La dictadura saca sus garras y se descara. Ahora ya ni la huelga será respetada, como en los tiempos del porfiriato.

La “inexistencia” de la huelga es una “trampa” para meter esquiroles, advierten abogados

Obtienen suspensión provisional mineros reprimidos en Cananea

Se intensifica la batalla legal del sindicato contra la empresa, apoyada por el gobierno federal

Las autoridades actúan al margen de la ley, afirman los juristas De Buen y Rivero Legarreta

Carolina Gómez y Gustavo Castillo

La Jornada',650,600); return false;"> Ampliar la imagen Un grupo de personas protestó ayer en Nueva York, luego de que se conociera la declaración de “inexistencia” de la huelga minera en Cananea y la posterior represión, que dejó un saldo de 40 heridos Foto: La Jornada

El juez sexto de distrito en materia de trabajo, Máximo Torres Quevedo, otorgó ayer al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) la suspensión provisional derivada del juicio de amparo que el gremio promovió contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la cual declaró inexistente la huelga en Mexicana de Cananea.

El abogado Juan Rivero Legarreta señaló que con esta determinación los trabajadores están en su derecho de proseguir la huelga que iniciaron el 30 de julio del año pasado en la empresa del Grupo Minero México, sin que ello ocasione la rescisión de las relaciones laborales.

Apuntó que las fuerzas policiacas “deben abandonar de inmediato la mina”, pues el paro está legalmente sostenido.

Luego de haberse conocido la resolución judicial, el secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, planteó en una videoconferencia que “Grupo México está obligado a respetar a sus trabajadores o de otra manera le vamos a enseñar a hacerlo a nalgadas”.

Exigió el cese de la “represión ordenada por los gobiernos federal y estatal”, y llamó a los trabajadores a mantener la huelga.

Advirtió que si no se respeta ese derecho, el gremio minero está dispuesto a realizar un paro nacional. “Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, expresó en el video, que fue transmitido hasta la sección 65 en Cananea.

Mientras, tanto la empresa como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguraron en comunicados por separado que, de acuerdo con la determinación judicial, los trabajadores que deseen podrán regresar a laborar.

“Con esta determinación, la unidad minera de Cananea podrá mantener sus puertas abiertas a todo aquel trabajador que decida regresar a sus labores, y queda en posibilidad de mantener la operación normal de su actividad productiva hasta en tanto no se disponga lo contrario por la autoridad judicial”, señaló la STPS.

En tanto, la empresa sostuvo: “Minera México SA de CV informa que el juez sexto de distrito en materia del trabajo expidió una suspensión provisional por la que la empresa Mexicana de Cananea podrá reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo”.

Informó que “hasta el mediodía del sábado laboran en la empresa más de 410 trabajadores, que es equivalente al personal de un turno, pues no concurren a la mina los casi mil 300 trabajadores al mismo tiempo”.

Indicó que “las labores principales son las de rehabilitación de maquinaria, equipo e instalaciones de la mina, lo que llevará varias semanas, como consecuencia de más cinco meses de inactividad”.

Advirtió que las condiciones generales en la mina son de “tranquilidad y trabajo”, y agregó que “respetará las actuales relaciones laborales de todos los trabajadores, el contrato colectivo de trabajo y las estipulaciones vigentes, dando reconocimiento pleno a la sección 65 del sindicato”.

Tanto Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del gremio, como los abogados De Buen y Rivero Legarreta coincidieron en que, dada la resolución, la mina debe permanecer cerrada y los trabajadores en huelga.

El segundo precisó: “Lo que dice la resolución es ‘suspéndanse las cosas y guárdense en el estado en que estaban’, que es la huelga. Por tanto, el paro sigue siendo legal y debe quedarse como está”.

Subrayó que lo planteado por la STPS es “una trampa que posibilita que la empresa meta esquiroles, tal como hizo en La Caridad” para romper la huelga.

De Buen comentó que dado que la “suspensión es con respecto al plazo de 24 horas (fijado por la junta para el regreso a trabajar), que no obliga a los trabajadores a presentarse a laborar, aparentemente están permitiendo que lo hagan quienes no estén en esta situación, lo cual, evidentemente, es irregular”. Los litigantes advirtieron que eso violaría la Ley de Amparo.

En la resolución se estipula que, “con fundamento en los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de impedir que se den por rotos los contratos de trabajo existentes respecto de los huelguistas que continúan sosteniendo el estado de huelga, pero dejando en la posibilidad a la negociación en donde se declaró la huelga, de reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo, todo esto mientras se resuelve en cuanto al fondo la demanda de amparo”.

La STPS negó las “versiones infundadas sobre la supuesta participación del Ejército Mexicano en las labores de apoyo a la autoridad laboral”, y aseguró que sólo estuvieron presentes elementos de las policías estatal de Sonora y Federal Preventiva. Asimismo, rechazó que se haya ejercido violencia o reprimido a los huelguistas.

En tanto, el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani calificó de “absurda” la razón por la cual la JFCA declaró inexistente la huelga.

Comentó que el sindicato tiene todas las posibilidades de ganar el amparo, tal como lo hizo ya una vez, y afirmó que también está en su derecho de presentar demandas penales por la violenta irrupción de la policía.

El legislador perredista José Antonio Almazán consideró que lo ocurrido en Cananea el viernes demuestra el “terrible contubernio existente entre las autoridades para defender los intereses del Grupo México”, pues dijo que la declaratoria de inexistencia de huelga “carece de legalidad y muestra la parcialidad con que ha venido actuando la STPS”.

El Centro de Reflexión y Acción Laboral manifestó que las autoridades muestran un “profundo desprecio por la ley y los derechos humanos”, pues la “incursión de las fuerzas policiacas para desalojar a los trabajadores implica una toma, usando la fuerza pública como cuerpo represivo”, y con esta acción el “gobierno mexicano se muestra en franca contradicción con los principios del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo”.

Seguirá vigilancia de la PFP

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que mantendrá a 300 elementos de la PFP en la zona de la mina de Cananea, hasta que la STPS y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinen que se ha dado cumplimiento a la resolución de inexistencia de la huelga.

Funcionarios de esa secretaría señalaron que no hubo ningún exceso en el uso de la fuerza el pasado viernes, que los agentes federales no retuvieron a ningún minero y que, en todo caso, si hay detenidos están en manos de las autoridades locales, en coordinación con las cuales se realizó el operativo.

En ese contexto, el abogado Rivero Legarreta informó que todos los procedimientos penales que existían contra el líder minero Gómez Urrutia ya fueron cancelados y se ha demostrado que no ha incurrido en ningún acto ilícito.

Mentiras y espejismos neoliberales: no hay aumento de precios, el TLC beneficia al campo, no habrá privatización de PEMEX.

Julio Pimentel Ramírez

Como era de esperarse en un régimen derechista y neoliberal, no podía ser de otra manera, en los primeros días del naciente año los acontecimientos económicos, políticos y sociales se caracterizan por su marcado signo contrario a los intereses de la mayoría de los mexicanos: incremento de precios de productos básicos; oídos sordos a la demanda campesina de que se revise el capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio; inminentes propuestas de privatización petrolera que pretenden culminar el proceso de despojo de la riqueza de la nación iniciado hace algunos lustros.
Mientras el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del sector económico se esfuerzan por convencernos de que los índices macroeconómicos reflejan estabilidad y que todo está bajo control, los mexicanos que sobreviven con magros salarios constatan que los precios de productos básicos se incrementan diariamente.
En tanto cifras oficiales subrayan que la inflación en el 2007 se mantuvo por debajo de los cuatro puntos porcentuales, estadísticas elaborados por organismos gubernamentales señalan que los precios de 42 productos de la canasta básica se elevaron alrededor de un 35 por ciento, lo que da por resultado que continúa el deslizamiento a la baja del poder adquisitivo de los salarios, que se incrementaron en porcentajes mínimos en consonancia con el índice inflacionario.
Por otra parte, mientras diversas organizaciones campesinas, respaldadas por otros sectores sociales y políticos, advierten que saldrán a las calles a exigir la revisión del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las autoridades agrarias del gobierno calderonista subrayan que el tratado comercial con los socios del Norte es innegociable y que este año se destinarán al campo mexicano millonarias cifras, "como nunca antes en nuestra historia".Leer más...

