¿Competencia? Nunca...
Jenaro Villamil
Como si fueran una sola empresa, durante las últimas semanas Televisa y TV Azteca emprendieron en sus noticiarios una campaña contra el Grupo Saba, al que acusan de ser un “monopolio de medicamentos”. (acaso televisa y azteca, no son también monopolios?)
En dicha ofensiva, Televisa –que controla 258 estaciones de televisión– y su aliado temporal para esta causa, TV Azteca –que posee 179– acusan al Grupo Saba de controlar el mercado de la distribución de medicamentos y de propiciar “la muerte” de los mexicanos enfermos, por ser los responsables de los altos precios de los fármacos.
Según observadores y comentaristas, el inusitado ataque tiene su origen no en la lucha contra los monopolios, sino en la preocupación del llamado “duopolio” de la televisión abierta mexicana por la asociación del Grupo Saba con General Electric-Telemundo para buscar la licitación de una “tercera cadena” televisiva en México.
A partir del viernes 8, esa ofensiva se amplió a General Electric, dueña de NBC-Telemundo, en el espacio informativo He-chos, de TV Azteca. A través de sus conductores, la televisora de Ricardo Salinas insiste en que dicha compañía está “plagada de acusaciones en su contra”.
Rafael Díaz Granados, director de Ge-neral Electric para América Latina, afirma que existe “una actitud clara de intimidación por parte del duopolio televisivo”. Y explica: “No les bastó el ataque contra nuestro socio, el Grupo Saba. Ahora se dedican a atacar a General Electric acusándola con expedientes de hace 10 o 15 años”.
–¿Influye la reciente demanda de NBC contra TV Azteca en Estados Unidos?
–Nosotros somos una empresa muy seria. Y nos parece que existe una asimetría en los mercados. Ellos quieren participar en Estados Unidos, pero hacen todo para bloquearnos en México. No estamos pidiendo favoritismos; nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que exige la ley para obtener una concesión.
Incluso, el 28 de noviembre pasado, la Comisión Federal de Competencia (CFC) recomendó romper el monopolio de acceso a los contenidos televisivos prevaleciente en México, abrir el sector a productores independientes y “adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta”.
Televisa y TV Azteca concentran 58%
de la inversión publicitaria en medios, 80% de las concesiones de televisión y
90% de los contenidos audiovisuales. Ade-más, dominan el mercado mediante “barreras de entrada”, “criterios asimétricos” y discriminación de contenidos para nuevos competidores, según lo establece la propia CFC en su opinión sobre el marco regulatorio de contenidos.
Eduardo Pérez Motta, presidente de la comisión –responsable de combatir las prácticas monopólicas en México–, manifiesta, en entrevista con Proceso, que esa postura “es congruente” con su oposición a varios aspectos de la Ley Televisa, y advirtió que la falta de acceso a contenidos distintos a los producidos por ambas televisoras constituye “una traba, una barrera natural para la competencia”.
Especialistas de la CFC señalan que México es de los pocos países en donde las compañías televisivas concentran tanto la producción como las redes de distribución de los contenidos, a través de sus estaciones de televisión abierta y de sus señales en televisión restringida.
De acuerdo con datos proporcionados por la CFC, la concentración más importante se da en el caso de Televisa, que controla 258 de las 455 estaciones televisivas en México, 68.5% de las audiencias (TV Azteca tuvo 28.3%). En 2005, acaparó 71% del monto total de publicidad en televisión y 41.3% de la inversión publicitaria en medios electrónicos e impresos.
Otros indicadores confirman el alto nivel de concentración que se da en el sector. Según los reportes entregados por Televisa a la Securities and Exchange Commision (SEC) –organismo encargado de regular la aplicación de leyes de seguridad en la industria de Estados Unidos–, el consorcio pasó de producir 53 mil horas anuales en 2003, a 57 mil 500 horas en 2005. Muy lejos de esta capacidad de producción se encuentra TV Azteca, que registró un promedio de producción anual de apenas 9 mil 144 horas.
En su reporte a la SEC, Televisa asegura que es la más grande productora mundial de contenidos televisivos en idioma español, con 26 estudios en la Ciudad de México y 15 unidades de control remoto. Sin embargo, en ninguna parte del extenso documento se establece que promueva el acceso a la producción independiente a través de sus estaciones de televisión abierta y de sus señales de televisión restringida.
Imperativo, abrir el mercado
Para transformar este nivel de concentración en materia de contenidos, la Comisión Federal de Competencia propone seis medidas que favorezcan la libre competencia y la diversidad de redes de transmisión, a fin de “fortalecer la libertad de expresión y la pluralidad”:
En primer lugar, señala que se requiere “desarrollar un marco regulatorio consistente y neutral para el sector de contenidos audiovisuales”. Plantea que tanto el acceso como los contenidos se regulen “de manera separada, pero consistente”. Dicho acceso a los contenidos debe formar parte de la legislación en telecomunicaciones, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) le corresponde ser el órgano regulador de los mismos. Pérez Motta subraya que “ni la libertad de expresión ni los derechos de autor son asuntos que estemos tocando. Simple y sencillamente planteamos la posibilidad de utilizar los contenidos para promover la competencia”.
Así mismo, la CFC recomienda “asignar el espectro radioeléctrico de manera eficiente (…) y adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta, mediante mecanismos de licitación pública que promuevan la competencia y eviten concentraciones contrarias al interés público”.
Otra de las medidas consiste en “homologar regulaciones aplicables a la asignación del espectro radioeléctrico para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión” y, sobre todo, “asignar el espectro radioeléctrico que se recupera de manera expedita” en las bandas VHF (de los canales 1 al 13) y UHF (del 14 al 69).
