Ex asesor de Mouriño en Los Pinos informó del supuesto soborno a legisladores: Velasco
■ Mutismo en Presidencia; ni el funcionario ni Comunicación Social hablarán del tema, aclara
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, aseguró que Jonnathan Carballido, asesor de Desarrollo Económico y Relaciones de Gobierno de la Presidencia, es quien le dio la información de que la Secretaría de Hacienda prepara una bolsa de 2.5 millones de dólares –proveniente de los excedentes petroleros– para sobornar a diputados o senadores para que voten en favor de la reforma energética de Felipe Calderón.
En una extensa y concurrida conferencia de prensa, el ex secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados afirmó que la información le fue revelada por el funcionario –quien fue colaborador en Los Pinos del ahora subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome– al ingeniero Leandro Zamora, especialista en temas de energía, quien colabora con el legislador desde hace varios años.
Luego de que en un comunicado emitido el martes por la tarde la Secretaría de Hacienda desmintió las declaraciones de Velasco Oliva hechas la mañana de ese mismo día, el diputado de Convergencia decidió presentar a la prensa la versión de Leandro Zamora.
Expediente de irregularidades
Dijo que el ingeniero le contó cómo se enteró de que el gobierno federal decidió integrar dicha bolsa. Relató que desde 2007 presentó un expediente a Jonnathan Carballido sobre irregularidades en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en especial presuntos actos de corrupción que habría cometido Néstor Moreno Díaz, ex director de operación de la paraestatal.
Refirió que Pérez Jácome, entonces asesor del jefe de la Oficina de la Presidencia y actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, decidió que el enlace para recibir las denuncias sobre irregularidades en la CFE sería Jonnathan Carballido, con quien asegura haber sostenido aproximadamente 30 reuniones de trabajo.
Uno de los últimos encuentros –relató– fue un desayuno en el Sanborn’s de avenida Reforma y la calle de Lieja, en la ciudad de México, el pasado 22 de abril.
“Entre otras cosas (Carballido), me comentó: ‘es increíble que se esté procediendo a armar un paquete económico para incentivar a los diputados con 2.5 millones de dólares para aprobar la reforma energética y que el PAN siga navegando en la corrupción”.
Leandro Zamora informó que ese mismo día entregó al funcionario de la Presidencia otro expediente sobre corrupción en la termoeléctrica de Petacalco, que fue adjudicada a una empresa mexicana a pesar de haber sido descalificada técnica y económicamente.
A partir de estas afirmaciones, el diputado Cuahtémoc Velasco dijo que hizo la denuncia sobre la intención del gobierno federal de comprar a los senadores y diputados. También respondió al senador panista Juan Bueno Torio, ex funcionario de Petróleos Mexicanos, quien el mismo martes le advirtió que podría ser objeto de desafuero. “Quiero decir al señor Bueno Torio que para tener la lengua larga hay que tener la cola limpia, y él tiene una averiguación previa en la PGR, la 95UPIVCFPCAJ- 2006, por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por adjudicación directa de contratos para servicio de transporte de hidrocarburos, por 10 mil 300 millones de pesos.
Por la noche, la Coordinación de Comunicación Social de Los Pinos informó que no emitiría ninguna postura y que Carballido tampoco dará declaraciones a la prensa.
Astillero
■ Congelar la realidad
■ Oh, las contingencias
■ Lo espurio y lo legítimo
Ampliar la imagen
APOYO A EDUCACIÓN ESTATAL. La gobernadora de Zacatecas, Amalia García; la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota; y los mandatarios de Colima y Oaxaca, Silverio Cavazos y Ulises Ruiz, respectivamente, durante la firma de un convenio para mejorar la calidad educativa Foto: Francisco Olvera
El dirigente de Concamin enfrió de inmediato la euforia del pequeño populismo de derecha desatado ayer en Los Pinos con un anuncio de presunto control de precios en 150 productos empaquetadamente “básicos”. Según la interpretación personal del ocupante de la Presidencia de la República, duraría todo el año la estabilización forzosa de precios en ciertos productos alimenticios. Pero el presunto firmante empresarial de ese minipacto, que mal recuerda los aires del echeverrismo y el lopezportillismo, rápidamente corrigió al patrono de Juan Camilo Mouriño y estableció que el compromiso de mantener ciertas etiquetas intocadas se sostendrá “siempre y cuando no existan contingencias extraordinarias en la economía nacional, con impacto en la planta productiva mexicana” (¡oh!). Además, la vigencia de la oferta en materia de aceites y grasas comestibles no será por lo que resta del año sino hasta el último día de agosto y, en el caso del trigo, hasta el último de julio.
