EDITORIALISTAS DE LA JORNADA
Una razón más para apoyar al peje en el 2007.Calderón prepara estafa con viviendas: Itzel Castillo
La Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del "gobierno legítimo" advirtió que el Ejecutivo federal pretende regalar hipotecas a los constructores inmobiliarios, con los supuestos apoyos por 37 mil pesos que se comprometió a entregar a trabajadores de la construcción, para que adquieran una vivienda, el pasado 3 de mayo. En un comunicado, la titular de la instancia, Laura Itzel Castillo, sostuvo que Calderón pretende, con este mecanismo, "enganchar" a los trabajadores para que adquieran una deuda en UDI. El objetivo real de la política habitacional del "gobierno espurio es despojar a los beneficiarios de su vivienda para revenderla posteriormente. Ha quedado demostrado que la venta de cartera vencida, es un gran negocio para los hombres en el poder y sus allegados, como lo fue el fraude cometido por la empresa Construcciones Prácticas de los hermanos Bibriesca Sahagún, a quienes sigue protegiendo el régimen usurpador".
Presos políticos
Las cárceles del país están llenas de presos políticos. Cada día que pasa la lista de luchadores sociales que ingresa a prisión crece. Quienes se encuentran detenidos por participar en movimientos sociales enfrentan procesos legales llenos de anomalías jurídicas. La ley se ha convertido en una herramienta para combatir la justicia.
Un prisionero político es una persona a la que se mantiene en prisión o bajo arresto, porque sus ideas suponen un desafío al sistema político establecido. Un preso de conciencia es un ser humano encarcelado por sus ideas políticas, creencias religiosas, origen étnico, sexo, idioma, origen nacional o social, situación económica u otra circunstancia, y que no ha incurrido en delito ni ha recurrido a la violencia o propugnado su uso. Se le encarcela solamente por sostener ideas, creencias o condiciones de vida contrarias a las del grupo en el poder.Leer más...
Justicia violada
La sentencia a 67 años de prisión contra Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), nos muestra de manera fehaciente la criminalización de la protesta social. En otros países, como Argentina, e incluso en el foro de abogados en Estados Unidos, se ha planteado de manera consistente que las diversas formas de lucha social constituyen también alcances de las libertades de expresión y de organización.Leer más...
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