LO QUE ESTÁ SALIENDO A FLOTE DE LOS CÁRDENAS.
Capturado, Porfirio Barbosa, cercano a Cuauhtémoc Cárdenas.miguel cabildo
México, D.F., 24 de octubre (apro).- .
Con base en una orden de aprehensión girada por el Juzgado Tercero de Distrito del Reclusorio Norte, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la PGR, detuvieron este martes al coordinador de la Comisión de Transporte (Cocotra) del gobierno de Michoacán, Porfirio Barbosa.
Amigo entrañable, compañero de causa y excolaborador de Cuauhtémoc Cárdenas en los gobiernos de Michoacán y del Distrito Federal, Barbosa está acusado del presunto delito de peculado por la cantidad de 129 millones de pesos, en agravio del erario capitalino cuando fungió como oficial mayor del GDF (1998-2000).
Su detención ocurrió cuando circulaba por la avenida Periodismo, cerca de sus oficinas de la Cocotra, de la que se hizo cargo el 22 de abril de 2005, invitado por Lázaro Cárdenas Batel.
La acusación que pesa sobre Barbosa se remonta al 2003, en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron investigaciones paralelas al detectar una serie de irregularidades cometidas en la compra de vales de despensa entre ISSSTE y el GDF.
Las indagatorias condujeron inicialmente a las autoridades federales hasta la Oficialía Mayor del GDF, a cargo de Porfirio Barbosa, uno de los hombres más cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas.Conforme avanzaron las investigaciones, la lista de implicados creció. El organismo dirigido por Arturo González de Aragón puso en la mira a ocho exfuncionarios más del GDF y a 18 del ISSSTE.
Se trata de dos exfuncionarios de la Oficialía Mayor del GDF, dos del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), así como cuatro de la Policía Auxiliar del DF. La mayoría de los implicados del ISSSTE laboraban en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF).
En la indagatoria, la ASF determinó que el daño al erario por las irregularidades en la compra de vales de despensa fue de 131 millones 66 mil 552 pesos. Puesta al tanto, la SFP tomó conocimiento del caso e inició una investigación por su cuenta. En su investigación, detectó que la malversación ascendió a 129 millones de pesos, 2 millones menos que lo detectado por la ASF. Además, sólo encontró responsabilidades en cinco exservidores públicos del ISSSTE bajo la administración de Socorro Díaz.
Mecánica del fraude.
De acuerdo con la investigación desarrollada por la ASF, el dinero fue desviado a través de la empresa fantasma Grupo John and Fran SA de CV, y de personas desconocidas que nunca ingresaron el dinero a las arcas de las dependencias correspondientes. Las irregularidades fueron cometidas de 1998 a 2000.
Iniciaron con descuentos financieros y bonificaciones en la compra de los vales y electrodomésticos, por parte de personal del SITyF que no estaba facultado para ello. El único autorizado por el Consejo Directivo para recibir descuentos era el GDF, pero también fueron concedidos, sin que oficialmente se solicitaran, al Sistema de Transporte Colectivo, a la Policía Bancaria e Industrial y a la Auxiliar (PADF).
La investigación de la ASF coincide con la de la Contraloría --ahora Secretaría de la Función Pública-- en que del total del monto del fraude, 83 millones 252 mil 887 pesos por concepto de descuentos y bonificaciones fueron a parar a cuentas que Grupo John and Fran abrió en banco Santander.Esta empresa cobraba por concepto de "mediación mercantil por estudios profesionales y asesoría técnica profesional de mercado en la compra de los ISSSTE-vales y electrodomésticos para el Gobierno del Distrito Federal", aunque también recibió cantidades destinadas al SCT, PBI y PADF.
De acuerdo con el expediente de la ASF, el representante legal de la empresa, Alejandro Xavier Amador Quezada, reconoció en su comparecencia que la empresa no tiene domicilio y que toda documentación se guardaba en su casa y otras direcciones que no recuerda.
Según la auditoría de la Contraloría, el representante legal de la compañía, Xavier Amador Quesada, es un maletero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que negó estar involucrado.
Los implicados.
Además de Porfirio Barbosa, la ASF implicó a otros funcionarios del GDF:
María Brenda Estrada de Paz, excoordinadora de la dirección general de Administración y Desarrollo de Personal;
José Antonio Tomasena Larruy, exsubdirector general de Administración y Finanzas del Metro, y
Miguel Ángel Montero López, exasesor técnico de la dirección de Administración por la Policía Auxiliar del DF.