El panismo avala la reconquista

domingo, 13 enero 2008

La invasión es avasallante: Centenares de empresas españolas ganan terreno en México debido a las enormes facilidades que los gobiernos panistas les han brindado en todos los sectores de la economía nacional. Esta “reconquista española” o “nueva colonización”, como la califican ya sectores académicos y la prensa, muestra ya sus primeros signos: conculcación de derechos laborales de trabajadores mexicanos, destrucción de áreas naturales, ganancias de usura en servicios bancarios… Todo con el aval, hoy, del gobierno espurio de Felipe Calderón El espurio avala la “reconquista española” o “nueva colonización”... Sus nombres pueden no decirle gran cosa a la mayoría de los mexicanos. El caso es que Iberdrola, Mapfre, Telefónica, Repsol YPF, CAF, Isoluxcorsan, Proactiva, Aena, Eulen, Enersis, Dragados, Unión Fenosa, Gas Natural, Endesa, Prisa, Seat, BBVA, Santander, Sol Meliá, Iberostar, NH, Barceló y Zara, entre otras, son emporios españoles con una fuerte presencia en México. Esta lista es sólo una pequeña parte de las casi mil empresas ibéricas que operan en el país. Está formada por trasnacionales que, en los últimos años, han invadido casi todos los sectores económicos de México y América Latina. Y su presencia aquí es tal que prácticamente no hay espacio en la vida cotidiana de los mexicanos en el que no estén presentes. Pobres, ricos o de clase media, la mayor parte de los habitantes del país entran a diario en contacto con alguno de los productos o servicios que ofrecen esas empresas. Por ejemplo, casi 4 millones de personas que se transportan diariamente en Metro en la capital del país lo hacen en vagones fabricados por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), compañía española que desde 1992 es la mayor proveedora de trenes para el Metro. Es la misma empresa que a finales del 2005, en una segunda ronda obligada, ganó la licitación para construir el Ferrocarril Suburbano que irá de Buenavista a Cuautitlán -la obra ya está avanzada- y que transportará a 100 millones de pasajeros al año. Y si de transporte se trata, mexicanos con otro nivel de ingreso han podido hacerse de un auto Ibiza, Córdoba, León, Toledo, Altea o Alhambra, que produce la firma Seat (“de Barcelona para el mundo”, reza su publicidad), automotriz que con rapidez multiplica distribuidoras y oficinas en México. También en el ámbito del transporte, unos 15 millones de mexicanos que utilizan los servicios aeroportuarios entran en contacto, cada año, con empresas de España. Aena, la operadora de aeropuertos y navegación aérea más grande del mundo, y Dragados Concesiones, filial del poderoso grupo español de la construcción ACS (Actividades de Construcción y Servicios, tienen cada una el 33.3% del capital del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera 12 de los 47 aeropuertos internacionales del país. Unos ocho aeropuertos, incluyendo el de la Ciudad de México, pero también unas 50 grandes firmas de todos los ramos productivos y de servicios, tienen contratos con la española Eulen Seguridad, filial del Grupo Eulen, especializado en seguridad, limpieza, outsourcing, mantenimiento, telemarketing y medio ambiente. La colocación de miles de cámaras y dispositivos de seguridad en el aeropuerto capitalino y en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad, ha sido encomendada a Eulen. Millones de mexicanos, también, hacen uso de los servicios financieros (banca, casa de bolsa, seguros, afore, hipotecas, nómina) de los bancos españoles Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Santander Central Hispano, que en el país son Bancomer y Santander, las instituciones número uno y tres, respectivamente, del sistema bancario nacional. Bancomer, solo, tiene 14 millones de clientes y activos por cerca de 50 mil millones de dólares. Los dos bancos controlan casi el 40% del total de activos de la banca nacional; el 41% del total de la cartera crediticia y el 40% de las utilidades netas del sistema bancario del país. Aunque BBVA Bancomer y Santander ofrecen el servicio de seguros, es Mapfre, que en México compró Seguros Tepeyac, una de las empresas líderes en el sector asegurador. Por lo menos es la número uno en España y en América Latina, con presencia en 40 países y más de 12 millones de clientes. También en telefonía, cada día crece el número de habitantes en el país que hace uso de los servicios de una trasnacional española, Telefónica, mejor conocida en México por sus celulares Movistar, que compite con Carlos Slim (Telmex, Telcel) por el mercado mexicano y lo supera en el de Sudamérica. Telefónica tiene 206 millones de clientes en el mundo, opera en 24 países y, aunque apenas llegó a México hace cuatro años, en el 2003, ya tiene más de 10 millones de clientes aquí. En el mundo editorial la presencia de los españoles también es contundente, a tal grado que dominan el mercado del libro en México. Cualquier aficionado a la lectura ha tenido en sus manos títulos, por ejemplo, de Planeta, Tusquets, Anagrama, Grijalbo, Seix Barral o Santillana. Esta última, del Grupo Prisa, es propietaria de los sellos Alfaguara, Aguilar, Taurus, Richmond, Crisol y Altea. Es tal la fuerza de esta empresa que -según cifras propias- vende más libros en México que en la propia España. De 76 millones de ejemplares que produjo en el 2005, colocó casi 23 millones en México, contra 12.6 millones en España y 17 millones en Brasil. Y no es que en México haya más avidez por la lectura que en esos dos países, sino que Santillana -por razones de preferencia política- es el principal proveedor de libros de texto para la educación pública, gracias a concesiones otorgadas por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). Pero no sólo a través de Santillana se hace presente en México el poderoso Grupo Prisa. Además de su publicación insignia, el diario El País -de tiraje menor en México, pero con más lectores cada vez-, Prisa, sin duda, se mete de lleno a los hogares mexicanos a través de la radio. Es copropietaria con Televisa -al 50% cada una- del sistema Radiópolis, que tiene más de 70 estaciones, cubre el 90% del territorio nacional, y abarca casi toda la gama de necesidades radiofónicas de buena parte de la población: noticieros de información general y deportivos y música para todos los gustos y edades. Hasta en la cocina La hotelería y el turismo conforman uno de los sectores más atractivos para las empresas ibéricas en México. No hay destino turístico de sol y playa que no tenga presencia española. La Riviera Maya es prácticamente su coto. Sol Meliá, Iberostar, Riu, Barceló y NH son los principales grupos. Con todo y su permiso para depredar. En su visita a México del año pasado, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dimensionó esa presencia: “En el 2001 las empresas españolas operaban un total de 15 mil habitaciones; en este momento (julio de 2007) operan cerca de 35 mil en más de 100 hoteles, y para los dos próximos ejercicios tienen proyectado operar otras 12 mil habitaciones en 27 nuevos hoteles en México”. Todas esas firmas son algunas de las que ofrecen servicios o productos “tangibles”. Pero muchas otras, poderosas también en el mundo, aunque no se ven están así mismo presentes en la vida diaria de los mexicanos. Es el caso de Isoluxcorsan, uno de los más grandes consorcios españoles en el sector de ingeniería y construcción, que ha hecho la interconexión entre las dos redes eléctricas más grandes de México. También es la que desarrolla la red de fibra óptica para la Comisión Federal de Electricidad que cubre la totalidad del territorio nacional. Esta empresa trabaja con las principales compañías de telefonía, a las que proporciona tecnología de punta. Además, actualmente construye la autopista Monterrey-Saltillo, que será concesionada por el gobierno federal. También poderosas, Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa, con presencia en todo el mundo, se especializan en el ramo de la energía, sobre todo en la generación de electricidad. Grandes consorcios mexicanos consumen electricidad producida por ellas. Iberdrola construye, repara y da mantenimiento a infraestructura de Pemex y la CFE; anda a la caza de oportunidades para proyectos de energías alternativas: ha ganado licitaciones para proyectos de energía eólica y nuclear. Entre las tres, producen casi el 13% de la electricidad que se consume en el país. Junto con ellas, en el mismo ámbito de los energéticos, se ubican la petrolera española-argentina Repsol YPF y Gas Natural. La primera -entre las 10 petroleras privadas más grandes del mundo, con fuerte presencia en la parte estadounidense del Golfo de México, en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos– ha ganado licitaciones para construir plantas regasificadoras en el país. Por impedimentos constitucionales, sin embargo, Repsol YPF sólo ha podido dedicarse a la distribución y comercialización de gas natural, aunque también, por la vía de los Contratos de Servicios Múltiples, incursionó en la producción y desarrollo de campos de gas. Repsol YPF participa a través de la empresa Gas Natural en la distribución de gas; tiene más de 1 millón 100 mil clientes y está presente en la Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo, Toluca y varias ciudades del Bajío. Eso no es todo. Los consorcios españoles están metidos hasta en la cocina de los hogares mexicanos. La trasnacional hispana Gas Natural es la principal distribuidora de gas en México, con presencia en 7 de las 14 zonas de distribución del país; cuenta con 1 millón 120 mil clientes y una red de más de 15 mil kilómetros. En el Distrito Federal, Gas Natural, a través de Gas Natural México, distribuye el energético en 14 de las 16 delegaciones del gobierno capitalino. * * * * * El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo en su visita a México, en julio pasado: “Es muy difícil, recorriendo el mundo, encontrar un país donde los españoles seamos mejor recibidos que en México; donde haya más amabilidad por parte de la ciudadanía, de la población, de las autoridades, que en México. Y eso nos produce un elemento de profunda satisfacción”. Y vaya que si son bien recibidos los españoles. Hace diez años el comercio entre México y España no pintaba gran cosa: apenas llegaba a los mil 500 millones de dólares -nada frente a los más de 100 mil millones de dólares del comercio bilateral con Estados Unidos-, y siempre con saldo positivo para México. Hoy España es la segunda fuente de Inversión Extranjera Directa para México, después de Estados Unidos. El comercio bilateral supera los 6 mil millones de dólares, aunque ahora con saldo deficitario para México. Son muchas las razones de ello. Ha influido una abierta decisión del gobierno mexicano, desde el inicio de la administración de Vicente Fox, de abrirle las puertas a las compañías españolas. Bancos, libros, la telefónica, las empresas de energía, las hoteleras y las de servicios aeroportuarios –las inversiones más fuertes– han acudido al llamado y a las facilidades oficiales. Pero los propios españoles tienen su propio estilo para empujar sus negocios. Algunos ejemplos: Telefónica tiene como presidente de su filial en México a Francisco Gil Díaz, el polémico ex secretario de Hacienda, hombre con todos los secretos de las finanzas en México, de los impuestos y las aduanas; todas las relaciones empresariales… y toda la proclividad a conducirse con poca transparencia en el mundo de los negocios. Otro ejemplo: Prisa tiene como representante en México a un hombre hiperactivo, con habilidades notorias para colarse en oficinas gubernamentales federales y estatales. Es Antonio Navalón, al que puede vérsele ya sea en Los Pinos o en las oficinas del gobierno capitalino. También en Prisa, al mando de la gerencia de algo llamado El País Global, trabaja Juan Ignacio Zavala, hermano de la esposa de Calderón. Otro caso es el de Zara México, la cadena de tiendas de moda española, filial del grupo textil Inditex -que comanda Amancio Ortega, el hombre más rico de España, tercero en Europa y octavo en el mundo, con 24 mil millones de dólares, según la revista Forbes-, que desde octubre del 2004 incorporó en su Consejo de Administración, en calidad de “consejeros independientes”, a los mexicanos Pedro Aspe Armella, Valentín Díez Morodo y a Olegario Vázquez Aldir. Vaya que si estos personajes son útiles a Zara, que cuenta en México con el mayor número de tiendas, sólo después de España y Portugal. Tan fácil le ha sido a Amancio Ortega hacer negocios en México que, gustoso, aceptó la invitación del Grupo Danhos para asociarse con él y construir -Ortega es también dueño de la inmobiliaria española Pontegadea- el que iba a ser el edificio más grande de América Latina, la finalmente abortada Torre del Bicentenario, que tanto impulsó Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino. En la prensa y la academia de España se ha calificado la reciente y abrumadora presencia de las firmas hispanas en México y América Latina como la “reconquista española” o la “nueva colonización”, ahora emprendida por los grandes capitales de ese país. Organizaciones no gubernamentales internacionales, como Intermox Oxfam y el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), que tienen bajo la lupa ese fenómeno, afirman que la expansión de las trasnacionales españolas en la región se ha hecho en forma rapaz, vulnerando derechos humanos o generando conflictos en las zonas donde se han asentado. Proceso, en su edición 1625, publicó un documentado reportaje sobre cómo los hoteleros españoles acumulan impunemente, sin que autoridad alguna reaccione, denuncias por devastar manglares, acabar con las dunas costeras y arrasar selvas en Quintana Roo, para sacar adelante sus proyectos. Otras organizaciones han denunciado, en particular, los abusos de la banca española en México, que atropella a la clientela mexicana con elevadas tasas de interés y altas comisiones por sus deficientes servicios –muy por encima, ambas, de lo que cobran en España–, y que les reditúan extraordinarios beneficios a la matriz. En efecto, tan sólo Bancomer le genera casi una tercera parte de las utilidades globales de cada año al BBVA. OMAL considera también que las compañías españolas de energía tienen particular interés en las zonas rurales del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, donde buscan controlar la generación de energías eléctrica y eólica, con la venia del gobierno mexicano, “a través de la explotación irracional de los recursos naturales, pasando por alto los derechos de las comunidades de la región”. De acuerdo con esa organización, el gubernamental Programa de Certificación de Derechos Ejidales y de Solares (Procede) actúa más en beneficio de las firmas españolas que en el de los ejidatarios, ya que enajena la tierra donde está el parque eólico y la convierte en privada. Así, estas tierras han salido del régimen de propiedad social como terrenos ejidales que son. Todo ello les da a dichas empresas un mayor control sobre el terreno, dice. Pero esas, para el gobierno espurio de Felipe Calderón -como en su momento para el de Fox, que abrió de capa al país para los españoles-, son cosas menores. En diciembre del 2006, días después de su toma de posesión, en un foro con empresarios mexicanos y españoles, Calderón les dio la bienvenida a estos últimos: ustedes y sus capitales, les dijo, “fortalecen en México sectores de alto valor agregado, como el financiero, el automotriz, el energético y el turístico, pero sobre todo, crean empleos para los mexicanos”. (Carlos Acosta Córdova/APRO/on información de Alejandro Gutiérrez)

