Astillero
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■ Calderón impone fecha y agenda
■ Marcelo tiene puerta de salida
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INFORME. La comisión de mediación entre el EPR y el gobierno federal presentó ayer un informe en el que afirma que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de “desaparición forzada” por fuerzas del Estado o con anuencia de éste. En la imagen, Miguel Ángel Granados, Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Carlos Montemayor, Rosario Ibarra y Juan de Dios Hernández Monge Foto: Guillermo Sologuren
Los ejecutivos de la República de Los Pinos le han regalado a Marcelo Ebrard una gran oportunidad de zafarse de las cámaras fotográficas envenenadas que están a la espera de la legitimadora reunión “cumbre” de seguridad pública que le llevaría a sentarse políticamente junto a Felipe Calderón, por más distante que allí quedara en términos físicos. El secretario de asuntos petroleros, Iván Mouriño, en compañía de dos personajes formalmente contiguos pero operativamente separadísimos, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, ha anunciado lo que en los hechos es un simple emplazamiento para que el pretencioso jefe del gobierno capitalino se presente el próximo 21 en Palacio Nacional, para cumplir con la agenda fijada por el licenciado FC, y no por el neocamachismo ebrardista.
Temerosa de que la media naranja marcelina en vías de tomarse una fotografía de nupcias tardías le comiese el mandado (al pretender el establecimiento de condiciones, temas y mecanismos), la otra mitad cítrica calderónica decidió adelantarse y fijar términos propios. Con ello abre el camino para que quien naufraga desde los tiempos del News Divine se declare mal atendido en sus recientes coqueterías de convalidación y pueda recomponer figura, reinstalándose a toda prisa en las únicas filas en que podría tener futuro presidenciable, las del movimiento de resistencia al fraude electoral y a la privatización petrolera.
Claro está que, si los ánimos conciliatorios de Ebrard con Calderón son tan sinceros como lo sugieren varios lances políticos recientes (la felipense aprobación sedosa de los nombramientos de procurador y jefe policiaco de la capital, la marcelosa premura en responder a las cartas marcadas de la derechista agrupación de México Unido contra la Delincuencia), ya podrá encontrar otras maneras de acomodarse a los trazos generales previamente convenidos. Ebrard pretende, por ejemplo, que el manejo de la “cumbre” sea decidido y ejecutado por la cada vez más decorativa Conferencia Nacional de Gobernadores, y si Felipe y sus asesores íntimos ven volar la posibilidad de la fotografía legitimadora, bien podrían no darle exagerada relevancia a su reunión del próximo 21, a la que el muy digno Ebrard no fuera, para calentar el escenario rumbo a una segunda sesión, esa sí con el perredista pródigo sentado en su sillón sin rechinantes resortes espurios.
Los zigzagueos de Ebrard le han colocado en una situación difícil frente a la franja cívica a la que con rotunda decisión se adhirió luego del fraude electoral, al negarse a reconocer políticamente la legitimidad de alguien a quien, por otro lado, no podía desconocer en su condición fáctica de administrador del aparato federal de gobierno con el que necesariamente tendría que trabajar la estructura capitalina. El estratégico gobernante de la ciudad de México había sido hasta ahora el único de los políticos llegados al poder mediante el usufructo de las siglas del PRD que mantenía en alto la bandera de la ilegitimidad electoral del ocupante de Los Pinos. Bandera a media asta luego de la catástrofe del News Divine y luego en posibilidades de ser arriada para realizar una “cumbre” de seguridad pública que en los hechos sería la fotografía política de legitimación siempre buscada por el licenciado Calderón. Ebrard ha llegado, pues, al momento de su definición expresa. El anuncio hecho anoche por Mouriño le concede la posibilidad de darse por ofendido por esa determinación unilateral y así evadir el jaque autoimpuesto con la tal “cumbre”. A menos que, en realidad, lo que se busque sean mutuas legitimaciones y convalidaciones.