Por el ISSSTE, los implicados son:
Rodolfo Pérez Reyes, exdirector del SITF;
José Navarrete Ancona, exsubdirector de Finanzas;
Carlos Eduardo Ruiz Belín, exsubdirector de Finanzas;
Rodolfo Poumian Serrano, exsubdirector de Mercadotecnia, y
José Bernardo Gil Torruco, exjefe de Servicios de Tesorería, entre otros.
Barbosa, estela de corrupción en Michoacán.
miguel cabildo y francisco castellanos
México, D.F., 24 de octubre (apro).-
Las presuntas actividades ilícitas del exoficial mayor no se limitaron a su paso por el gobierno capitalino, en la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas, también alcanzaron la administración del hijo del ingeniero, Lázaro Cárdenas Batel.
Apenas hace quince días, un grupo de transportistas denunció la existencia de una supuesta red de corrupción integrada por altos funcionarios del gobierno de Michoacán, involucrados en la comercialización ilegal de concesiones, con señalamientos directos en contra de Barbosa Rodríguez.
Según los denunciantes, aglutinados en la Federación de Transportistas Ecologistas e Inmigrantes de Michoacán (Feteim), y en la Unión Armando Ballinas Mayés, al menos 4 mil concesiones se han comercializado de manera ilegal durante la gestión de Barbosa al frente de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) del gobierno michoacano.
Cabe recordar que Porfirio Barbosa fue designado titular de la Cocotra el 22 de abril del 2005, en sustitución de Jesús Garibay García. Sin embargo, también fue oficial mayor en 1999, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal; así mismo, fungió como director de Obras Públicas cuando el ingeniero fue gobernador de Michoacán, de 1980 a 1986.
En la campaña del actual gobernador, el ingeniero Barbosa Rodríguez fue enlace entre diversos grupos, entre ellos Antorcha Campesina, a fin de alcanzar algunos acuerdos, los que después se incumplieron. Sus reuniones con los dirigentes de ese aparato del PRI se realizaban en un hotel del libramiento oriente de Morelia.Incluso, cuando salió a la luz pública el escándalo del peculado, y recién llegado a la gubernatura, Cárdenas Batel negó toda liga con Porfirio Barbosa. Sin embargo, poco después fue nombrado director de la Cocotra.
Y justo en el tiempo en que Barbosa Rodríguez se desempeñó como oficial mayor en el GDF, recibió una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sobre el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia a su exesposa Esperanza Servín Mejía (CDHDF/121/99/Cuauh/D4834.000, del 1 de octubre de 1999).
Por otra parte, los dirigentes de los transportistas también acusaron al coordinador de Transporte en Michoacán de estar coludido en el mercado negro de la venta de concesiones, y señalaron a Rodolfo Barbosa como su “agente de ventas” en Uruapan, quien supuestamente otorgaría los permisos en 40 y 70 mil pesos. Para documentar sus dichos, el dirigente de la Feteim, Genaro Murguía Ortiz, exhibió copias de lo que presumen como un caso de “evidente corrupción”.
Permisos, hasta a los muertos.
También mostró copia del acta de defunción de Sergio Vieyra Raya, del 21 de enero de 2001, y la entrega de una concesión por la Cocotra a esta persona en mayo de 2002; así mismo, en febrero de 2004 se transfirieron los derechos a Mireya Perales Solorio, en la Notaria Pública 30, a cargo de Ángel Bolaños, situación que fue ratificada en marzo de este mismo año.
Cabe mencionar que en el escrito, expedido y sellado por la Coordinadora del Transporte, se señala que Sergio Vieyra y Mireya Perales se presentaron físicamente en la dependencia para realizar el trámite. “Es decir, el difunto hizo trámites, transfirió la concesión y se presentó en la Cocotra”, resumió irónico el transportista.
Por su parte, el dirigente de la organización “Armando Ballinas”, Guillermo López García, aseguró que la Cocotra también ha expedido placas y tarjetas de circulación, pese a que peticiones previas han sido denegadas, de lo que también mostraron documentos fotocopiados.
Según el dirigente, las ventas de los permisos de transporte varían dependiendo de la región. Por ejemplo en Huetamo se venden hasta en 150 mil pesos; empero en Zitácuaro, las concesiones para combi alcanzan los 250 mil, y de estas transacciones Porfirio Barbosa habría recibido su “comisión”.
En conferencia, los dirigentes responsabilizaron directamente a Porfirio Barbosa de cualquier situación que ponga en riesgo su integridad. Por ello demandaron la destitución de Barbosa Rodríguez en la Cocotra, así como la intervención de la contralora Rosa Hilda Abascal a fin de realizar una investigación a fondo en la dependencia.
