Alarmante robo de combustible en Pemex
· El gobierno de Calderón oculta evidencias
A finales del gobierno de Vicente Fox se había agudizado en Petróleos Mexicanos (Pemex) el robo de combustibles a gran escala y en todos los casos la comisión del delito apuntaba a altos funcionarios de esa empresa petrolera coludidos con bandas delincuenciales. Era tal el problema que en las investigaciones participaban los órganos de seguridad nacional del Estado: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Inteligencia Militar).
Sin embargo, aún con la intervención de los tres principales centros de investigación nacional, nada frenaba la sustracción ilegal de gasolinas, por lo cual el entonces presidente de la República ordenó crear una unidad de inteligencia al interior de la paraestatal y responsabilizó para ello a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cuyo encargo estaba Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de aquel polémico vocero presidencial, Rubén Aguilar, lo que permitía a Vicente Fox mantenerse informado directamente, pues el presidente desconfiaba de los órganos de inteligencia del Ejército y de Gobernación.
Antes de dejar el puesto, Octavio Aguilar y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos muy bien documentados, con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones en todo el país en donde operaban las bandas delincuenciales.
Pero extrañamente aquellos expedientes muy bien integrados y que fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) desaparecieron misteriosamente, sin que nadie haya sido sancionado, procesado judicialmente o amonestado por ese grave delito.
Ahora nos enteramos que en esos archivos aparecían como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército Mexicano que muy bien organizados eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera.
Al iniciar hace dos años el nuevo gobierno de Felipe Calderón y ante la crisis de credibilidad que enfrentaba por los dudosos resultados electorales, el presidente se atrincheró con las fuerzas armadas y las responsabilizó de la seguridad pública, con la consigna de combatir al crimen organizado, aunque en el fondo lo que hacía era protegerse de cualquier protesta social generalizada. Esto haría imposible que este nuevo gobierno intentara siquiera darle seguimiento a cualquier expediente que involucrara a algún miembro del Ejército Mexicano en el delito de robo de combustibles a Pemex.
Según cálculos del exdirector general de Pemex Refinación y actual senador panista, Juan Bueno Torio, ese delito del desvío de gasolinas causa daños patrimoniales anuales por 12 mil millones de pesos; aunque especialistas y otros funcionarios de la paraestatal petrolera aseguran que el dato que da Bueno Torio es muy conservador, pues el robo de combustibles se estima en unos 50 mil millones de pesos cada año, sin que nadie en el gobierno panista de Calderón haga algo para controlarlo.
Las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox Quesada.
Más aún, hay datos precisos de que en 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras, cuando el director corporativo de Administración era Aguilar Valenzuela, el único exfuncionario que fue exonerado totalmente del segundo Pemexgate.
No obstante, las evidencias han sido desaparecidas por Pemex, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SFP y por la Policía Federal Preventiva. Y es que en este sexenio el Ejército se ha vuelto intocable, por ser el principal instrumento de poder del gobierno de Felipe Calderón, quien ha militarizado el país para hacer su “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Una vez más se demuestra que los dos grandes problemas de México son la corrupción y la impunidad, pues parece que nadie juzgará estos graves actos bien documentados por personal de Petróleos Mexicanos. Y una muestra de la impunidad y encubrimiento lo oficializa el área de la Dirección General de Comunicación Social de Pemex, según la cual en los informes de la empresa petrolera “en la historia de los ilícitos reportados por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física nunca se ha visto involucrado personal militar y no se tiene conocimiento de que el Ministerio Público haya señalado a personal militar en sus investigaciones”.
Lo que omite la paraestatal es que los expedientes existen en la Dirección Corporativa de Administración y que los casos con nombres y apellidos fueron informados no sólo a las autoridades competentes (Sedena, SFP y PGR), sino también al actual director corporativo de Administración, Rosendo Alfredo Villarreal Dávila, quien conoce a detalle quiénes son los responsables del robo combustibles.
Se trata de un acto de protocolo –el acta de entrega–recepción, signada el 17 de enero de 2005 por Villarreal Dávila y su antecesor, Aguilar Valenzuela– que obliga al titular de Administración a dar seguimiento y atención a los hechos. El acta contiene, entre otras cosas, el anexo 10 donde se detalla el “estado que guardan 33 observaciones pendientes de atender”.
Las complicidades del robo de combustibles
Los expedientes generados por la Dirección Corporativa de Administración dan cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.
Funcionarios de la paraestatal que piden omitir sus nombres por miedo a represalias, explican que esto no se da a conocer a la sociedad porque no es conveniente, se trata supuestamente de asuntos de seguridad nacional y, además, hay gente del Ejército y de Petróleos Mexicanos involucrada.