Desastres Naturales….. Sólo Para los Pobres

Desastres Naturales….. Sólo Para los Pobres

Por Alberto Híjar

No es lo mismo nevadas, frío, ventiscas e inundaciones para los ricos que para los pobres. Por esto es improcedente decir desastres naturales. No es la naturaleza la responsable de sus efectos sociales sino es la deliberada incapacidad del Estado para prever y actuar en consecuencia. Otra vez en Tabasco desbordan los ríos e inundan caseríos y en las Sierras de Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Guerrero, en el Estado de México, en la Sierra del Ajusco del D.F., los vientos destechan casas y dejan sin agua y luz. En el norte, las televisoras exhiben con impudicia a los niños mal cubiertos en temperaturas por debajo de los cero grados y de pasada, también muestran a los turistas de Cancún comprando chamarras para cubrirse de lo que consideran un agradable temporal para gozarse desde alguna terraza, café o restaurante con calefacción. No hay problema, la derrama turística está garantizada.

Tampoco para la narcoviolencia ejecutando mandos policíacos y aduánales y tampoco para la contrainsurgencia. En Oaxaca acosan y agreden a militantes de la APPO. Con cualquier pretexto, el recién liberado Erik Sosa y dos hermanos de Cesar Mateos fueron golpeados y conducidos a la Dirección general de seguridad para ser fichados, mientras Marcelino Coache fue acuchillado por un grupo paramilitar conducido por el director de la policía auxiliar Alejandro Barrita quien no lo deja en paz desde que salió de la prisión de Cosolapa. En la región triqui, cada mes hay un asesinato político, el más reciente fue el de la noche de navidad contra Plácido Abraham López Castro del ejido de San Pedro Yosotatu donde había defendido las tierras ejidales y librado un atentado en el que desaparecieron Fabián y Omar López y Raymundo Jiménez. Hace menos de un año encabezó delegaciones de siete comunidades mixtecas que marcharon desde Tlaxiaco hasta la capital de Oaxaca donde no recibieron más que promesas burocráticas. Ahora son las autoridades de San Pedro Yosotatu quienes denuncian su asesinato. El alcalde espurio de Santa María Quiegolani, Eloy Mendoza ordenó el violento desalojo de las mujeres que exigen el reconocimiento de Eufrosina Cruz Mendoza víctima de los usos y costumbres caciquiles que impidieron el reconocimiento de la votación a su favor en la asamblea comunitaria. POR ESTO! informó con fecha 1º de enero, los bloqueos por razones semejantes en San Juan Lajarcia, Magdalena Tequisistlán, Santiago Laollaga, Jalapa del Marqués, San Blas Atempa, San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes Nopala, mientras el nuevo alcalde de la capital tomó posesión con Ulises Ruíz al lado y un operativo de seguridad tan ostentoso como los habituales en las giras populares de Felipe Calderón. Los pocos alcaldes no priístas como Carmen Arellanes de Santa Lucía del Camino y Héctor Garrido de Jalapa del Marqués, enfrentan a violentos priístas protegidos por la impunidad acordada entre los partidos políticos más influyentes a cambio de injustas cuotas de poder. Las inclemencias climáticas no interrumpen la violencia política.

Hay sorpresas esperanzadoras. En Zacacuautla con todo y las heladas de fin de año y el puente roto medio reparado por los vecinos en la importante carretera de los pueblos de Hidalgo y Puebla, la asamblea comunitaria no aclamó la candidatura del nuevo delegado, sino que pese a la resistencia de Filiberta Nevado, organizadora principal del rechazo a los talamontes, de los talleres infantiles y de la cooperativa textil Bordando entre nubes , las mujeres en pleno y algunos hombres que ya las siguen la hicieron ganar...

NOTA COMPLETA AQUI
Fracaso absoluto
domingo, 13 enero 2008 Ricardo González Sada, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), afirma que el Programa del Primer Empleo creado por decreto del espurio Felipe Calderón, NO sirve / “Lo que se consiguió crear con el Programa del Primer Empleo y nada, es prácticamente igual: una cifra insignificante”

Estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y Autónoma de la Ciudad de México exigieron ayer la intervención de la Suprema Corte para evitar la consumación de la reforma judicial, que permite cateos sin orden judicial de por medio. (LA JORNADA)

MEXICO, D.F., 12 de enero (LA JORNADA).- Creado por decreto del espurio Felipe Calderón para cumplir con su promesa de campaña de convertirse en “presidente del empleo”, el llamado Programa del Primer Empleo (PPE) fue calificado como “un fracaso” por Ricardo González Sada, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
No puede ser llamado de otra manera, dijo, porque aunque durante el 2007 se registró una cifra récord con la creación de 780 mil nuevos puestos de trabajo formales, de acuerdo con cifras preliminares del IMSS, pocos fueron gracias al Programa del Primer Empleo.
“Lo que se consiguió crear con el Programa del Primer Empleo y nada, es prácticamente igual. Es una cifra insignificante”, debido a las múltiples trabas y trámites que las autoridades impusieron a los empresarios para acceder al mismo, explicó el dirigente patronal.
Con el PPE, el gobierno usurpador se comprometió a condonar a los empresarios hasta el cien por ciento de las cuotas del Seguro Social de aquellos empleados que contrataran y que nunca hubieran tenido antes un empleo formal, por lo que estaba enfocado a los jóvenes.
Sin embargo, la principal queja de la iniciativa privada fue que tenía que pasar un año para que las empresas pudieran tener acceso a dicho subsidio.
González Sada manifestó que de nada sirve que las autoridades ofrezcan “muy buenos incentivos” para la creación de empleos si el número de requisitos y trabas que impusieron al PPE lo hicieron “prácticamente inaccesible, porque casi pedían las perlas de la luna”.
Ello aunado a que tampoco se generaron las condiciones para impulsar la competitividad en el país para impulsar verdaderamente la creación de más y mejores empleos, abundó.
Así, el PPE ha tenido que ser modificado a tal grado que inicia su segundo año de existencia con nuevas reglas de operación y sin contar con un presupuesto determinado.Leer más...