El gerente del Instituto del Fraude Electoral impulsó a su vez el proyecto de congelación de dos palabras procesadas que provocan contingencias negativas en el deprimido ego de ciertos personajes sujetos a control social y difícilmente retiquetables (ni modo de quitarle una vocal a una palabra y dividirla en dos para que lo falso parezca genuino: no sería entonces espurio, sino “es puro”, según amable dictamen de los Laboratorios de Control Adulterado de Calidad V. Zurita). Cinco de nueve consejeros del antes mencionado bife electoral decidieron sancionar el uso del adjetivo “legítimo” en relación con Andrés Manuel López Obrador porque consideran que con ello se denigra y deprecia la figura de quien jurídica y formalmente se mantiene como ocupante de la Presidencia de la República desde diciembre de 2006.
En realidad, más se maltrata y en su pequeñez política se exhibe al presunto defendido con esos actos de litigable censura política que constituyen el máximo reconocimiento oficial de que no ha fracasado el difícil lance emprendido por AMLO de ejercer la denominación de “presidente legítimo” que una convención de sus seguidores le asignó y que en sus primeros días de vigencia animó a sus detractores a vaticinar un final político del tabasqueño entre el ridículo y lo caricatural que, según ha necesitado aceptar formalmente el tal IFE, no sólo no sucedió sino que ahora hay necesidad de extender una orden intolerante y, esa sí, ridícula, para que no se denomine de determinada manera a un personaje al que en todo caso el propio curso de lo político debería poner en un lugar de marginación y repudio, si tal fuera la circunstancia, pero no emisiones de autoritarismo hechas por desprestigiados consejeros electorales que pretenden controlar la realidad política como un presunto presidente quiere someter a su arbitrio precios volátiles.
También es difícil el pretender ocultar el pago que por favores recibidos se hace desde el poder a los coadyuvantes que navegaron en determinados momentos con banderas de “independencia” y “objetividad”. Un miembro distinguido, pero ahora escindido, del grupo de delincuencia política llamado los Niños Verdes, ha asumido la coordinación de proyectos especiales de la ¿muy legítima? Presidencia de la República; Bernardo de la Garza asestó un golpe de traición a Roberto Madrazo en 2006 –golpe que ni siquiera era necesario para dañar al ya entonces muy erosionado priísta–, cuando primero declinó con enjundia en favor de él la candidatura presidencial de cambalache que había construido el partido llamado ecologista y luego lo dejó colgado de la verde brocha, con el beneplácito del efímero tucán Calderón.
La misma figura ambigua y sugerente de la “coordinación de proyectos especiales” (todo o nada, según decida el jefe) ha sido asumida, pero en el comité nacional panista, por el querido cuñado del presidente de la legitimidad al 0.56 por ciento, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, que deja sus oficinas en la española Prisa para asomarse a los terrenos impredecibles (¿o ya desde ahora predichos, y por ello se le abre camino?) de la política panista dominada por el esposo de su hermana Margarita.
Otro funcionario designado (léase lo referido líneas arriba sobre coadyuvantes con banderas de “imparcialidad”, sobre todo en foros electrónicos de opiniones controladas) es el académico Rafael Fernández de Castro, quien ejercerá oficialmente la función de asesor en asuntos internacionales de la recontrarchirrequete legítima presidencia calderónica. Y las armas de las buenas familias panistas de siempre se vuelven a vestir de gloria con la relección de Alonso Lujambio al frente del Instituto Federal de Arreglos con la Información, el ente de presunta transparencia que en los hechos, y gracias al papel desempeñado por el citado Lujambio, ha servido de constante tapadera de excesos y abusos del patrón Calderón (en contra de esa continuidad se manifestó el comisionado Juan Pablo Guerrero, que da solitaria y acosada pelea en ese terreno minado de pinos).
Astillas
Julio Vázquez, especialista en asuntos de prestaciones sociales de Hewitt Associates en México, pregunta, a propósito de las reacciones adversas a la convalidación judicial del cambio en el esquema de pensiones federales: “¿Por qué pagar de nuestros impuestos pensiones generosas a quienes nunca nos han atendido bien? Si se hace una encuesta sobre la opinión y la experiencia que los contribuyentes y el público en general tienen sobre la burocracia, se vería el gran maltrato del que hemos sido víctimas. Aún así, ¿merecen estas personas un régimen tan injusto como el acceder al 100 por ciento de su último sueldo como pensión, cuando los expertos y consultores recomiendan un 75 por ciento como suficiente? ¿No se conforman con sus jugosos aguinaldos y sus ventajosas condiciones de trabajo? ¿No es suficiente con su pésimo trabajo?”… Y, mientras la movilización cívica jalisciense se fortalece luego que el patronato del santuario de los mártires cristeros fue obligado por la presión social a devolver la macrolimosna del gobernador piadoso, ¡hasta mañana, en esta columna anticongelante!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario