ECONOMÍA Y POLÍTICA



MIGUEL ÁNGEL FERRER



El negociazo de la nueva Ley del ISSSTE



Debajo de la montaña de tecnicismos económicos, jurídicos y sociodemográficos con que se ha pretendido justificar la nueva ley de pensiones para los trabajadores del Estado, existe un punto que lo aclara todo. Se ha hecho un gran negocio. Un negocio multimillonario en el que un puñado de capitalistas y líderes venales dispondrán de los ahorros de cientos de miles de burócratas.



La cosa es más o menos así. La nueva ley del ISSSTE establece que la pensión por jubilación de un trabajador público habrá de formarse por los ahorros que el propio trabajador haya logrado reunir a lo largo de su vida laboral. Esos ahorros serán depositados en una cuenta financiera en una institución especializada en manejar fondos para el retiro, las tristemente célebres afores (administradoras de fondos para el retiro).



Es bastante probable que un burócrata logre reunir al final de una vida laboral de 40 años algo así como 500 mil pesos. Y como existen más o menos dos millones de trabajadores públicos federales, la suma de esos ahorros será de un millón de millones de pesos, es decir, un billón de pesos (un uno seguido de doce ceros: 1,000,000,000,000).



Como es obvio, ese millón de millones se encontrará a disposición del dueño o dueños de la afore de que se trate. Esa persona o ese grupo de personas dispondrán, para hacer otros negocios o simplemente para robárselo, de un capital de un billón de pesos.



Pero si el cálculo se hace no con los cuarenta años del ejemplo citado, sino con un solo año, el dueño o dueños de la afore respectiva dispondrán por año de 25 mil millones de pesos. Un dos y un cinco seguidos de nueve ceros: 25,000,000,000.



Este es el gran negocio. Los capitalistas dueños de la afore de los burócratas tendrán a su disposición cada año 25 mil millones de pesos de ahorros individuales ajenos. La nueva Ley del ISSSTE ha generado un botín multimillonario para el aprovechamiento de un puñado de particulares.



Habrá, desde luego, quien diga que esos particulares tienen la obligación de devolver ese dinero dentro de cuarenta años. Sí, de acuerdo. ¿Pero quién garantiza que ese dinero habrá de ser devuelto a sus legítimos dueños? En cuarenta años pueden pasar muchas cosas. Desde el simple y vulgar robo hasta las malas inversiones que evaporen esos ahorros.



Pero suponiendo, cosa muy improbable, que no haya ni robo ni malas inversiones, el puro jineteo de esa montaña de dinero da ganancias que no proporciona ningún negocio legítimo. Todo esto quiere decir que Calderón, el PRI y el PAN han privatizado el sistema de pensiones de la burocracia federal para regalarse a sí mismos, a sus amigos y a sus socios un negociazo extraordinario. Eso es todo. Un nuevo Fobaproa. Otro robo con apariencia legal.



Por eso se ha dicho con justeza que la privatización del sistema de pensiones de la burocracia federal es una reedición de los atracos que constituyeron privatizaciones anteriores: carreteras, bancos, telefonía, industria siderúrgica, compañías de aviación, etc. En todos estos casos, el gobierno en turno, priísta o panista, entregó a precio de regalo, a los amigos, familiares o socios, bienes de producción que representaban verdaderas fortunas de propiedad pública.



Hoy, con la nueva Ley del ISSSTE, se regala a los cuates en turno un fondo de un millón de millones de pesos. De eso se trataba. Y eso se ha conseguido. Eso explica todo.