DEL ¡POR ESTO!.

DEL ¡POR ESTO!.

Calderón, títere y pelele
domingo, 13 enero 2008 * El poder en México funciona a partir de un grupo de personas que se creen amos y señores del país, que tienen intereses creados, se vinculan con el extranjero y sobre todo cuentan con un empleadillo en la Presidencia de la República, que fue impuesto para proteger los intereses de las minorías, afirma Andrés Manuel López Obrador

Los potentados, además de tener al presidente espurio de su lado, tienen compradas las franquicias del PRI y del PAN, afirmó Andrés Manuel en el Estado de México.

JUQUIPILCO, Estado de México, 12 de enero.- El poder en México funciona a partir de un grupo de personas que se creen amos y señores del país, que tienen intereses creados, se vinculan con el extranjero y sobre todo cuentan con un empleadillo en la Presidencia de la República, con un títere y un pelele, que fue impuesto para proteger los intereses de las minorías, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
Los potentados además de tener al presidente espurio de su lado, explicó, tienen compradas las franquicias del PRI y del PAN, cuyos legisladores han sido capaces de aprobar todas las acciones contrarias a las necesidades del pueblo.
La mafia, indicó, utiliza al PRI-PAN a su conveniencia y cuando necesitan a los dos partidos los unifican, por ejemplo cuando votaron a favor de las reformas para entregar los bienes de la nación a particulares.
Los que se creen amos y señores del país siempre actúan conjuntamente con los priistas y panistas de la Cámara de Diputados y del Senado, y un ejemplo claro fue el Fobaproa. Legisladores del tricolor y el blanquiazul decidieron que deudas privadas pasaran a ser deudas públicas.
Asimismo, recordó, la mafia también “sintió que yo les representaba un peligro para México, porque nosotros representamos otro proyecto. También pusieron en correspondencia el PRI y el PAN para destituirme con el desafuero, cuando ocupaba el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal”.
En el tercer día de recorrido por municipios del Estado de México, el Presidente Legítimo de México sostuvo que la casta privilegiada armonizó al PRIAN para que hicieran fraude en contra de la voluntad de millones de mexicanos.
Por ello, llamó a los mexiquenses a no confundirse y no esperar nada bueno de los potentados, porque ellos quieren acrecentar sus intereses y no les preocupa el sufrimiento del pueblo de México.
Además, mencionó, la mafia domina a los medios de comunicación y no hay información objetiva y no sé dice la verdad, porque ocultan todo. “Tienen apergollados a los medios de comunicación y así es como quieren imponer políticas antipopulares y entreguistas”, agregó.
Adelantó que el Gobierno Legítimo de México está buscando la manera para informar a la gente sobre las acciones que ha emprendido en el movimiento de transformación del país.
Explicó que los de arriba tienen el propósito de que el pueblo no sepa nada del movimiento de cambio.Leer más...

Mochos y machos de Jalisco · El Fisgón

Panista tenía que ser · Helguera

TLCAN · Ahumada

Ana María Aragonés
amaragones@gmail.com

¿Entonces por qué migran los campesinos?

Si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “ha sido benéfico para México, con todo y los naturales convenientes e inconvenientes de un acuerdo de esta naturaleza... pues ha significado empleo formal e incluso los salarios mejor pagados para los sectores vinculados”, según afirmó el presidente Felipe Calderón en su discurso del 7 de enero, entonces ¿por qué la migración de campesinos se ha incrementado como nunca? ¿Son tan necios que a pesar de que han encontrado en su tierra las condiciones para su permanencia deciden migrar, con todo lo que esto supone: muerte en la frontera, malos tratos, zozobra y tristeza por dejar a la familia, al país, etcétera?

Felipe Calderón no puede simplemente echar esto a la cesta de los inconvenientes, ya que si hay un factor que indica que el TLCAN no ha funcionado son precisamente estos enormes flujos que seguirán migrando en tanto no haya un cambio en la política nacional y el país vecino requiera mano de obra.

Se dice que quienes se han visto beneficiados son los consumidores. Pues eso que se lo comenten a 74.5 por ciento de los trabajadores que por obtener un ingreso menor a los cuatro salarios mínimos no tendrán ni siquiera la capacidad para adquirir la canasta básica. Entonces, ¿cuáles son los salarios mejor pagados que menciona Felipe Calderón? Sin duda se refiere a los de los ejecutivos de las grandes trasnacionales y, por supuesto, de la alta burocracia gubernamental.

La Organzación de Naciones Unidas señala que las fuerzas que provocan la migración internacional son las 3D: diferencias de desarrollo, demografía y democracia. Si bien esto es incuestionable, deja de lado el factor atracción que produce trabajos enmarcados en las otras 3D: demanding, dangerous, dirty.

Los campesinos mexicanos tienen que competir con granjeros subvencionados de Estados Unidos, soportar enormes dificultades para mejorar su productividad por la falta de infraestructura física y financiera, y enfrentar, para colmo, la invasión de las enormes trasnacionales, que actúan como verdaderas depredadoras de la vida campesina. Por otro lado, los países desarrollados, Estados Unidos incluido, requieren migrantes, pues experimentan escasez de fuerza de trabajo debido a que su población decrece, envejece y les es difícil mantener su desarrollo científico y tecnológico, pero sobre todo el régimen de pensiones y de seguridad social. Esto los obliga a recurrir al mercado mundial para satisfacer sus necesidades de recursos humanos. Pero para ello es necesario que en los países en desarrollo se reproduzca en forma permanente un excedente de mano de obra que esté en condiciones de migrar, lo cual se logra cuando los gobiernos toman decisiones equivocadas, como fue en el caso mexicano con la firma del TLCAN, bajo el cual se hizo realidad la nueva lógica capitalista. Esto ha contribuido a que México dependa del país vecino en lo que a productos agroalimentarios se refiere, entre otros, con la consecuente devastación del campo nacional. A partir de esto se ha “liberado” la fuerza de trabajo, lo que Marx llamaba ejército industrial de reserva, cuyos excedentes, cada vez mayores, no tienen más opción que migrar, para beneficio estadunidense.

Calderón utiliza verdades a medias al señalar que México se ha convertido en el segundo proveedor de Estados Unidos y el tercero de Canadá, pues no especifica en manos de quién están esas exportaciones; nada que ver con los productores mexicanos pobres. No en balde existen 25.5 millones de personas que trabajan en el sector informal, que actúa como refugio de los desempleados.

Se puede salir de este círculo, pero el gobierno mantiene una política de corte neoliberal, a pesar de que no ha logrado incrementar los empleos formales ni reducir los niveles de pobreza. Y para colmo los enormes ingresos que entran por la exportación de petróleo no han sido ejercidos en forma responsable, y las remesas no pueden ser aprovechadas para superar los niveles de estrechez de la población porque no se ha creado un clima propicio para el desarrollo económico.

A este triste panorama habría que añadir un motivo más para migrar, tal como señala la ONU, que se genera cuando “los ciudadanos que hoy también quieren expresar sus opiniones, discutir de política, poner en tela de juicio las culturas conservadoras e ignorar las restricciones sociales” no pueden ejercer ese derecho.

Si tomamos en cuenta los más recientes acontecimientos, no sería extraño que nuevos éxodos se produzcan.

Gustavo Leal F.*

Ssa Guerrero: Fox y Calderón

Para el vicario general de la diócesis de Tlapa, Guerrero, la cosa es clara: los servicios de salubridad están por los suelos, no hay médicos ni medicinas ni centros de salud. Es “triste y lamentable”, dice, porque en los municipios de Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Cochoapa El Grande, el recién inaugurado Hospital del Niño y de la Madre funciona menos que medianamente, no dispone de médicos especialistas, no está como se ofreció que estaría, y lo que se emplea es, apenas, la medicina preventiva.

El poblado mixteco de Plan de Guadalupe está peor: no hay médico ni enfermera y el centro de salud está abandonado. Pero en San Miguel Zilacayotitlán, hace cuatro años que no va un doctor. “Dicen que no vienen”, acota, “porque el pueblo está muy feo y porque no hay de comer. Para los partos hay que ir a Tlapa, donde cobran 8 mil pesos por alumbramiento”. Y lo mismo ocurre en San Pedro Acatlán y Lindavista.

