del sendero del peje

Los silencios del caso Martí

Los silencios del caso Martí


Fernando Martí, hijo del dueño de la cadena de tiendas deportivas Deportes Martí, fue secuestrado y asesinado a pesar de que iba protegido con escolta, chofer, y auto blindado. Su cadáver fue encontrado un mes después de su asesinato y luego de que su padre, Alejandro Martí, habría pagado 5 millones de pesos por su rescate.

Pedir ayuda al gobierno federal para dar con Fernando Martí no sirvió de nada. La PGR panista no logró hacer nada por el muchacho de 14 años. ¿La justificación del coordinador de los senadores panista, Gustavo Madero, para esta ineptitud e incompetencia del gobierno federal? Que las consecuencias de la guerra contra el crimen organizado es que luego se dedican a otro tipo de crímenes como el secuestro.

¿Con ESO pretende el gobierno panista que la ciudadanía los justifique? ¿Con una admisión de estupidez en la manera en la que supuestamente combaten al crimen organizado? ¿Es que no tuvieron la visión para darse cuenta de que el crimen se tornaría más violento y más temerario con la ridícula estrategia de Felipe Calderón de dizque guerra contra el crimen para tratar de legitimar su fraude electoral de 2006?

No exagero. Estamos ante una situación en la que ya nadie está seguro. Si pudieron secuestrar y asesinar a un menor protegido por escolta, chofer, y auto blindado, ¿qué clase de seguridad en su persona puede esperar el ciudadano de a pie que conforma la abrumadora mayoría de los mexicanos? Literalmente, ya nadie está seguro.

¿Por qué tiene que pagar la ciudadanía por los caprichos e ineptitudes de Felipe Calderón?

(Aquí vale la pena hacer un paréntesis para recordar que un par de días antes de que se encontrara el cadáver de Fernando Martí se dio a conocer la ejecución de seis conocidos cercanos del secretario de Agricultura y ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, en la que fuera la casa del secretario de la Sagarpa. Es decir, ni en el gabinete de Calderón están seguros).

Mientras todo esto sucedía, repentinamente empiezan a darse a conocer los inminentes despidos de importantes cabezas dentro de la PGR: el titular de la SIEDO -que se supone se dedica a combatir al crimen organizado- y de José Luis Santiago Vasconcelos, quien fuera el titular de la SIEDO con Fox y ahora se desempeñaba como subsecretario de asuntos jurídicos e internacionales en la PGR. Varias columnas de opinión coincidieron en que estos despidos se debían al caso Martí y al caso Cárdenas.

Pero no, esa no era la razón. De acuerdo con el diario El Universal, los despidos en la PGR -para los cuales se usa el eufemismo “reestructuración”- se están dando por orden del gobierno de Estados Unidos y como parte de las negociaciones del Plan Mérida. Esto, dice El Universal, lo declaró un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Lo cual quiere decir que para Felipe Calderón los casos Martí y Cárdenas, y el hecho de que en el caso Martí estuviera involucrado un policía federal, no eran motivo suficiente para que rodaran cabezas en la PGR. No. Para Calderón lo único que lo hizo despedir gente fue una orden directa del gobierno de Estados Unidos. ¿Y el pueblo de México? Bien gracias; a merced del crimen organizado que ya mata hasta a los más pudientes e influyentes si se le pega la gana.

La pregunta es: ¿Dónde están ahora todos los que se quejaron por el caso New’s Divine? ¿Dónde están ahora todas las primeras planas de los diarios clamando por la cabeza de funcionarios públicos? ¿Dónde están ahora todos los espacios de radio y televisión que no se cansaron de hablar del asunto y de calificarlo de indignante? ¿Dónde?

Guardando silencio. Ahí es donde están. Porque saben que lo que evidencia el caso Martí y la revelación de que los despidos de la PGR no son por ese asesinato, sino por una orden de Estados Unidos relacionada con el Plan Mérida, lo que revelan es que en este país no hay gobierno; que la ciudadanía ya no tiene seguridad, y que los únicos intereses que se protegen son los de Washington. Es decir, el país vive en una situación de vulgar traición a la patria.

Y todo por conservar en el poder a un delincuente electoral. Delincuente que, por cierto, gasta miles de millones de pesos en tratar de convencer a la gente que confíen en su reforma para privatizar Pemex.

¿Por qué debería la gente confiar en alguien así?

La administración calderonista otorgó contratos a otra trasnacional por mil 345 millones

Fox comprometió recursos por 2 mil 437 millones de dólares a servicios de Repsol

Enrique Méndez

Ampliar la imagen Vicente Fox durante la inauguración en marzo de 2004 del complejo procesador de gas Burgos Foto: Notimex

En las dos primeras fases de exploración en campos de gas no asociado en la cuenca de Burgos, el gobierno de Vicente Fox comprometió un presupuesto de 5 mil 887 millones 86 mil 474 dólares por contratos de servicios múltiples que fueron entregados a ocho empresas, de los cuales el más importante, por su monto y duración, es el que se concedió en 2004 a la trasnacional española Repsol.