Por ello, indican, todos los informes han sido clasificados como confidenciales por instrucciones del Órgano Interno de Control en Pemex y de algunos servidores públicos encargados de dar seguimiento a los casos. Al anexo 10 del acta de entrega–recepción de Aguilar Valenzuela, por ejemplo, se le han censurado 65 líneas sin explicación justificada, por lo que se cree que es allí en donde se involucra a los militares.
De acuerdo con los funcionarios consultados, son las complicidades las que posibilitan el robo de combustibles, pues en la actualidad Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que pueden identificar en dónde hay robo de combustibles por baja de presión: rápidamente se puede saber dónde hay un problema, pero es lógico que sólo miembros del Ejército que tienen a su cargo la vigilancia de los ductos y las estaciones, así como algunos trabajadores petroleros son quienes intervienen en este ordeñar de ductos. Dicen que la detección se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.
Se trata del centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional. Ahí se le da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por GPS. Respecto de las zonas más vulnerables para el robo de combustibles, sobresale el sur del país: Tabasco, Campeche, Veracruz.
Sin estándares de seguridad
Los funcionarios petroleros que proporcionaron la información aseguran que el robo de combustibles es una pequeña parte de la amenaza para la petrolera mexicana: refieren que el máximo problema es que los estándares de seguridad en las instalaciones estratégicas, como Cantarell, sobre todo relativas a cuestiones antiterroristas, son muy débiles.
Pemex gasta muy pocos recursos en resguardar sus instalaciones y lo poco que invierte lo destina a la Sedena, dicen. Un ejemplo de la vulnerabilidad fueron los bombazos del Ejército Popular Revolucionario, ocurridos en julio de 2007. Un atentado a las instalaciones estratégicas puede ser muy peligroso, porque Pemex no está preparado para enfrentarlo, detallan.
Además, explican que la falta de estándares de seguridad también ha posibilitado que a lo largo de los 20 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos que posee la paraestatal se asienten comunidades enteras. Se trata de lugares sumamente riesgosos, como Salamanca, Guanajuato, donde el centro de la ciudad es una refinería; y Tula, Hidalgo, donde las casas están más cerca de las instalaciones petroleras que en el caso de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en donde aún se recuerdan los estragos de aquella explosión que causó muchas víctimas.
Al respecto, la Dirección de Comunicación Social de Pemex dice que “para preservar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas filiales contra riesgos, amenazas y daños intencionales provenientes del interior o exterior de las instalaciones, la institución cuenta con una Gerencia de Servicios de Seguridad Física”.
Agrega que “cuando se tiene conocimiento de algún ilícito se presenta la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que es la autoridad encargada de realizar las investigaciones y en su caso fincar responsabilidades”. Es todo lo que reporta esa área de supuesta información.
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Un hombre llamado fracaso
Álvaro delgado
MEXICO, D.F., 1 de septiembre.- La decisión de Felipe Calderón de enviar a Juan Camilo Mouriño a la Cámara de Diputados para entregar al Congreso el informe del segundo año de gestión gubernamental es una muestra de desprecio a quienes con sinceridad se manifestaron, el sábado, justamente contra la delincuencia y la impunidad.
Sólo por ignorancia, complicidad o simulación --esa enfermedad nacional que ahoga a la sociedad-- puede soslayarse que Mouriño es un delincuente confeso de usar sus influencias como servidor público para beneficiar a los negocios familiares, y ya hasta panistas reconocen que ese comportamiento es un ejemplo más de la ruptura de carácter ético del partido de la derecha.
Por supuesto, la multiplicación de las conductas delincuenciales desde el poder --esas que soslayan los histéricos locutores y amanuenses oficialistas-- no se explica sin la impunidad, sello de la casa con Calderón, tal como lo expresó Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), en una declaración que se enmarca en la galería de las desvergüenzas: “Que quede muy claro: En Acción Nacional lo respaldamos, lo hacemos con orgullo. Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”.
Martínez expresó, con esas palabras, la hondura de la impunidad en la actual administración, pero lo hizo sobre todo en los hechos cuando fungió, transitoriamente, como secretario de la Función Pública, en teoría encargado de vigilar el comportamiento legal y ético de los servidores públicos, de los exfuncionarios y de sus parientes.
Fue la política del encubrimiento y no su breve paso para luego presidir por órdenes de Calderón el apéndice partidista del gobierno --como él mismo lo aceptó y consta en el libro El engaño: Prédica y práctica del PAN-- lo que explica que Fox no sólo ostente groseramente su fortuna --y las de sus hijastros--, sino que haya sido llamado como mariscal del inminente proceso electoral.
Así, en materia de combate a la delincuencia común y organizada, incluyendo la que ostenta cargos gubernamentales --como lo prueba el caso Mouriño, Fox y su mujer--, los marchistas del sábado 30 de agosto pueden estar seguros de que no ocurrirá nada eficaz, más que encuentros de relaciones públicas como los efectuados el mismo domingo, con Calderón y Marcelo Ebrard.