En Santa María Tonaya el médico va cada dos meses, pero no hay medicamentos. “Nos mandan pasantes y entonces tienen que pagar 400 pesos para que los lleven a Tlapa”. En Santa María Tonaya el médico también va cada dos meses, pero tampoco hay medicamentos, y al poblado de San Lucas lo que llega es una brigada médica, cada dos meses.

Los dispensarios que entregó Vicente Fox a la cabecera municipal de Metlatónoc continúan cerrados por falta de médicos. “Están orillando a la gente de la Montaña Alta a organizarse de manera no tan pacífica”, remata el vicario.

Y en la Montaña Baja la situación no cambia. Chilapa, su municipio más grande, cuenta con 94 casas de salud que brindan atención primaria y carecen de médicos. Los 60 galenos no alcanzan para atender a 104 mil habitantes y 254 comunidades. Desde hace años la demanda sanitaria central del ayuntamiento es la construcción del hospital regional de Chilapa.

El municipio de Ahuacuotzingo apenas dispone de 20 centros de salud para atender 54 comunidades y los 6 mil 500 habitantes del municipio de Tlalixtaquilla gestionan recursos para construir en su cabecera un hospital básico comunitario.

Claro que las autoridades estatales se deslindan del déficit de atención que padecen los miles de indígenas de la Montaña y sólo ofrecen algunas cifras. La región recibe 11 millones de pesos anuales para cubrir la nómina: un mando medio, 620 trabajadores de base (médicos, enfermeras y personal administrativo), 200 eventuales y 174 becarios. Se requiere, agregan, sustituir 27 centros de salud y rehabilitar 18 más. Eso es todo.

Pero en julio de 2005 el entonces titular de la Secretaría de Salud estatal, Luis Barrera Ríos, comunicó que ya se había iniciado una auditoría al Hospital de la Madre y Niño Indígenas de Tlapa, para “detectar qué tipo de irregularidades hubo durante la construcción realizada por la administración de René Juárez Cisneros”. Y agregó que en “iguales circunstancias” se encontraban los hospitales básicos comunitarios de Huamuxtitlán, Tlacopa y Malinaltepec, que también fueron construidos por Juárez Cisneros y que “no funcionan porque les falta equipo y personal médico”.

Doce días después Fox ordenó a Julio Frenk que “priorizara” el Seguro Popular en la Montaña, restaurando e interconectando sus 100 centros de salud, mientras él se comprometía a terminar el hospital de Tlapa. Aunque el gobernador Zeferino Torreblanca reiteró que serían las autoridades federales “las que van a determinar si hubo o no desvíos de recursos públicos en la edificación del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerenses”.

Por su parte, los habitantes de la Costa Chica y la Montaña exigían atención médica en sus comunidades y advertían que la apertura del hospital “no será suficiente para atender a la población de esas zonas marginadas”. Denunciaron que los centros de atención en las 45 comunidades mixtecas y tlapanecas no cuentan con medicamentos, ni con especialistas: “los ancianos y los niños se mueren fácilmente de una diarrea, porque viven en comunidades muy alejadas de Ayutla, que es donde pueden ser medianamente atendidos. En las casas de salud que hay en algunas comunidades, y en el Hospital General de Ayutla, los que dan atención son pasantes de medicina. Si un enfermo está muy grave, tiene que ser trasladado a un hospital de Acapulco, o bien a Chilpancingo”. Además, agregaron, en el municipio de Xochistlahuaca “hay decenas de enfermos de dengue en las comunidades amuzgas”.

En octubre de 2007, paseando por la Montaña, Felipe Calderón visitó la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, donde un hospital inaugurado por Frenk y Fox hace cuatro años –para atender a una población de más de 15 mil indígenas– es sólo un cascarón que nunca ha funcionado. La secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, anunció que “en el 2008” habrá recursos (un millón de pesos) para equiparlo y contratar personal. El nosocomio fue edificado en los tiempos del alcalde panista Silvino Moso Porfirio, ahora prófugo de la justicia por homicidio. Tuvo un costo de 4 millones de pesos, aunque nunca llegaron el material quirúrgico, las ambulancias ni el personal médico.

Y ahora José Ángel Córdova ha demandado a los gobiernos municipales y estatales establecer “medidas más estrictas” para otorgar licencias de conducir, así como aplicar sanciones más severas a quienes conduzcan en estado de ebriedad.

¡Signo de la “igualdad de oportunidades” de los tiempos continuistas de Calderón!

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Desfiladero

Jaime Avilés
jamastu@gmail.com

Aristegui

¿En qué se parece al golpe de 1976 vs Excélsior?

Cortaron un árbol donde crecerá un nuevo bosque

El IFE ayudó a organizar los comicios en Kenia

Semanario Proyección, de Cananea',650,600); return false;"> Ampliar la imagen Desalojo de la empresa Minera de Cananea, ayer Foto: Cortesía Martín Camargo, Semanario Proyección, de Cananea

A su llegada a estas tierras, procedente de Nairobi, ciudad en la que dejó a 47 compatriotas librados a su suerte porque, así dijo, “era más importante venir a recibir instrucciones de (…) Felipe Calderón”, el embajador de México en Kenia, Juan Antonio Cue, negó que el IFE hubiese ayudado a las autoridades de aquel país africano a organizar los recientes comicios presidenciales, que provocaron un baño de sangre cuando el candidato oficialista le robó el triunfo, mediante un fraude, al abanderado de la oposición.

La noticia, que parece un chiste pero no lo es y debe ser investigada por el Congreso, inspiró en una lectora de esta página la siguiente reflexión: “la tragedia de Kenia vuelve a poner de relieve la grandeza de López Obrador, que ante una situación muy similar evitó que aquí estallara la violencia”. Desde luego, el plantón de Reforma y las acciones que de él se derivaron conjuraron el riesgo de una masiva explosión de furia. Sin embargo, la resistencia civil pacífica no ha logrado contener la otra violencia, la que de muy distintas formas está generando con intensidad creciente el gobierno pelele de Calderón.

O quizá habría que hablar de las otras violencias. A saber, la de la dizque “guerra” contra el narcotráfico, que justifica la presencia del Ejército en todas partes, causa miles de muertes en las calles, infunde terror, propicia la intervención de Estados Unidos en temas de seguridad nacional (atrae dólares y armas gringas), pero sobre todo beneficia a los cárteles porque la persecución aumenta el precio de sus mercancías y eleva exponencialmente sus ganancias (que comparten con políticos, policías y militares).

Está también la violencia jurídica, que tiene en la cárcel a líderes sociales mientras garantiza impunidad ilimitada a empresarios, gobernadores y arzobispos. Por no hablar de la violencia estructural del modelo económico, culpable de la miseria crónica de los campesinos, los indígenas y vastas capas urbanas. O de la violencia política (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Atenco). O de la violencia económica, atizada por el encarecimiento de los productos básicos a partir del alza a las gasolinas.

A todo lo anterior hay que agregar la violencia verbal, que esta semana se desató desde la cúpula del sistema, combinando la demagogia y el cinismo con las ganas de provocar al movimiento social que se dispone a dar épicas batallas por la defensa de Pemex y de los productos esenciales del campo. “No hay gasolinazo” (Eduardo Sojo, secretario de Economía). El TLC, “exitoso” (Arturo Sarukhán, embajador en EU). Los aumentos de precios, “por desinformación” (Consejo Coordinador Empresarial). El TLC, “benéfico” (Calderón, presidente pelele). “Estoy mudo” (Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, ante periodistas que pedían informes sobre la privatización de la empresa). “México puede volverse adicto a los ingresos que obtiene de Pemex” (Standard & Poor’s, 70 años después de la expropiación petrolera). El procurador de Jalisco “sí asistió a una fiesta sexual en la que fueron violadas menores” (Emilio González Márquez, gobernador estatal, a quien sólo le faltó añadir “y qué”, sabiendo que lo protegerá la Suprema Corte).

Sin soslayar la violencia de género, que merece un espacio aparte, no se puede olvidar la violencia laboral, que en estos días alcanzó una notoriedad escalofriante con tres casos que pintan a los empresarios mexicanos del ramo del periodismo como lo más viles del mundo. El más pequeño de los tres, diría Cri-cri, es Rogelio Toledo, dueño del Diario de Chiapas, que despidió al reportero Mario Álvarez en castigo porque éste se fracturó las dos piernas cuando la noche del 24 de diciembre, en vez de celebrar con su familia, trabajaba en las calles de Tuxtla Gutiérrez y fue atropellado por un camión.

El segundo es Remigio Ángel González, propietario del Canal 9 de la televisión argentina, que encerró en un baño por más de 48 horas, sin ventilación ni comida, a cinco periodistas que había despedido y que regresaron a su trabajo por orden de un juez. Las víctimas, rescatadas el miércoles, están hospitalizadas en Buenos Aires. Ahora bien, si los dos ejemplos anteriores son indignantes, el que protagoniza actualmente el magnate Emilio Azcárraga Jean, es vomitivo.

Para refrendar su alianza con el gobierno pelele, el dueño de Televisa le arrebató los micrófonos de W Radio a Carmen Aristegui, la periodista más querida, respetada, influyente y con mayor audiencia en el ámbito de los medios electrónicos del país. El acontecimiento, que ha sacudido a la opinión pública y tiene ya repercusiones internacionales (véase lo que ayer publicó Le Monde), trae a la memoria lo que sucedió, aquí mismo, el 8 de julio de 1976, cuando el gobierno de Luis Echeverría quitó de la dirección de Excélsior a Julio Scherer.

