IFAI: chicanadas de la PGR para proteger al padre de Mouriño

IFAI: chicanadas de la PGR para proteger al padre de Mouriño

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 29 de octubre (apro).- El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de "chicanear" la Ley Federal de Transparencia mediante la promoción de un amparo "aberrante", para impedir a los comisionados el acceso a un expediente sobre el padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

El IFAI solicitó a la PGR el acceso a un expediente que le entregó el Reino de España sobre una supuesta investigación por lavado de dinero en contra de Manuel Carlos Mouriño Atanes, el cual sería analizado en la sesión de este miércoles.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, descalificó la supuesta investigación en contra de su padre. En declaraciones a la prensa hechas en Guanajuato, aseguró el caso "está sustentado en algunas notas periodísticas de años atrás que no tienen ningún fundamento ni sustento", y se negó a abundar sobre el tema.

En respuesta a la petición del IFAI, la Procuraduría promovió un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal para impedir que los comisionados tuvieran acceso al expediente.

Los comisionados solicitaron tener acceso a los documentos para revisarlos y determinar si era procedente su reserva o su difusión, en atención a la solicitud hecha por un ciudadano, como los faculta la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.

La ley en cuestión obliga a todas las instituciones del gobierno federal a proporcionar al IFAI toda la información que soliciten los comisionados con el fin de que cuenten con elementos para determinar si es factible su difusión pública.

Al conocer la decisión de la jueza María Guadalupe Rivera González, titular del Jugado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el presidente del IFAI calificó de "aberrante" la maniobra de la PGR para no entregar el expediente.

"Es aberrante, porque se aleja subrayadamente del margen de la ley. La ley es clarísima cuando dice que los comisionados del IFAI pueden tener acceso a la documentación para tener elementos para emitir un juicio.

"Decir que si le enseño al comisionado el documento, acto seguido se estará perdiendo el carácter de reservado, es una tontería del tamaño de una catedral", expresó Lujambio.

El comisionado ponente Juan Pablo Guerrero aclaró que esta es la primera vez que la PGR presenta un amparo contra el sólo hecho de exhibir documentos al IFAI, lo cual no implica que esa información deba ser pública.

Guerrero afirmó: "Esta es la primera vez que ocurre ¿en qué caso ocurre? nada más y nada menos que en el de una supuesta investigación por blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes", padre del secretario de Gobernación, uno de los hombres de más confianza del presidente Felipe Calderón.

Así mismo, manifestó su molestia porque la actitud de la PGR expresa "una profunda desconfianza" hacia el IFAI, cuando nunca un comisionado ha filtrado información confidencial o reservada.

Guerrero originalmente planteó en su ponencia ordenarle a la PGR hacer pública la información sobre el padre de Juan Camilo Mouriño; pero debido a que el IFAI no pudo conocer la documentación y, por tanto, tampoco tuvo elementos de juicio para resolver la publicidad o reserva de la información, decidió aplazar la votación de este asunto.

El caso surgió a partir de que un ciudadano requirió a la PGR los documentos que le entregó el Reino de España a Carlos Miguel López Torres, de la Agregaduría de la PGR en Madrid, sobre una supuesta investigación a Manuel Carlos Mouriño Atanes por "blanqueo de capitales".

*ASTILLERO

Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Dos oportunos botones de muestra: Aeroméxico y papá Mouriño


José Luis Barraza y la familia Mouriño se convirtieron en involuntarios testigos de cargo contra las maravillas de probidad y socialización que presuntamente contienen las enmiendas energéticas mafiosas. De un trazo irónico quedaron (nuevamente) al desnudo la rapiña, la impunidad y las complicidades de quienes usan los recovecos jurídicos y los cargos de representación, pública y privada, para alzarse con los bienes de la nación.

Barraza debería estar hoy sentado en un banquillo de acusados por el fraude electoral de 2006, según lo que tardíamente ha resuelto el tribunal electoral federal (y que es una confirmación más de la ilegitimidad del presunto 0.56 por ciento de diferencia), pero precisamente por lo mucho que aportó a aquella adulteración histórica está cómodamente instalado en el asiento de la presidencia del consejo de administración de Aeroméxico, la línea nacional que Felipe Calderón entregó como premio y compensación a algunos de quienes le ayudaron a instalarse tramposamente en el cargo. Quien fungía en 2006 como presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue instrumento de los dueños del capital pesado para enderezar una campaña publicitaria contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, y luego, ya con el beneficiario de esas trapacerías instalado en el poder, continuó como prestanombres político y económico al encabezar a un grupo de grandes empresarios que se quedaron escandalosamente con Aeroméxico.