La CFC estima que es necesario “garantizar el acceso a los medios de transmisión de las señales de televisión abierta, así como el acceso de los canales de televisión abierta a otros medios de comunicación”. En este rubro, la comisión propone la aplicación de dos mecanismos que se conocen como must offer y must carrier, para evitar que tanto Televisa como TV Azteca le nieguen sus señales de canal abierto a las empresas cableras que no son sus subsidiarias. De esta manera, también se impediría que Cablevisión o Sky (ambas propiedad de Televisa) bloqueen los contenidos de cualquier empresa competidora.
Otra de las acciones recomendadas consiste en “promover el desarrollo de productores independientes y su acceso a los canales de televisión abierta”. La comisión sugiere modificar el artículo 72-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que la producción nacional independiente pueda ser transmitida en los mismos horarios en que el concesionario difunda sus contenidos. Así se garantizaría una separación real entre el productor de contenidos y el concesionario, de forma que ni Televisa ni TV Azteca disfracen como “productoras independientes” a sus filiales ni utilicen empresas “pantalla”.
Por último, la CFC plantea que se deben “establecer mecanismos que eviten el ejercicio indebido de poder sustancial de mercado en los servicios de televisión abierta”, así como eliminar disposiciones actuales en la Ley Federal de Radio y Televisión que “establecen tarifas mínimas para todos los servicios que terceros contraten con los concesionarios de radio y televisión abierta”.
La CFC reconoce que con el texto de la actual ley, no se garantiza la competencia ni el acceso en materia de contenidos. Por ello, sostiene Pérez Motta, sus recomendaciones deben aplicarse de manera inmediata, “porque mandarán señales muy claras en este mercado de que hay voluntad para hacerlo más eficiente”.
Maniobras
Paradójicamente, mientras la CFC recomienda impedir la concentración de producción y distribución de contenidos, así como la discriminación de posibles competidores, Televisa y TV Azteca han utilizado desde el 21 de noviembre sus espacios informativos para “denunciar” a un monopolio: el de la distribución de medicamentos por el Grupo Saba.
Los reportajes, transmitidos diariamente en los noticiarios matutino y nocturno de Televisa y TV Azteca, incluyen testimonios de enfermos terminales y entrevistas editadas con el nuevo titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, lo mismo que con el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta. El propósito: mostrar que el monopolio de medicamentos de Grupo Saba y la empresa Nadro provocan “la muerte” de miles de mexicanos.
Mediante desplegados en medios impresos, el Movimiento Nacional Anticorrupción, dirigido por Víctor González Torres, el Doc-tor Simi, participó en el debate: “La verdad sobre el particular es que los precios los fijan los propios laboratorios extranjeros en México, y que los distribuidores reciben un descuento o comisión por la colocación y venta de los medicamentos en las farmacias, que en nuestro país son decenas de miles, ubicadas en todo el territorio nacional, aun en poblaciones pequeñas. Los distribuidores, pues, no fijan los precios. Lo hacen los laboratorios”.
La columna Templo Mayor, del periódico Reforma, subrayó el pasado 4 de diciembre que en los noticiarios de Televisa y de TV Azteca “surgió un repentino interés por el tema de la distribución de medicamentos”.
“Con todo y que ese negocio lleva años en la misma situación, de golpe encontraron que Casa Saba –una de las empresas más grandes del ramo– es presuntamente culpable de los altos precios de las medicinas (…) Los mal pensados comentan que este repentino interés por criticar a esa empresa no tiene nada que ver con la salud, sino más bien con la televisión.
“Y es que el 21 de septiembre, el accionista principal de Casa Saba, Isaac Saba Rafoul, asociado con el Grupo Telemundo, solicitó formalmente a la SCT la licitación de frecuencias para una tercera cadena nacional de televisión abierta.”
Este semanario solicitó a representantes del Grupo Saba que dieran su versión de los hechos, pero informaron que “por ahora” no responderán a la campaña emprendida por Televisa y TV Azteca.
La disputa se libra también en Estados Unidos. La compañía NBC Universal, due-
ña de Grupo Telemundo, presentó esta semana ante la Comisión Federal de Com-petencia (FCC) de Estados Unidos una petición para que se le niegue la renovación de su licencia a KAZA TV Canal 54, controlada en 51.6% por TV Azteca. Alegan que este control viola el límite de 33% para inversionistas extranjeros que establece la ley de aquel país.
En su edición del martes 5, The New York Times documentó este conflicto y la reportera Elizabeth Malkin también vinculó la disputa con la reciente campaña de Televisa y TV Azteca contra Grupo Saba y su socio Telemundo.
A través de un comunicado, TV Azteca acusó a Telemundo de “inventar un caso sin sustento para intentar afectar la imagen” de la compañía de Salinas Pliego, y culpó a la propia cadena estadunidense –con la cual mantiene un diferendo a raíz de la suspensión de la grabación del programa Quinceañera– de encabezar “un acto de intimidación que desnuda sus verdaderas prácticas”.
En los pasillos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representantes y enviados de Televisa presionan a las nuevas autoridades, encabezadas por Luis Téllez –exintegrante del Consejo de Administración de Cablevisión, filial de Televisa– para que la licitación del espectro anunciada por Felipe Calderón se suspenda o se prolongue. Ni Televisa ni TV Azteca quieren un nuevo competidor en materia de contenidos y, menos aún, uno que constituya una tercera cadena televisiva.
–¿Qué sucede si no se toman en cuenta las opiniones de la CFC? –se le pregunta a Pérez Motta.
–Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para convencer a la administración de Calderón y al Congreso de que es necesario defender el interés público. Seguramente las televisoras también se acercarán a los legisladores para persuadirlos de que, ante todo, debe prevalecer el interés privado.