En aquel tiempo había un dinámico movimiento de insurgencia sindical contra la hegemonía del líder charro Fidel Velázquez, encabezado por el líder electricista Rafael Galván, que desafiaba la estructura vertical del autoritarismo. El cine, el radio y la televisión eran férreamente controlados por el gobierno. La única revista disidente era Siempre!, de José Pagés, cuyo suplemento, La cultura en México, dirigido por Carlos Monsiváis, ejercía la libertad de expresión con altos riegos.

Estaban prohibidas las manifestaciones políticas en el Zócalo, los cuatro partidos políticos autorizados obedecían sin chistar las reglas del juego; la izquierda trataba de salir de la clandestinidad, las cárceles estaban repletas de presos políticos de la guerrilla, y sólo doña Rosario Ibarra hablaba de los desaparecidos, entre los cuales figura Jesús Piedra, su hijo. Cuando Julio Scherer cayó, todos pensamos que era el preludio de una nueva oleada de represión, ahora contra los electricistas y los maestros que organizaban sindicatos universitarios.

Sin embargo, la censura impuesta a todo el país por medio de la maniobra contra Excélsior tenía otra finalidad: sofocar las críticas a la devaluación del primero de septiembre de ese año de 1976, que puso fin a la paridad de 12.50 por dólar, vigente desde 1954, e inauguró la etapa de la hiperinflación, tras la cual, en 1982, llegaron al poder los salinistas. El golpe a Excélsior, empero, dio pie al nacimiento de una nueva generación de medios impresos más libres, modernos y críticos, a la apertura de espacios en radio y a la incorporación de nuevos partidos al Congreso.

Todo ello fue posible, sobre todo, porque así le convenía al gobierno de José López Portillo y a que había una efímera bonanza económica. Hoy, tras el golpe a Carmen Aristegui, los temores se reactualizan: esto parece la antesala de la represión que acompañará la venta de Pemex (y para la cual se creó la Ley Gestapo, que permitirá la entrada de la policía a nuestra casa), pero las condiciones objetivas son muy distintas a las de 1976.

A Calderón no le interesa en absoluto la apertura, pero tiene en su contra un movimiento social gigantesco, que cuenta, además de muchos otros recursos políticos y morales, con las herramientas tecnológicas de internet para multiplicar las trincheras informativas. mientras a Televisa, no le queda sino una runfla de merolicos sin vergüenza y todo el descrédito del mundo. Así que no hay, en suma, ninguna razón para alentar el pesimismo.

Los que cortaron el árbol de Carmen Aristegui en la W fecundaron, sin saberlo, el terreno sobre el que muy pronto crecerá un nuevo bosque. No lo duden: lo veremos.

Rechaza Colombia la petición; las FARC y el ELN son “terroristas”, reitera Álvaro Uribe

Pide Chávez al mundo reconocer a guerrillas como fuerza beligerante

Insiste el presidente venezolano en que es un “paso previo para la liberación de los otros rehenes”

Viajan a AL emisarios de Francia, España y Suiza “para restablecer contactos” con los insurgentes

Afp, Dpa y Reuters

Ampliar la imagen El mandatario venezolano habla durante su comparecencia anual ante la Asamblea Nacional Foto: Reuters

Caracas, 11 de enero. El presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió hoy a la comunidad internacional que reconozcan a las guerrillas colombianas como fuerza beligerante, lo cual fue rechazado de inmediato por Colombia al descartar cambiarles el calificativo de “terroristas” por el de “estatus de beligerancia”.

La propuesta se produce al día siguiente de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le entregaron a dos rehenes que mantenían cautivas desde hacía seis años, y luego de que la mayor insurgencia reclamó durante la víspera a “los gobiernos del mundo” ser reconocida como “fuerza beligerante”, paso previo para allanar el “tortuoso camino” del pueblo colombiano en busca de la paz.

Al mismo tiempo, el canciller francés, Bernard Kouchner, anunció desde París que emisarios de Francia, España y Suiza “habían partido” para restablecer el contacto con las FARC, tras la liberación de las dos rehenes.

Francia tiene especial interés en la liberación de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, que también tiene la nacionalidad francesa.

“Todo esto continúa. Nuestros emisarios ya partieron”, declaró Kouchner, y recordó que “hay una coalición de España, Suiza y Francia para crear este grupo de contacto con las FARC”, y añadió que próximamente él viajará a Bogotá para entrevistarse con el presidente colombiano Álvaro Uribe.

Chávez pidió a Europa y a América Latina el reconocimiento del carácter político de la insurgencia colombiana y su retirada de la lista de organizaciones terroristas, como un paso para la liberación de los demás rehenes y para la paz en ese país.

La frontera venezolana es, dijo, una zona de paz que ofrecía, y asentó que no bajará la guardia en esta búsqueda, como le pidieron las dos personas liberadas.

El mandatario subrayó que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) “no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento”, ya que “son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”.

“Solicito a los gobierno del continente (latinoamericano) que retiren a las FARC y al ELN de la lista de grupos terrorista del mundo, pido a Europa que retire a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque esa lista tiene una sola causa, la presión de Estados Unidos”, apuntó al presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional.

Agregó que “nadie debe molestarse” por su planteamiento en favor de las FARC y el ELN, porque es “imprescindible para lograr un acuerdo de paz”, al preguntarse “¿quién puede pensar en la posibilidad de un acuerdo de paz si no hay contactos entre las partes enfrentadas?”

Añadió: “Yo, señor presidente de Colombia, quisiera retomar con usted el diálogo pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas, y así lo pido a los gobiernos de este continente y a los gobiernos del mundo”.

Colombia “por ningún motivo acepta que a estos grupos se les levante el calificativo de terroristas y se les dé estatus de beligerancia”, dijo por su parte el gobierno de Uribe en una declaración leída por su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez.

Por el contrario, el gobierno colombiano reafirmó que ambos grupos, al igual que los paramilitares de extrema derecha, son terroristas porque “atentan contra una democracia respetable y por sus métodos de exterminio”.

“El gobierno, con sus fuerzas armadas y su Constitución, continuará la lucha hasta derrotar a estos grupos terroristas que han recibido las más generosas ofertas de paz”, aseguró.

Además, destacó que “los grupos violentos de Colombia son terroristas porque se financian de un negocio letal contra la humanidad: el narcotráfico”.

“En el continente hubo grupos violentos que, por luchar contra dictaduras fueron calificados de insurgentes. En Colombia los grupos violentos atentan contra la democracia; en consecuencia, el calificativo que merecen es el de terroristas”, insistió.

Recordó que pese a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, en Colombia aún permanecen 750 ciudadanos secuestrados por las FARC.

El texto remarca que esas liberaciones no pueden ocultar el horror del secuestro del que fueron víctimas por tantos años, “ni tampoco el tratamiento de tortura” que las FARC dan a policías, militares y políticos secuestrados en condiciones infrahumanas.

El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, calificó la iniciativa del presidente venezolano de “desproporcionada”, tras recordar que ambos grupos han cometido delitos que han sido calificados como “terroristas”.

Entre tanto, partidos políticos opositores y oficialistas se declararon “sorprendidos” por las declaraciones de Chávez y pidieron que el jefe de Estado del vecino país no intervenga en los asuntos internos de Bogotá.

Señalaron que la guerrilla ha respondido con actos terroristas y secuestro, y que la reciente liberación es apenas una pequeña felicidad en medio del dolor vivido.

Carrera contra la muerte

Mientras tanto, los familiares de Ingrid Betancourt consideraron que luego de las liberaciones de Rojas y González se ha iniciado “una carrera contra la muerte para liberar a los otros rehenes”, por lo que insistieron en mantener la movilización internacional en favor de todos ellos.

Gustavo Moncayo, padre de un soldado que tiene 10 años en cautiverio de las FARC, se declaró satisfecho por la liberación de las dos dirigentes políticas y pidió al presidente Chávez que siga con las gestiones para lograr liberar a los demás cautivos.

Tras su liberación, la ex legisladora Consuelo González exigió mayor responsabilidad a todos los colombianos al no haber sido suficientemente rígidos en la exigencia masiva de libertad de los secuestrados por las FARC.

Criticó las condiciones en que viven los rehenes masculinos, que están encadenados todo el tiempo, en todas sus actividades.

Rojas, que calificó a las FARC como organización delictiva por los secuestros y las condiciones en que tienen a los rehenes, narró que ella e Ingrid Betancourt fracasaron en un plan por escapar, a raíz de lo cual se distanciaron al culparse mutuamente.

Sin embargo, pronto ambas se reconciliaron, y Betancourt fue la primera en enterarse del embarazo de Rojas.

Como en tiempos del dictador Porfirio Díaz

800 agentes de seguridad se enfrentan con trabajadores; hay 40 heridos y 5 desaparecidos

Disuelven huelga en Cananea con apoyo policiaco y militar

La JFCA declaró ayer “inexistente” el paro

Representantes del gremio tramitan amparo

Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal)

Ampliar la imagen Llegada de las fuerzas federales a la mina de Cananea Foto: Miriam Villavicencio, cortesía de Canal 12, de Sonora

Hermosillo, Son., 11 de enero. Al menos 800 agentes de seguridad, entre militares y policías federales y estatales, se enfrentaron a cientos de trabajadores que custodiaban los tres accesos principales de la empresa Minera de Cananea, a quienes desalojaron de las instalaciones una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga iniciada en el 30 de julio pasado.