La privatización de esos lotes o bloques aéreos se dio mediante retorcimientos, chanchullos y cinismo difundidos sin mayor consecuencia en los medios de comunicación (como tantas cosas, como tantos casos) y luego organizados por Francisco A. Servin de Alba (fsda@att.net.mx), en un texto en busca de editorial denominado Sin pase de abordar. Gracias a esas maniobras se hicieron de tesoritos de aires profundos algunos de los más sonados grupos empresariales del país, con Banamex al timón. El ingeniero Barraza, que en su natal Chihuahua sólo llegó a presidir consejos de administración de modestas empresas inmobiliarias (Proyectos Inmobiliarios Impulso, Óptima, Administración de Servicios Óptima, Realiza y Asociados, e Inmobiliaria Realiza), ahora estaba a cargo del Poder Ejecut... no, perdón, del consejo de Aeroméxico, junto a apellidos y marcas notabilísimas: Aramburuzabala (Cervecería Modelo y Televisa, entre muchas otras), Beckman (Grupo Cuervo), Bremond (Liverpool), Canales Clariond (IMSA), Cosío (Las Brisas), Díez Morodo (Modelo), Franco (Infra), Garza (Xignus), Martín Bringas (Soriana), Medina Chávez (FAME), Milmo (Axtel), Salazar Nava (Desarrollo Ganadero) y Tricio (Lala), según las referencias publicadas por CNN-Expansión. Un dato más para cerrar el círculo de la confianza absoluta en quienes se encargan de lo público sin beneficiarse de ello abriendo las puertas a lo privado: el director de Aeroméxico es Andrés Conesa Labastida (sobrino de Francisco, el senador priísta), cercano a Francisco Gil Díaz; Conesa era director de Cintra, la controladora de Mexicana de Aviación y Aeroméxico, antes de que esta línea fuera vendida.

Otro adalid saltó impensadamente al foro para confirmar que México ha sido expropiado en favor de quienes tienen hoy el control del aparato gubernamental. Juan Camilo Mouriño, el mejor ejemplo actual del aprovechamiento de lo político para beneficio económico personal y familiar, ha visto que la muy autónoma PGR (la ley así lo dice, ¿por qué dudarlo?) se bate gallardamente contra el instituto federal de transparencias para impedir que se den a conocer los informes policiacos sobre las acusaciones de lavado de dinero que en años anteriores se hicieron contra Manuel Carlos Mouriño Atanes, el español que llegó décadas atrás a México e hizo una fortuna invirtiendo en campañas políticas para conseguir favores gubernamentales. El gobierno calderonista protege descaradamente a un ciudadano extranjero porque es padre del madrileño que con trampas se ha hecho pasar por mexicano. Papá Mouriño está de regreso en España desde 2006, consolidando un refugio económico de gran nivel para algún hijo metido a la política que regresara a casa forrado de riqueza petrolera o que fuera enviado a Campeche como candidato panista a gobernador para hacer negocios intercontinentales en materia de turismo y energéticos.

Por cierto, el celo de la PGR no debería ser para tanto. El 5 de julio de 2003, Renato Dávalos publicó en La Jornada un reportaje titulado “Patriarca de candidatos en Campeche es investigado en España por lavado de dinero”. Según ese trabajo, “la Interpol de España confirmó que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, ha iniciado las pesquisas para conocer el origen de la prosperidad y operación de las empresas de Mouriño Atanes en esa nación. Oriundo de Vigo, este personaje llegó a México en 1984 en precarias condiciones económicas, y hoy es dueño de 38 empresas de las más variadas actividades, entre ellas una red de gasolineras, y en territorio español tiene seis compañías. Una de estas últimas, Prefabricados de Puentes, del ramo constructor, desde su fundación en 1997 tuvo un aumento de capital que fue de 30 mil a 5.6 millones de euros en 2002, sin reportar ninguna facturación”.

Así fue el primer día después del golpe petrolero: Calderón sesionando con Rodríguez Zapatero y el rey Juan Carlos, Chucho Reyes recorriendo noticieros para festejar lo que él y la pasmada secretaria de Energía consideran un gran triunfo; el sacristán de Morelos, Marco A. Adame, haciendo como que ya resolvió el conflicto magisterial, y María del Carmen Alanís cobrándole a Luis Carlos Uh Fraude el pleito que mantienen desde octubre de 2005, cuando ella hubo de renunciar a la secretaría ejecutiva del IFE por las “injerencias” y “falta de apoyo” de quien ahora con un libro a modo pretende lavar culpas y cara. Y, mientras al instituto electoral chilango llega Zavala, pero no Margarita sino Claudia, ¡hasta mañana, en esta columna que ve los fondos gubernamentales de rescate dirigidos a empresarios y no a la gente pobre!