Asimismo, la administración de Felipe Calderón otorgó otros dos contratos por mil 345 millones 110 mil 40 dólares para el desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas en los bloques Nejo y Monclova, a la empresa iberoamericana de hidrocarburos GPA Energy, en lo que corresponde a la tercera ronda del proyecto.

De acuerdo con distintas solicitudes de acceso a la información que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) entregó al diputado perredista Rutilio Escandón, entre junio de 2004 y febrero de 2007, Pemex Exploración le había pagado ya a Repsol 111 millones 436 mil dólares, correspondientes a la exploración de gas en el bloque Reynosa-Monterrey.

En las últimas rondas de los foros de debate a las iniciativas del presidente Felipe Calderón en la Cámara de Senadores, a una pregunta del legislador perredista, el presidente consejero del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es la segunda entidad pública de la que más se presentan solicitudes de información, principalmente de Pemex Exploración y Producción. (PEP).

A su vez las principales peticiones se enfocan en los denominados contratos de servicios múltiples. Lujambio se comprometió entonces a enviarle una lista detallada de dichas peticiones.

De los accesos a distintas solicitudes, establece que por los contratos, el gobierno federal deberá pagar, a partir de enero de 2004, y hasta enero del año 2024, 2 mil 437 millones 196 mil 256 dólares a la trasnacional Repsol, a través de su filial Repsol Exploración México, SA de CV, según establece el contrato 414103990, que se firmó el 14 de noviembre de 2003 y cuyo monto es de la mitad del total que se ejercerá para la exploración de yacimientos de gas en la cuenca de Burgos.

De acuerdo con otra solicitud de información, a esa empresa española, en la primera etapa de ejecución del proyecto por contratos de obra pública financiada en Burgos, se le pagaron, entre junio y diciembre de 2004, 5 millones 781 mil 650 dólares. De enero a diciembre de 2005, 26 millones 849 mil 925, y entre enero y diciembre de 2006, 66 millones 489 mil 837 dólares. La información disponible en el sistema de información pública abarca sólo hasta enero y febrero de 2007, meses en que a Repsol se le pagaron 12 millones 315 mil 410 dólares.

En las solicitudes de información, las preguntas más recurrentes se refieren al nombre de las empresas a las que se les adjudicaron contratos de servicios múltiples, así como el monto y duración de éstos, y casi en todos los casos PEP respondió favorablemente, excepto cuando se le requirió la copia simple o certificada del contenido específico de los contratos, y de manera especial cuando se le demandó el correspondiente a Repsol.

La subsidiaria de Pemex alegó que se trata “de información reservada y confidencial”, y en los documentos facilitados al diputado Rutilio Escandón se indica que ante la negativa de PEP se inició una demanda en contra de la filial, en el juicio ordinario civil 62/2004 ante el juzgado noveno de distrito en materia civil, que hasta la fecha se encuentra en trámite.

Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Oportunidades

■ Oratoria circunstancial

■ Imposiciones Mérida

Ampliar la imagen CRISIS PERREDISTA. Integrantes de la corriente Izquierda Unida señalaron que es necesaria la renuncia de Ángeles Nazares y Renato Sales a la Comisión Nacional de Garantías, “quienes pretenden legalizar el entreguismo y el colaboracionismo que Nueva Izquierda tiene con los intereses de la derecha”. En la imagen, Dolores Padierna al salir de la conferencia de prensa Foto: Roberto García Ortiz

El muy lamentable asesinato del hijo de un destacado empresario del rubro deportivo produjo de inmediato condolencias sinceras, oportunismo político y un extendido enjuiciamiento sobre el papel del Estado en materia de seguridad pública. El drama del adolescente secuestrado y luego encontrado muerto, a pesar de que se había pagado parte del rescate pedido, ha tenido especial difusión tanto por el amplio espectro social que conoce las tiendas y centros de ejercicio que han formado parte de la familia Martí, como por el mensaje de extrema vulnerabilidad que desde las alturas económicas llega a quienes, sin contar con protecciones especiales, se saben diariamente expuestos y víctimas de sucesos similares a los que, sin embargo, no se da más que una ya rutinaria publicitación (tal vez en las páginas de nota roja de los diarios) y una sabida desatención institucional (sin minutos de silencio en sesiones del Poder Legislativo ni compromisos públicos de diligencia y eficacias pensadas en razón de la ya tradicional tapadura del pozo trágico).