Sergio Tolano Lizárraga, se-cretario general de la sección 65 del sindicato minero, informó que el desalojo dejó un saldo de 40 mineros heridos –cinco requirieron hospitalización–; cinco detenidos, quienes fueron liberados a las 17 horas, e igual número de desaparecidos, incluida la esposa de un obrero.

“Las autoridades aventaron el papel (la notificación) por una puerta de la mina; yo no estaba presente. Ahora dicen que no quise recibirlo”, denunció el dirigente, quien reprobó la actitud de los gobiernos federal y estatal de no entregar debidamente los documentos, lo que hubiera evitado el enfrentamiento.

“Todo el tiempo hemos actuado conforme a derecho, incluso ahora que el gobierno determinó que la huelga es ilegal. En la ciudad de México estamos tramitando un amparo que debe salir este viernes (ayer) a nuestro favor”, dijo Tolano Lizárraga. Hasta el cierre de esta edición no se conocía dicho resolutivo.

Policías tempraneros

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en la ciudad de México que a las 11:30 horas notificó al sindicato minero la declaración de inexistencia de la huelga; sin embargo, desde las 5:24 de la mañana llegaron a la mina ocho camiones con tropas del Ejército y la Policía Federal Preventiva.

De inmediato se corrió la voz por el pueblo. Muchos habitantes decidieron no salir a las calles, los niños no fueron a clases y varios comercios no abrieron. En los tres principales accesos de la mina los trabajadores de guardia se daban ánimos para no rendirse y se alentaban para defender sus derechos.

Pasadas las 7 horas llegaron también camionetas de la policía estatal investigadora y de Seguridad Pública. Las fuerzas sumaban casi 800 elementos, quienes se reunieron en la Casa de la Cultura, a unas cuadras de la principal entrada del socavón.

A las 10 de la mañana ocurrió la primera embestida. Los mineros no pudieron mantener el control de la puerta uno, ante la agresión con gases lacrimógenos, balas de goma y toletes.

“Llegaron repartiendo golpes”, denunció en ese momento Tolano Lizárraga, quien en las siguientes horas confirmó la caída de una de las tres puertas de la mina, además de las áreas de producción y almacenamiento.

A la 13:40 horas se generó el enfrentamiento más violento. Tolano Lizárraga llamó a sus compañeros a no exponer su vida y a reunirse en las oficinas del sindicato, a unas cuadras del lugar, para analizar las acciones que seguirían entonces.

Un comandante de la PFP con rango militar llegó a dichas oficinas e intentó diálogar con los mineros para evitar que retomaran el yacimiento, pero no tuvo éxito. A esas horas estaban reunidos unos 800 trabajadores.

Sobre los desparecidos, Tolano Lizárraga se comprometió “a dar con el paradero de cuatro compañeros y la esposa de uno, ya que no están detenidos en la agencia del Ministerio Público”. La reunión, que comenzó a las 17:30 horas, continuaba al cierre de esta edición.

El gobernador Eduardo Bours sostuvo que la presencia de la policía estatal fue para “permitir la entrada de los trabajadores a la mina”. En tanto, Benjamín Bolaños, vocero de Mexicana de Cananea, expuso que durante los 165 días que duró la huelga la empresa tuvo pérdidas por 500 millones de dólares.

Por la noche, Industrial Minera México informó en un comunicado que recuperó el control de los tres accesos a la mina, y anunció que “cientos de trabajadores” regresaron a laborar a esas instalaciones; sin embargo, esta versión fue desmentida por representantes del sindicato.

---

El yacimiento se recuperó antes de que se cumplieran las 24 horas que prevé la legislación

Carolina Gómez Mena

A pocas horas de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró por segunda vez inexistente la huelga en la mina de Cananea, Sonora, el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) promovió un amparo contra esa decisión.

El abogado del gremio, Juan Rivero Legarreta, confió en ob-tener la protección de la justicia, pues la huelga en ese yacimiento propiedad de Grupo México fue “legal”.

A las 11:30 horas de ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en un comunicado la decisión de la JFCA, y recordó que los trabajadores tienen 24 horas para regresar a sus labores, pues de lo contrario la empresa puede rescindir la relación laboral.

Justamente porque ese periodo está previsto en la Ley Federal del Trabajo, el abogado criticó que “fuerzas policiacas federales y locales, además de militares, se hayan apostado en las inmediaciones de la empresa con el fin de romper la huelga”.

El reclamo fue secundado por Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia del sindicato minero, y Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos, quienes reiteraron que la legislación laboral prevé un mínimo de 24 horas para atender la resolución.

Sin embargo, añadieron que esa actitud de “hostigamiento” hace pensar que la STPS y la empresa buscaron “reventar por la fuerza una huelga legalmente estallada”.

El cese de labores comenzó el 30 de julio pasado. Los mineros de la sección 65 exigieron entonces mejoras en las condiciones de higiene y seguridad; no obstante, el movimiento fue declarado inexistente por la JFCA, pero el gremio interpuso y ganó un amparo en contra de la decisión.

Fue un ataque vil: mineros

Consultado por este diario, Carlos Pavón criticó la resolución de la JFCA, órgano dependiente de la STPS, y calificó de acción “vil” el arribo de agentes federales y estatales.

Según representantes del gremio, a la mina llegaron más de 800 elementos en 80 patrullas. “Esto es un amago represivo y constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales”, señalaron.

Pavón informó que ayer por la tarde los trabajadores realizaban una asamblea para definir las próximas acciones.

La JFCA justificó su fallo al señalar que lo hizo “en estricto apego” a lo dispuesto por un tribunal colegiado que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto una primera resolución.

Por su parte, la STPS consideró que “no fueron satisfechos los requisitos de ley” para declarar la suspensión de labores, y tomó como base actas notariales presentadas por el sindicato y la empresa, en las cuales “se acredita que la huelga no estalló en la hora señalada en el emplazamiento”.

El abogado de los mineros, Juan Rivero Legarreta, precisó que el argumento de la JFCA es que “el día en que se estalló la huelga no estaban todos los trabajadores, pero esa no es una resolución jurídica, sino algo pueril” que no invalida la suspensión de actividades.

Sobre la presencia de policías y soldados en la mina, la STPS señaló que esa determinación se tomó para “facilitarles a los empleados el derecho al trabajo” y garantizar que puedan regresar con absoluta libertad a sus puestos.

El Sindicato Mexicano de Electricistas expresó su solidaridad con los mineros de Cananea, y calificó de “golpe artero e impúdico” el desalojo. Francisco Farina, vocero del Frente Sindical Mexicano, calificó al titular de la STPS, Javier Lozano, de “simple empleado del poder económico”. Por la noche, trabajadores de la sección 65 propusieron promover un paro nacional en el sector en protesta por la inexistencia de la huelga.

del sendero del peje

POR ESO LOS LLAMAMOS MEDIOS CHAYOTEROS

Para Carlos Mierdín y Ciro Cómez Mierda:



La imagen habla por sí sola. Estos son los enemigos de AMLO. Se juntan. Se hacen cómplices. Se hacen favores. Para que quede claro dónde y con quién está Jesús Ortega. Para que quede claro dónde y con quién gasta en publicidad Jesús Ortega el dinero del PRD. Sí, lo hace con aquellos que buscan destruir al Presidente Legitimo de México. Los apoya en vez de boicotearlos como lo hacemos la ciudadanía activa. Para que se vea de quién es que Jesús Ortega se quiere ganar los favores dandoles dinero, con quién se está alineando y cuál es su proyecto. Mas claro ni el agua. La imagen habla por sí sola.

Habría que preguntarle al PRD cuánto dinero le está dando Jesús Ortega en publicidad a Milenio, nada mas para tener claro de qué tamaño es la complicidad, ésta, la visible, porque las que se dan por abajo del agua, de esas quizá nunca nos enteraremos. --Óscar García, México DF

del sendero del peje

Apoyo a Carmen Aristégui - Protesta en W radio

Luis Javier Garrido

La regresión

El estallido social que el gobierno panista de facto niega todos los días que se vaya a producir parece, sin embargo, cada vez más cercano por la miopía de quienes se han apoderado del aparato estatal.

1. El proceso político que ha vivido el país entre 1988 y 2000 y en el cual el PAN se ha erigido instrumento de los poderes fácticos, ha sido de una regresión en casi todos los órdenes, y lo que la propaganda oficial insistió en calificar como una “transición democrática” –utilizando los términos que los ideólogos del Pentágono impusieron en América Latina desde los 90–, no ha sido a fin de cuentas más que una operación tendiente a destruir la capacidad soberana del Estado y a cancelar derechos fundamentales del pueblo a fin de poder desmantelar a la nación mexicana.