Investigación en ciernes.
En su oportunidad, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel declaró a la prensa que no se solaparán irregularidades de funcionarios del transporte.Empero, apenas el pasado 12 de octubre advirtió que no castigará a nadie hasta que no haya una investigación institucional sobre la presunta venta de concesiones de transporte. Cárdenas Batel insistió en que “aquí no vamos a estar protegiendo absolutamente a ninguna persona, ni vamos a permitir que al interior de la estructura de gobierno se hagan cosas indebidas”. Lo anterior, en relación con las supuestas denuncias que pesan contra el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, Porfirio Barbosa Rodríguez.
Reiteró que en lo que corresponde a su gobierno, está el llevar a cabo una investigación muy objetiva, en que haya bases para proceder si existe alguna irregularidad. De acuerdo con la estatal Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodaem), actualmente ya se les da seguimiento a cada una de las denuncias que se realizaron contra la Cocotra.
Porfirio Barbosa fue capturado este día en Michoacán, acusado de peculado por 129 millones de pesos. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a la Ciudad de México.Por mientras, quien fuera hasta hace unas horas el coordinador de la Comisión de Transporte del gobierno de Michoacán aún se encuentra en las instalaciones de la PGR en Michoacán.
Nota del Reforma hoy:
Piden a Barbosa $129 millones de fianza.
Un juez con sede en el Reclusorio Norte, fijó además a Porfirio Barbosa un pago de fianza por 50 mil pesos, de los cuales 18 mil son por concepto de multa.
Rolando Herrera
Ciudad de México (25 octubre 2006).-
Un juzgado federal concedió este miércoles la libertad bajo fianza al ex Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, Porfirio Barbosa, siempre y cuando garantice los 129 millones de pesos que se le acusa desvió del erario público.
El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, Arturo César Morales, con sede en el Reclusorio Norte, le fijó además un pago de fianza por 50 mil pesos, de los cuales 18 mil 120 son por concepto de multa.Barbosa, aprehendido la víspera por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Morelia, Michoacán, fue ingresado esta madrugada a ese penal, y durante su aparición en la rejilla de prácticas del juzgado se reservó sus derecho a rendir su declaración preparatoria.
Su abogado, Rubén Vivas, informó que la familia de Barbosa, quien se desempeñaba actualmente como director de la Comisión de Transporte de Michoacán, intentará entre familiares y amigos juntar los 129 millones que el el juez les exigió para que el inculpado enfrente su proceso en libertad.
Barbosa fue acusado en el 2003 por la Secretaría de la Función Pública de, presuntamente, haber desviado, de 1998 a 2000, 129 millones de pesos en vales de despensa a una empresa fantasma.
Aquí la pregunta obligada es: ¿Y Cuahu, papando moscas?¿Y Lazarito ídem?. Ya se que van a decir los antipejistas que lo mismo se podría decir del Peje y los que salieron en los videoescándalos, nadamás que no olvidemos que esos gueyes la lana que movieron no era del erario, era del tramposo argentino, y por eso mismo por tramposo el argentino está en el bote.
Con este asunto de Barbosa se está poniendo en evidencia la honradez y honestidad de los integrantes del miniclán Cárdenas, que como es sabido no de ahorita sino desde tiempo há, que no son mas que un par de convenencieros que les encanta el billete grande.
Alguien le está arrimando leña al caldero del "inmaculado ingeniero" como un aviso de que le van a seguir rascando hasta llegar con el terrible narcotráfico que se enseñorea en Michoacán a ciencia y paciencia de los Cárdenas y ahora del otro minúsculo michoacano mejor conocido como fecal, si insisten en seguir queriendo pasarse de lanzas con sus espuriedades.
1 comentario:
Lázaro Cárdenas Batel
Saqueó Michoacán por mas de tres mil millones de pesos
El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,
saquea las arcas de la entidad al otorgar contratos fantasmas
a la constructora Consorcio Industrial, empresa propiedad
de Félix Cantú Aguilar que defrauda al fisco, opera
ilegalmente y tiene suspensión de actividades.
Por cada contrato, Cárdenas Batel recibe una jugosa
comisión del 85 por ciento, a través de una ingeniosa
triangulación bancaria en la que la empresa se queda con
el 15 por ciento restante del dinero sin realizar ninguna
obra.
Lo saqueado hasta el momento por el mandatario
michoacano a la entidad que gobierna es de casi tres mil
millones de pesos, cifra que desvió de recursos destinados
a educación, seguridad y desarrollo social.