Astillas
Un lector guanajuatense denuncia uno de los muchos casos de impunidad cometidos desde el poder: “los panistas que dirigen esta entidad quieren despilfarrar 720 millones de pesos (el presupuesto anual de 43 de los 46 municipios de Guanajuato) en una Expo Bicentenario de tres días que organizarán ¡en Silao! Te preguntarás por qué no en Dolores, la cuna de la Independencia. Lo que sucede es que el líder de El Yunque, y hoy secretario de gobierno, Gerardito Mosqueda, nació en ese lugar y lo quiere impulsar. Además, les prometió a sus compañeros ultras que no celebraría en Dolores Hidalgo, porque ahí empezó el derrumbe del clero colonial. La opinión pública está molesta, pero la fracción panista de los diputados es mayoría y le darán luz verde al góber ignorante, Juan Manuel Oliva”… Desde Chiapas denuncian que están en riesgo miles de hectáreas de recursos forestales de la reserva El Triunfo y La Frailescana. La secretaría que ha habilitado el gobierno federal para convalidar depredaciones ambientales (conocida como Semarnat) ha sido acusada de no recabar autorizadas opiniones técnicas para otorgar permisos de aprovechamiento de áreas maderables (la tala, pues) y de pasarse por el arco del triunfo el decreto presidencial de protección de esas áreas, emitido en diciembre de 2007… En días pasados, el doctor Eduardo Meaney reiteró por Internet su deseo de que en esta columna no se reproduzcan opiniones adversas de baja calidad: “estamos en una batalla mortal con la derecha y no hay que concederle nada. Una cosa es la confrontación civilizada de las ideas y otra es darle espacio a las ofensas y payasadas de la derecha. Pero vuelve usted a lo mismo, y abre su columna a las críticas acerbas de algunos trogloditas (pido perdón a los chimpancés, cuyo nombre científico es pan troglidytes) que lo injurian y se burlan de su postura al defender no a AMLO (pues ya sabemos que muchas veces usted lo ha criticado, desde mi punto de vista a menudo con razón, otras sin ella) sino a los más altos intereses nacionales. ¿Qué gana usted dándoles un foro que no merecen? ¿Qué ganamos sus lectores al leer las diatribas mal escritas de sus amargados críticos?”... Y, con los sinceros deseos de que el periodista Ricardo Rocha mejore de salud, ¡feliz fin de semana, viendo a los góbers Terminator!
LA MECANICA PRIVATIZADORA
Luis Javier Garrido
La mecánica privatizadora
La entrega de la industria petrolera mexicana a las trasnacionales constituiría el error político más grande en la historia política de México en más de un siglo: un acto de traición a México de consecuencias desastrosas para el país, y por ello los despachos de abogados corporativos que en Estados Unidos y en México redactaron las contrarreformas legales de Calderón y de Beltrones buscaron esconder la mecánica privatizadora, aunque no lo lograron.
1. La privatización de la industria petrolera nacional impuesta por una serie de intereses trasnacionales al débil y corrupto gobierno de facto de Felipe Calderón no consiste en vender los activos de Petróleos Mexicanos, sino en transferir gradualmente, en abierta violación a la Constitución General de la República y a los derechos del pueblo mexicano, las funciones que lleva a cabo la empresa paraestatal a las dos principales corporaciones petroleras trasnacionales a las que se hallan vinculados (por no decir asociados) los priístas del grupo de Carlos Salinas y Mouriño y Calderón: Exxon Mobile, Royal Dutch Shell y Repsol YPF.
2. El paquete de siete iniciativas legislativas enviadas por Calderón al Senado –las cinco primeras el 8 de abril– no lograba esconder su burdo intento de pasar por encima de la Constitución, y fue evidenciado como inviable por anticonstitucional en las mesas del Senado y de diversas universidades de la República; de ahí que en el nuevo paquete de nueve iniciativas de Beltrones (de las que tres son nuevas leyes), presentado el 23 de julio, se trate de esconder más la mecánica privatizadora, lo que sin embargo tampoco se logra.
3. Los dos proyectos de desnacionalización de la industria petrolera del país, que han pasado a ser “del PAN” y “del PRI”, a pesar de los legisladores de estos partidos, se sustentan, sin embargo, en una misma estrategia: no privatizan ahora, sino que crean las condiciones seudojurídicas para empezar a privatizar de manera gradual en pocos meses. Y son “seudojurídicas”, pues buscan “legalizar” en leyes secundarias lo que la Constitución prohíbe tajantemente, violando así el principio de la supremacía constitucional, consagrado en el artículo 131.Leer mas
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