2. La que ahora se pretende llamar oficialmente “alternancia política”, y que en realidad ha sido desde 1997 un cogobierno del PRI y el PAN, no ha constituido más que una estrategia de recomposición del aparato de dominación política a fin de “legitimar” a las autoridades tras el desgaste de 75 años de gobiernos priístas. Por consiguiente, el Partido Acción Nacional en el gobierno ha negado en los hechos todas sus tesis históricas, y ha sido durante los gobiernos de Fox y de Calderón el partido del fraude electoral, de la corrupción, de la cancelación de los derechos fundamentales del pueblo y de la entrega de los recursos estratégicos de la nación al extranjero.

3. El PAN carece desde hace tiempo de un proyecto y sus actuales cuadros no tienen más propuesta que la de los grupos de la extrema derecha de cualquier país. Desde los años en que Carlos Castillo Peraza fungió como presidente panista (1993-1997) y entendió que el partido fundado por Manuel Gómez Morín carecía ya de una identidad y un proyecto propio, y sus miembros no eran más que pragmatistas de derecha sin escrúpulos, lo vinculó al Partido Popular de España, que se tornó en su modelo, y asumió el perfil neofranquista que tiene ahora como partido del clero conservador, de los empresarios golpistas y de la pequeña burguesía fascistizada.

4. Los panistas en cargos públicos, a nivel estatal como federal, han hecho suyos a su vez todos los vicios que señalaban a los priístas, y han sido mucho más corruptos que aquéllos: han gobernado de manera patrimonialista, obsesionados por los negocios, sin más proyecto político que entregar el país al dominio de las multinacionales para lo cual han recurrido a las prácticas que pretendieron combatir en el PRI durante los 50 años en que fueron una fuerza pequeña de oposición (1939-1988), por lo que reprimen lo mismo a los movimientos sociales –y ahí están encarcelados sin sustento legal Ignacio del Valle, de Atenco, y Flavio Sosa, de la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca–, que desaparecen a opositores o acallan a los medios.

5. El gobierno panista de Calderón no oculta su extrema debilidad, pues sabe que es un gobierno sin respaldo social, y ante su compromiso con los poderes trasnacionales para entregarles el sector energético, actúa con pánico frente a un pueblo que a pesar de sus esfuerzos sigue respaldando a López Obrador. De ahí que como todos los poderes de talante totalitario se lance ahora contra las personalidades moderadas y se oponga lo mismo a que Genaro Góngora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupe la presidencia del Instituto Fedela Electoral, que a que la periodista Carmen Aristegui tenga un espacio importante en la radio.

6. El esquema de la actual mecánica del poder no ha sido del todo desastroso para los priístas, pues si el PAN carga con el costo de las políticas antipopulares, la toma de decisiones sigue estando en manos de los priístas. Carlos Salinas de Gortari tiene más poder político que Felipe Calderón, quien actúa como su pelele, no sólo por controlar varias secretarías de Estado y el Congreso (por coducto de de sus esbirros: el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa), sino por su poderío económico, pues es codueño de las principales empresas del país a través de decenas de empresarios que son sus prestanombres, desde Carlos Slim hasta Lorenzo Zambrano, o a los que se encuentra asociados, aquí y en el exterior, desde Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego hasta Jesús de Polanco.

7. Los panistas, a cambio de no intervenir en las grandes decisiones, tienen sus pequeños cotos de poder y han podido apoderarse del aparato estatal, ponerlo al servicio del clero y de los empresarios, y dedicarse ellos mismos a los negocios impunemente. Calderón ha encubierto los gravísimos actos de corrupción de Fox, Marta Sahagún y sus hijos, no sólo porque le debe la silla presidencial a la que llegó por el fraude, sino porque él mismo y sus allegados están dedicados a hacer negocios ilegales.

8. La prepotencia con la que el aventurero gallego Juan Camilo Mouriño (jefe de la Oficina de la Presidencia y vicepresidente de facto de México) se está apoderando del sector energético (Proceso 1627) sólo rivaliza con la actitud desvergonzada en el tráfico de influencias de los cuñados ya no tan incómodos de Calderón, Juan Ignacio Zavala y Diego Hildebrando Zavala.

9. El panismo de hoy no sorprende por su vocación de traicionar a México y entregar los recursos estratégicos del país al capital trasnacional, ni por su esfuerzo en cancelar los derechos sociales de campesinos y trabajadores, o de atentar contra las garantías constitucionales, pues la experiencia desastrosa del corrupto Vicente Fox ya lo exhibió tanto como ahora lo hace el gobierno ilegítimo de Calderón.

10. Los acuerdos de Salinas y el PAN en 1988 llevaron al país no a la democracia, sino a la grave crisis institucional en que se halla ahora, y el dilema de México es el de hace 20 años, nada más que con el país devastado, amplios sectores de la sociedad confundidos y un pueblo al que ha llegado a sus límites.

la hipocresía panista

El gobernador panista intenta minimizar la presunta responsabilidad de su colaborador

El procurador de Jalisco estuvo en bacanal con menores de edad

Alega que el funcionario pudo no haberse enterado de que se estaba cometiendo una violación

Sostiene que hay gente interesada en que crezca el escándalo, “pero no hay nada diferente”

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Ampliar la imagen El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, reconoció que el procurador del estado, Tomás Coronado Olmos (en segundo plano), estuvo en una fiesta en la que se habrían cometido abusos sexuales contra menores de edad; sin embargo, insistió en defender a su colaborador Foto: Arturo Campos Cedillo

Guadalajara, Jal., 10 de enero. El gobernador Emilio González Márquez finalmente reconoció que el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, estuvo en una fiesta donde, según se denuncio penalmente, hubo prácticas sexuales con menores de edad, una de las cuales fue presuntamente violada por el ex funcionario municipal tapatío Martín Aguirre Aguirre, hoy prófugo.

“Lo que hay detrás de esto es gente interesada en que el tema crezca. Esta creciendo, está bien, están logrando el objetivo, pero no hay nada diferente”, dijo González Márquez, quien puso en duda que las personas que estuvieron presentes en la fiesta donde ocurrió la presunta violación se enteraron de ésta y si las menores que participaron en esas reuniones fueron “ostensiblemente presentadas como menores (…) No sabemos si se enteró (de la violación) porque la respuesta que él da es que no se enteró.

“Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó? La respuesta de todo mundo es: no, no participó”, dijo.

En agosto pasado se supo que el procurador Coronado Olmos fue señalado por una menor de edad y su madre como uno de los asistentes a una reunión en la cual la joven fue presuntamente violada por Martín Aguirre Aguirre, entonces funcionario de alumbrado público del ayuntamiento panista de Guadalajara, contra quien se giró una orden de aprehensión cuando ya había huido.

La implicación del procurador se conoció de manera fortuita. El fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marco Antonio Chávez Villegas (adscrito a la Subprocuraduría C), interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la que aseguró que fue golpeado y retenido por escoltas del subprocurador estatal, Jorge David Delgadillo Báez, luego que dio entrada a la denuncia de la madre de la adolescente de 16 años supuestamente violada, en la cual ésta señalaba que Coronado Olmos había acudido a esa fiesta, realizada en una granja ubicada en la periferia de Guadalajara.

Fue la primera de varias quejas de hostigamiento. La siguiente fue la del entonces subprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu, a quien Coronado Olmos acusó de orquestar una “infamia” en su contra. El 20 de diciembre pasado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reveló que Landeros Arvizu presentó una queja porque “tiene un temor muy grande” por su seguridad y la de su familia, luego de haber recibido diversas amenazas. Luego de que el procurador acusó a Landeros Arvizu, éste salió de la PGJE en noviembre porque ya no le renovaron su contrato.

Ya fuera de la Procuraduría, Landeros Arviz le tomó la palabra al gobernador Emilio González Márquez, quien declaró que si alguien presentaba una denuncia directa en contra del procurador se crearía una fiscalía especial, para la cual propuso a Guadalupe Morfín Otero. El ex funcionario presentó la denuncia contra Coronado Olmos y dijo que estuvo en la bacanal.

En respuesta, la PGJE presentó una querella contra Landeros Arvizu, a quien acusó de falsear información y obtuvo una orden de aprehensión, de la que se ha librado el ex subprocurador gracias a un amparo.

Aunque se han acumulado acusaciones y quejas por supuesto hostigamiento contra quienes han insistido en la presencia del procurador en esa reunión, ni el gobernador ni el presidente de la CEDHJ han querido manifestarse en favor de la salida de Coronado Olmos mientras se investiga el caso, como han sugerido otros actores políticos y sociales. En octubre el Congreso rechazó un pronunciamiento para separar del cargo al procurador. Sólo algunos diputados han expresado sus dudas.

El mandatario y los involucrados en este caso forman parte de un grupo formado hace algunos años. En el trienio 2004-2006, cuando el hoy gobernador era alcalde de Guadalajara, Tomás Coronado Olmos fungía como secretario general del ayuntamiento y Martín Aguirre Aguirre, el presunto violador, era abogado en la secretaría general.

Debido al estancamiento de las investigaciones, la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Las agraviadas no han querido ponerse bajo la tutela de la procuraduría estatal por temor a represalias.

El Cepad también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya oficina central en Washington, DC, pidió al Estado mexicano un informe detallado sobre el caso. Más aún, el Cepad presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el organismo regresó el caso a la CEDHJ.

Este jueves el presidente de la CEDHJ dijo que el expediente completo de la queja se enviará a la cancillería para que sea remitido a la CIDH.