DESTITUCION DE FUNCIONARIOS, DERECHO DEL PUEBLO

CONTRAPODER
2a quincena septiembre 2008
Destitución de funcionarios, derecho del pueblo

Álvaro Cepeda Neri



La impunidad de funcionarios y delincuentes es el factor común del relajamiento institucional del estado federado, la federación y el municipio libre, como base de nuestra división territorial y organización política y administrativa, así como del espacio asiento de los poderes federales que es el Distrito Federal. Los delincuentes entran y salen de las cárceles por favoritismo y complicidad de jueces, magistrados y ministros de los poderes judiciales, en alianza con los ministerios públicos.


Los funcionarios entran y salen de sus cargos sin rendir cuentas ni razón de sus actos y omisiones, y sin posibilidad de fincarles responsabilidades por las vías del juicio político o penal. Los presidentes de la república son intocables, sean del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido Acción Nacional (PAN). Los gobernadores, excepcionalmente, han sido destituidos, pero jamás llevados a los tribunales. Por regla general –enriquecidos y con represiones de sangre para hacer valer su despotismo– se convierten en empresarios y banqueros con total impunidad.


Igual pasa con los presidentes municipales, síndicos, senadores, diputados locales y federales. No se diga con los jueces y magistrados del fuero común y federal; ministros de la Suprema Corte; funcionarios de empresas públicas (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, etcétera), del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, con todo y que información e investigaciones judiciales, como de la Contraloría Interna de la Función Pública, los exhiben como más que presuntos responsables de prevaricación. Arrasan con bienes gubernamentales, hacen negocios al amparo del poder y se sabe que intercambian favores de protección por dinero con toda clase de delincuentes, en lo que se denomina narcopolítica.


Los funcionarios han sido rebasados por la criminalidad, debido a su negligencia, aunque más por sus complicidades. El binomio de funcionarios –que incumplen con sus obligaciones, preventiva y represiva para garantizar, no la mínima, sino la máxima seguridad para la paz social– y delincuentes –que han impuesto la ley de la selva– tienen en muy seria crisis de gobernabilidad y estabilidad política y económica al país, al grado de que impera la anarquía.


El auge sangriento ha sembrado el miedo individual y colectivo en una nación que tiene “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (artículo 39 de la Constitución) y ese derecho para exigir la renuncia o destituir funcionarios, apuntalado por su derecho a que nadie debe interrumpir la observancia constitucional, como lo es el trastorno público de las delincuencias que han establecido un gobierno contrario a los principios de esa ley (artículo 136).


El procedimiento para deshacerse de los malos gobernantes, sin derramamiento de sangre (propuesta democrática y republicana de Karl R. Popper) es el juicio político. Pero existe, aunque remota, la posibilidad de exigirles que renuncien, una vez que han probado su ineficacia. En la época contemporánea, sólo un presidente de la República renunció, obligado a hacerlo por el poder tras el trono del “jefe máximo”, Calles.


Así que la nación, como sociedad, desde Victoriano Huerta –destituido por una secuela de la revolución de 1910– no ha podido echar del poder sexenal ni al ilegítimo Ávila Camacho, ni al criminal Díaz Ordaz, como tampoco a Calderón, impuesto por el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una Suprema Corte que no quiso “practicar, de oficio, la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación al voto público; pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la unión”, y que es el caso de Calderón, cuya crisis de legalidad lo ha convertido en un presidente débil, incompetente e ineficaz.


El concepto de la palabra renuncia o destitución no ha entrado al vocabulario de la práctica política mexicana; por eso es que en cuanto alguien la pone en circulación, entran en pánico sus probables destinatarios. Cuando a Salinas y Zedillo les plantearon la exigencia de que renunciaran –después de que en 1968 se le exigiera a Díaz Ordaz–, nada pasó, pero al menos ese presidencialismo fue puesto en la picota de lo imposible-posible.