La terrible historia del joven Fernando Martí ha subrayado lo que todo mundo sabe, es decir, que los engranajes de presunta procuración de justicia (el mundillo de los policías, los agentes del Ministerio Público y los fun- cionarios de las procuradurías) son al mismo tiempo surtidores y ejecutores de planes nefastos mediante los cuales los ciudadanos que concurren a los espacios gubernamentales en busca de defensa y justicia acaban siendo espiados, presionados, chantajeados y, en su caso, secuestrados o asesinados por los mismos que supuestamente deberían estar de su parte. No hay niveles ni partidismos que hagan diferencia: en los ámbitos federal, estatal y municipal; panistas, priístas o perredistas, todo está carcomido por los virus del cinismo, la demagogia, la impunidad y el mimético afán de lucro a partir de la detentación de una función pública, así sea la de mero agente policial.

Como es natural, las elites económicas y políticas han acusado recibo con especial sensibilidad. El jefe del Gobierno capitalino ha clasificado el asunto como de su “más alto interés” y ha anunciado fórmulas de tratamiento especial a los casos de secuestro a partir de la fecha. El coordinador de los diputados priístas, Emilio Gamboa, ha revivido la tesis de la pena de muerte para castigar a quienes participen de esos delitos. Y así seguirá la clase política emitiendo ideas y proponiendo mecanismos endurecidos. Los omisos de ayer se volverán (coyunturalmente) activistas y las tardanzas o complicidades del pasado se transformarán (mientras pasa el vendaval crítico) en épicos motores de cambio oratorio. Los constructores, defensores y beneficiarios de un régimen injusto, que propicia concomitantes hechos aberrantes y extremos, buscan tácticas laterales, insuficientes, pero llamativas, para aparentar que algo hacen para paliar los males producidos.

El fondo del asunto queda intocado, porque expresiones de violencia reprobable co-mo las sucedidas en un caso notable no son sino consecuencia de los males estructurales de un sistema al que, al acallar las causas de esas descomposturas sociales y al impedir su verdadero combate profundo, acaban sirviendo ese periodismo de histeria selectiva y condicionada y ese oportunismo político de las elites normalmente bien protegidas.

Un ejemplo de la manera como se van incubando las tragedias sociales, luego tan lamentadas, se tiene en la militarización implantada por el calderonismo en todo el país (que ha significado el asesinato, sin atenuantes, de jóvenes que no obedecieron órdenes castrenses en retenes inconstitucionales o que simplemente fueron ejecutados por malos entendidos, problemas mentales o prácticas viciosas del personal armado). Pero ahora ha quedado claro, además, que el diseño de las políticas nativas de procuración de justicia y de seguridad pública, en sus ámbitos federales, obedece a instrucciones del gobierno estadunidense que así hace valer el peso de los dólares que ha enviado a sus subordinados mexicanos mediante un plan de intervencionismo llamado Iniciativa Mérida. Según la nota de Doris Gómora, publicada en El Universal, “la restructuración de instituciones de impartición de justicia civiles, como la PGR, es una de las acciones acordadas por México y Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, indicaron funcionarios del Departamento de Estado estadunidense”. Es de entenderse que la remoción de los subprocuradores federales Ramírez Mandujano y Santiago Vasconcelos, sucedida en días recientes, fue producto no de una decisión felipense más o menos soberana o cuando menos local, sino fruto de un “acuerdo” entre el gigante norteño suministrador de fondos anhelados y el vecino pedigüeño y vulgarmente corrupto (la corrupción en Estados Unidos suele buscar vestuarios más elegantes). Ya nomás faltaría que el boletín anunciante de las sustituciones de los subprocuradores llegue en inglés.

Astillas

Los dirigentes formales del tripartidismo enchapopotado, en compañía de los coordinadores de las bancadas de cada partido en los tres niveles de gobierno, se reunirán mañana por la noche en busca de un acuerdo que permita destrabar el punto privatizador… Los principales líderes persistentes de la defensa de Alejandro Encinas han sido dos personajes polémicos, Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña, como si otras figuras, menos impugnadas y de mayor calado, no quisiesen involucrarse en el pleito interno del sol azteca, ni siquiera para apoyar al ex jefe sustituto de Gobierno frente al chuchismo desatado… La “apertura” a lo extranjero también ha llegado a la selección nacional de futbol por la vía de las naturalizaciones, algunas de ellas al vapor, como treta burocrática sin compromiso profundo; habilitación mundialista para jugadores que en su país de origen no serían llamados a su selección. Ahora, el entrenador sueco (con dos antecedentes, Franco y Sinha) ha convocado a un nacido en Brasil, Leandro Augusto, que confiesa que ni siquiera se sabe el himno nacional mexicano y a un nacido en Argentina, Matías Vuoso… ¡Hasta mañana!