Ocurrió exactamente lo mismo hace cuatro años: Entre los 80 puntos que hizo suyos, como ahora Calderón y Ebrard –y seguramente lo harán el resto de los gobernadores, incluyendo el señoritingo Enrique Peña--, Fox les dio por su lado a los convocantes y se comprometió a crear, por ejemplo, un Instituto de Seguridad Pública y Justicia Social, que hasta se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Nada ocurrió por una sencilla razón: No hubo voluntad política y se mediatizó la legítima expresión de un importante sector de la sociedad civil para fines políticos, particularmente en la disputa electoral del 2006. Ahora, lamentablemente, se apunta en el mismo sentido, en una maniobra distractora para encubrir un problema tan grave como la inseguridad: La implacable crisis económica que se abate sobre la sociedad.
La semana pasada, en este espacio, apuntamos el deterioro de indicadores económicos, que ahora ratificamos: La inflación se dispara --el Banco de México hoy justamente subió su estimación de 5.07 a 5.61%--, mientras que se sigue contrayendo la actividad productiva --el año pasado el gobierno estimaba un crecimiento de 3.7%; en enero redujo sus estimaciones a 2.8% y ahora si acaso será de 2%--, cae la inversión nacional extranjera, las remesas de dólares que envías los mexicanos de Estados Unidos se desploman y el desempleo cunde.
Hoy mismo, lunes 1 de septiembre, se materializó otro gasolinazo: El precio del litro de las gasolinas subieron entre dos y tres centavos. Y de pilón, el pactito que Calderón firmó con las grandes cadenas de supermercados para congelar los chiles enlatados --previamente reetiquetados-- se desbarató, como se había anticipado.
Por eso no es cierto lo que desde las atalayas oficialistas se grita con histeria: Que el grupito --cada vez menor, como miden las encuestas-- de fanáticos de Andrés Manuel López Obrador quiere “tumbar” a Calderón.
En realidad, este personaje, si cae, no será en razón de un plan cuidadosamente urdido por sus más fieros adversarios --que para él y su jauría son enemigos--, sino por su propia ineptitud y el hartazgo de quienes lo llevaron al cargo, es decir, el amasijo de intereses a menudo delincuenciales entre políticos y traficantes de influencias, uno de cuyos ejemplares se llama Juan Camilo Mouriño.
Sí, el mismo que hoy --por cierto, estrenando lentes-- entregó en la Cámara de Diputados una copia del informe de gobierno, un documento burocrático en el que --en una rápida lectura-- no se atisba ninguna grandeza…
Apuntes
Pero si Calderón no cumple como gobernante de todos los mexicanos, no lo hace ni siquiera con los suyos: Justo a la hora en que Mouriño llegó al recinto de San Lázaro, a unos pasos de ese lugar la diputada federal del PAN Dolores de María de Manuell-Gómez Angulo, mejor conocida en Baja California como Dolores de Méndez, inició una huelga de hambre en protesta por las altísimas tarifas de luz eléctrica que, en campaña, Calderón se comprometió a bajar si votaban por él y que ya se le olvidó. Los habitantes de Mexicali pagan tarifas 58% más altas y los recibos son de más de 5 mil pesos mensuales y por eso le exige a Calderón que cumpla con su palabra de aplicar un subsidio. La legisladora, quien se define como “socialista” en el PAN, tiene antecedentes de rebeldía: Cuando fue diputada local entre 1989 y 1992, justo cuando el PAN conquistó con Ernesto Rufo la primera gubernatura, se declaró independiente y fue suspendida de sus derechos. Ahora no sólo está dispuesta a que la expulsen del PAN, como ya la han amenazado, sino inclusive a morir. “Ya viví 60 años”, dice la mujer, quien desde aquellos años proclamaba: “Soy luchadora social por encima de siglas y partidos”… Aunque constitucionalmente se finiquitó el mensaje del jefe del Ejecutivo en turno en sesión de Congreso General --uno de los rituales más grotescos del régimen presidencial vigente--, la reforma electoral permite que, por ejemplo, funcionarios como Calderón utilicen tramposamente la autorización legal para que durante 13 días fastidien con propaganda a los ciudadanos, sobre todo en radio y televisión. Pero si de suyo es grave el despilfarro, que se replica con todos los gobernadores y alcaldes, de todos los partidos --con cargo al presupuesto público--, lo más deleznable es el tuteo de Calderón a los ciudadanos… Por cierto, por salud pública, es necesario que se informe --con veracidad-- sobre el estado que guarda la salud, física y sicológica, de Calderón para frenar especulaciones sobre las razones ciertas de su caída...
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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