Electo Fox –y en cuanto transcurrió el primer año de su mal gobierno depredador, con sus payasadas y los excesos de su esposa, y más cuando se ensañó contra López Obrador en complicidad con legisladores federales del PAN y la cínica participación del presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y el procurador General de la República, Macedo de la Concha– estuvo rondando el fantasma de su renuncia por el abuso arbitrario de poder.


Ahora, en la cara de Calderón y su séquito; en la cara del presidente de la Corte; de diputados y senadores federales y de los (des)gobernadores del PRI, PAN y PRD; como en la cara de “líderes” como Gordillo y Romero Deschamps (“testigos” del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad), la voz de un ciudadano irrumpió: “Si no pueden, renuncien”, quedándose todos helados tras recibir el balde de agua fría que remató el plazo de 100 días que otra voz les impuso para dar resultados o dejar sus cargos.


Calderón apenas si aplaudió, cuando el resto de los asistentes, para sepultar el doble reclamo, ahogaron con cerrada ovación la petición de que dejaran sus cargos o serían destituidos. Y es que no hay duda de que la nación está harta del ineficaz desempeño del PAN en el poder presidencial, con un Calderón y los calderonistas incapaces; mientras, aumenta el desempleo, la pobreza masiva, la inseguridad, y sus tontas políticas económicas naufragan en la recesión interna y los estragos de la crisis económica estadunidense.


Al plantear a toda la elite gobernante la alternativa de resolver el problema de la inseguridad o renunciar, adquiere plena vigencia el artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste (de lo contrario): el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.


A voz en cuello, les recordaron que el pueblo puede deshacerse de sus malos gobernantes, facilitándoles que unilateralmente renuncien o que un levantamiento civil les exija que se vayan por la vía de la destitución. La sociedad mexicana ya inició el ejercicio de su derecho, irrenunciable, para alterar o modificar la forma de su gobierno”.


Y es que la democracia representativa enfrenta el desafío de la democracia directa: la del poder del pueblo. Cualquier incidente puede hacer las veces de catalizador de la crisis política, y estallar en vísperas del centenario de la revolución de 1910, que transita en el filo de repetir las fiestas del porfirismo al centenario de la independencia de 1810 y desencadenar lo que faltó en ambas para su conclusión (Orlando Fals Borda, Las revoluciones inconclusas en América Latina: 1809-1968).

cepedaneri@prodigy.net.mx




Revista Contralínea / México

*ASTILLERO

Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Diccionario político

■ Hablar de acuerdos

■ Zócalo vivo

■ Asesores ¿renuncian?


Andrés Manuel López Obrador habló ayer por primera vez de la posibilidad de llegar a un acuerdo con sus adversarios. Veinteiséis meses después del fraude electoral que le quitó la Presidencia de la República, con una nación en crisis múltiple y una administración federal tan ciega, soberbia y torpe que podría empujar al país a una catástrofe, el tabasqueño abrió una puerta política en busca de una “salvación nacional”. El planteamiento de una posible negociación con el PRI y el PAN (por conducto del Congreso federal) debería ser material muy valioso si del otro lado del mostrador hubiera valuadores con capacidad para entender que en estos momentos la postura del lopezobradorismo equivale al lanzamiento de un salvavidas político, desde una embarcación contraria, en vísperas de un naufragio anunciado. Así fuera para ganar tiempo, el calderonismo debería tomar la insólita palabra al jefe de un movimiento vivo, activo y organizado para batallas inmediatas, y hacer contrapropuestas que permitieran avanzar en formatos de discusión y entendimiento.