Parte del fraude y atraco a las arcas del gobierno de
Michoacán consiste en pagar millonarias sumas a la
constructora Consorcio Industrial por supuestas obras
que realiza y que en realidad son hechas por el gobierno
Federal, es decir la compañía de Cantú Aguilar las hace
suyas sin meter las manos.
De esta manera, Lázaro Cárdenas Batel, a quien le que quedan
escasos días como mandatario estatal, hace efectivo
aquello del "año de Hidalgo", convierte al presupuesto
michoacano en su "caja chica" y se retira del cargo con
muchos millones de pesos, resultado de los ilícitos negocios
con la mencionada constructora.
La empresa constructora, propiedad de Félix Cantú
Aguilar, tiene en sus fraudulentas operaciones como
"cerebro" a su contador público Raúl Rosas Morales,
quien a su vez es protegido por los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Hernández
y Víctor Manuel Reyes, quienes "tapan" las evasiones fiscales.
Por estos dos funcionarios y Rosas Morales es que
Consorcio Industrial, que agrupa a 20 empresas, sigue
operando, no obstante tener problemas legales por evadir
al fisco y la suspensión de actividades presentada ante la SHCP.
Por su carácter al margen de la ley, la totalidad de los
contratos que consiguen los "venden" a otras compañías.
A pesar de su carácter ilegal, la empresa propiedad de
Cantú Aguilar sigue operando y prueba de ello son los
contratos que de manera ilícita le otorgó el gobernador de
Michoacán -unomásuno tiene pruebas en su poder-,
quien a cambio se benefició con varios millones de pesos Sin embargo,
Consorcio Internacional no paga el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por consiguiente el
Impuesto a la Renta, lo que constituye un grave delito
en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del gobierno Federal mismo.
En otra negociación ilegal, el gobierno del
Distrito Federal le otorgó a la empresa una serie de
contratos para obras, tras ganar un concurso,
según trascendió. Lo insólito de todo esto, al igual
que como ocurrió en Michoacán, es que Consorcio
Industrial no tiene maquinaria para realizar los
trabajos.
Lo mismo ocurrió con la paraestatal Petróleos
Mexicanos que le concedió contratos por 2 millones de
dólares y 21 millones de pesos.
TRIANGULAN Y "LAVAN" DINERO
Para que el gobernador de Michoacán, Lázaro
Cárdenas Batel y la empresa de Félix Cantú Aguilar
reciban las millonarias sumas saqueadas a las arcas
del gobierno michoacano, utilizan
una ingeniosa triangulación
en la que el dinero es "lavado"
o "blanqueado".
La triangulación consiste en
que el dinero propiedad del
gobierno del estado que se paga al Consorcio industrial
por las supuestas obras, es depositado en
Interacciones que a su vez las devuelve a las cuentas
personales del mandatario, del propietario de la compañía
y al gobierno local.
Se sabe que incluso hay cuentas en el extranjero y
que algunas de ellas están firmadas por familiares,
como Gabriel Cárdenas Cornish, primo hermano del
mandatario.
AMISTAD CARDENAS-CANTU
La relación entre el gobernador de Michoacán,
Lázaro Cárdenas Batel y el propietario de Consorcio
Internacional, Félix Cantú Aguilar, data desde la juventud
de sus padres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
Félix Cantú Ayala.
Al respecto, cabe destacar que Cantú Ayala tiene
cuentas pendientes con la justicia por burlar al fisco y
actualmente está prófugo, según se sabe.
Es precisamente por la amistad de sus padres que
Cárdenas Batel en complicidad con Cantú Aguilar
idean el desfalco al gobierno del estado de
Michoacán.
La empresa Consorcio Industrial S.A. de C.V. formaliza
con el estado de Michoacán sus contratos el 4 de
junio de 2004.
Sobre el aviso de suspensión de operaciones, esta
sucede el 19 de junio de 2006.
CARDENAS DEBE SER INVESTIGADO
Sobre el desfalco a las arcas del gobierno de
Michoacán, gente que conoce el asunto demanda que
se investigue a Lázaro Cárdenas Batel por el presunto
ilícito antes mencionado.
Señalan que el todavía gobernador hizo efectivo el
"Año de Hidalgo" al apoderarse de esta manera de
varios millones de pesos que eran para educación,
seguridad y desarrollo social.
Piden que el gobernador electo, Leonel Godoy inicie su
Gestión con una auditoria para que, de haber responsabilidades,
se haga justicia.
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