el Gobierno del Distrito Federal.
3. Deben renunciar, de inmediato, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Los motivos son obvios: el primero, es un delincuente confeso y los otros dos ya fueron, durante el gobierno de Fox, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, han demostrado su falta de integridad e ineficiencia.
4. Debe orientarse el presupuesto público a impulsar actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar de la población.
El gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos.
A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más.
Por eso proponemos que se lleve a cabo una reducción del gasto burocrático de por lo menos 200 mil millones de pesos y que estos recursos, junto con los excedentes petroleros, se destinen a la inversión en infraestructura y desarrollo social. En particular, estos recursos deben orientarse a fortalecer a Pemex, a garantizar la soberanía alimentaria y a crear empleos sobre todo para los jóvenes.
5. Debemos seguir insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios.
El país está secuestrado por una minoría rapaz. No se pueden enfrentar los graves y grandes problemas nacionales si continúa el predominio de una mafia política tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada.
Sí hay salidas, sigamos organizándonos.
Sigamos defendiendo al pueblo y al patrimonio de la Nación
Sigamos trabajando en la transformación de la vida pública de México.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