Sin embargo, el actual ocupante de Los Pinos no está en condiciones de contravenir la política económica que favorece a las cúpulas que le impusieron en el poder formal. El diagnóstico presentado ayer por AMLO es contundente en cuanto a demostrar, con datos que conviene leer y analizar, que hasta ahora “aunque cruda, ésta es la realidad. La espeluznante verdad: en México la riqueza de unos (pocos) se ha edificado con la miseria de otros (muchos)”. Si Calderón tuviera libertad de movimiento, genuina disposición para llegar a acuerdos por el bien nacional, visión de Estado y olfato político, exploraría las posibilidades de aprovechar el ofrecimiento de sus opositores firmemente sobrevivientes (a pesar del diario bombardeo mediático y político) y trataría de pasar del sometimiento actual en que lo mantienen unos cuantos poderes fácticos a un escenario plural en que la izquierda sirviese de contención, contrapeso y plataforma de avance. Pero el panista michoacano no puede intentar correcciones económicas de fondo y tampoco puede atreverse a retirar la iniciativa de mayor apertura de Pemex a capitales privados, a pesar de que ésta ha sido reducida de sus intenciones originales y del alto costo político y social que significaría enfrentar y reprimir a la resistencia civil pacífica que se activaría en caso de insistir en la aprobación legislativa de esa privatización incrementada.

El paso dialogante dado ayer por López Obrador deja constancia de una disposición a hacer política, que de no ser aceptada dejará a la contraparte la responsabilidad de lo que suceda en el futuro inmediato. No sólo está en el foro el riesgo de confrontación que se desprende de la defensa férrea del petróleo, sino la síntesis de la crisis que hizo López Obrador desde el templete, con un Rogelio Ramírez de la O en las cercanías: “Es innegable que la situación económica del país está en franco deterioro y si no se corrige el rumbo, la situación va a empeorar y será el pueblo pobre el que resulte más afectado (...) Este año, el crecimiento económico de México es el más bajo de todos los países de América Latina y el Caribe. En los últimos tiempos ha sido mayor la pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas. En estos días, la industria de la construcción no está creciendo”.

Calderón tiene, pues, la palabra, ante un movimiento cívico que ayer dio muestras de vigor y decisión, a pesar de las restricciones económicas chuchas de las que Jaime Avilés dio puntual cuenta en su Desfiladero de este sábado, de las tácticas de desgaste que lo mismo hicieron circular por Internet, amenazas de bomba en la marcha y mitin de ayer que se ensañan en una campaña obscena contra el principal dirigente. Ayer fue notable la ausencia de personajes como el jefe de Gobierno capitalino y el impresentable dirigente formal del PRD (Javier González Garza, el güero, habló en nombre de este partido y los demás integrantes del FAP, con un discurso fuerte). Hubo, sin embargo, presencia del Partido del Trabajo, tanto del dirigente, Alberto Anaya, como de grupos organizados bajo esas siglas, y de Convergencia, con Dante Delgado al frente. Y el núcleo duro del movimiento, más la presencia de muchos ciudadanos con ánimo decidido de seguir luchando. Desde allí, con un ejercicio de responsabilidad política que sus feroces detractores deberían agradecer, AMLO ha planteado alternativas y salidas. Ya lo hizo en 2006, al impedir que la reacción ante el fraude electoral fuese incluso violenta, y lo ha hecho desde entonces, repitiendo una y otra vez que su lucha es rigurosamente pacífica. Ahora, en estos momentos críticos, a un paso de abismos desconocidos, lo que López Obrador propone no son arreglos mezquinos para obtener privilegios en operaciones de compraventa política (para eso están los colaboracionistas tan sabidos), sino un replanteamiento político que impida el ahondamiento de la división social y palie desgracias económicas y sociales en camino. Sin sobresaltos ni fisuras ayer fue pronunciada en asamblea lopezobradorista la palabra faltante, acuerdos, falta ahora saber si el diccionario de la contraparte sólo tiene como respuesta la soberbia, la incapacidad y la represión.

Y, mientras el comité asesor del FAP para la refor- ma de Pemex estudia la posibilidad de renunciar este martes a su encargo, por considerar que sólo se les pretende usar como instrumento de convalidación de arreglos en curso, pues los senadores perredistas han cerrado las puertas de la información y de los debates a esos intelectuales y expertos, y mientras las viudas de Pasta de Conchos y los maestros de Morelos siguen luchando, ¡hasta mañana, con boatos principescos para entretener al respetable, mientras el país se deshace!