FIN A LA POLÍTICA AUTORITARIA Y PATRIMONIALISTA

Solución a Oaxaca.

Manuel Camacho Solís.
02 de octubre de 2006.

El problema de Oaxaca debió resolverse hace por lo menos dos meses. Ahora el gobierno federal ya no tiene la posibilidad de cerrar los ojos frente a lo que ocurre. Y el gobierno que viene sabe que, de no resolverse ahora, le explotará en la cara desde los primeros días. Ambos están obligados a tomar una decisión de fondo. Aunque sea tarde, el dilema sigue siendo: solución política o sometimiento de la protesta por medio de la fuerza.

El uso de la fuerza ahondaría la división y extendería la crisis. La solución política ahorraría un derramamiento de sangre y establecería mejores condiciones de gobernabilidad. Quienes sostienen que se puede usar la fuerza sin generar resistencia no saben de qué están hablando. Cuando se ha perdido toda posibilidad de sorpresa, la fuerza, con una alta probabilidad, llevaría a un derramamiento de sangre y alimentaría el crecimiento de la guerrilla. Sólo una solución política bien concebida y adecuadamente instrumentada puede tener éxito. ¿Qué solución política es la menos costosa para todas las partes?

Debe salir el gobernador Ulises Ruiz, pero no convertirlo en el chivo expiatorio. Mediante una licencia y la posterior designación de un interino, él tendría una protección y el PRI conservaría el cargo. Para el gobernador y el PRI es mejor eso que perder todo. Si los hechos obligan a la desaparición de poderes, se tendría que convocar a una elección que no ganarían. Confiar en que el gobierno federal lo sostendrá a cualquier costo es una ingenuidad, pues si Fox y Calderón no demuestran tener la capacidad para imponer una solución política, entonces se verá que no podrán gobernar a Oaxaca ni a México.

El gobernador interino debe ser una figura que no sea parte del encono ni de la degradación de la vida política del estado. Hay oaxaqueños que no están manchados, que pueden dialogar con todos los sectores y que podrían gobernar en acuerdo con la izquierda y con el consentimiento de la derecha. Se necesita una interlocución confiable con los grupos radicales que pertenecen a la APPO. Si sale Ruiz, habrá posibilidades de diálogoy para la construcción de nuevos espacios de interlocución que encaucen las diferencias por vías institucionales y civilizadas. Una amnistía general del Congreso, local y federal, es indispensable. Debe haber una auténtica reconciliación.
La solución a la crisis política y económica debe ir acompañada de una respuesta de fondo al problema social y al rezago indígena. El sector educativo no puede quedar a merced de la dialéctica de la confrontación local. Procede la federalización temporal de la educación. Una vez resueltas las demandas educativas justificadas y de establecerse un compromiso efectivo y verificable de cumplimiento de los compromisos por parte del magisterio, se regresaría al esquema -mejorado- de la descentralización.

Es indispensable poner fin a una era autoritaria y patrimonialista en la política local. Urge una reforma política de fondo que abarque el sistema electoral, la justicia, el régimen de gobierno y la administración pública. Una reforma que asegure la autonomía de los órganos electorales y la equidad, enriquezca la democracia participativa, mejore la calidad y transparencia de la justicia, garantice la libertad de información y modernice la administración local para poner fin al clientelismo y al patrimonialismo; un programa emergente para reestablecer -con el sector privado- la actividad económica en la capital y para fortalecer -con las organizaciones sociales- los programas de desarrollo regional en el estado.
El mando de la fuerza pública debe quedar temporalmente bajo un solo responsable federal y servir de respaldo a la solución política. Las teorías del dominó (si cae Ruiz cae Calderón) son argucias ideológicas para proteger el statu quo. El sentido común es más útil: la solución política evitará derramar sangre. Si no hay capacidad política y se provoca la violencia, los responsables deberán ser llevados a juicio.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista


LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA. SU MANDATO.

Agenda legislativa.

Porfirio Muñoz Ledo.
02 de octubre de 2006.

El poder del Estado que, en esta coyuntura, goza de mayor legitimidad es el Congreso de la Unión. Las partes en contienda y los grupos parlamentarios que las expresan reconocen que ambas cámaras son por hoy el único espacio para el diálogo y el acuerdo político.
En esa medida, el Poder Legislativo es el reducto del orden constitucional. El Congreso está destinado a jugar un papel fundamental en la solución de la crisis. No es presumible que pueda ser disuelto por un golpe de mano antes de la expiración de su mandato el último día de agosto de 2009.

Todo hace pensar, por el contrario, que la salida del conflicto transcurra por el cauce de la reforma de las instituciones políticas: esto es, de una nueva constitucionalidad.

Paradójicamente, el Congreso hereda un sólido desprestigio por la incapacidad de las legislaturas anteriores en la concreción de los cambios legales indispensables para la consolidación de la democracia. Ciertamente, la responsabilidad primordial en la promoción de esas reformas correspondía al primer Ejecutivo de la alternancia. Pero una vez que éste abdicó de su misión, los parlamentarios quedaron atrapados en la parálisis política y carecieron de la visión y la entereza para suplir el desistimiento presidencial.

Esta Legislatura, cuyo mandato enmarca el tiempo del conflicto, está obligada a ejercer en plenitud sus atribuciones.

Como lo proclamaba la Constitución precursora de 1814, "el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo será el Supremo Congreso Mexicano".

Cualquiera que sea el resultado de la controversia sobre la legitimidad del Ejecutivo, ésta tendrá que expresarse en transformaciones radicales del orden jurídico vigente.

Ésa es la razón por la que no ha tenido eco alguno la propuesta formulada por el presidente designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Una vez zanjada la disputa por las parcelas de autoridad en el interior de las cámaras, éstas habrán de abocarse, en términos de urgencia, a la elaboración de una agenda legislativa que corresponda a la profunda erosión institucional que ha sufrido la República y a la necesidad de enderezar el rumbo de la política económica y social.

La primera de las cuestiones es la vigencia del presidencialismo. Parece indispensable modificar el régimen de gobierno con el propósito de asegurar la formación de mayorías estables.
No menos importante es la apertura del sistema mediante la adopción de fórmulas de democracia directa y participativa: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación del mandato y la responsabilidad ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.
La descentralización del poder y la rendición de cuentas son igualmente necesarias para el establecimiento de un estado de derecho. Habría que atacar con seriedad la distribución de las competencias federativas y emprender una reforma municipalista de gran calado.
Resolver, a través de una Constitución del Distrito Federal, las contradicciones entre el gobierno federal y el de la capital. Urgentes son, en fin, las reformas pendientes a la administración de justicia y los controles efectivos sobre los actos de la autoridad.

La crisis ha revelado el carácter ineludible de las reformas electorales de tercera generación.
Lo esencial es atajar la influencia del poder económico en los comicios y la intromisión indebida de las autoridades sobre los órganos y procesos electorales.

También una revisión del contencioso que otorgue plena garantía constitucional al sufragio. La derogación de la reciente Ley de Radio y Televisión y la redefinición constitucional de los medios electrónicos son requisitos para la sobrevivencia de la democracia y el rescate de la ciudadanía.

Algunos aluden nuevamente a los pactos de la Moncloa y a los consensos que hicieron posible la transición española. Tal vez no haya todavía condiciones para una acuerdo de esa envergadura; pero el Congreso deberá enfrentar en el corto plazo las reformas que permitirían trascender el ciclo neoliberal.

Tanto la reforma energética como la fiscal y la laboral han de ser planteadas desde diferente perspectiva. Se trata de fortalecer la rectoría de la nación sobre sus recursos naturales, de modernizar el sector energético y de garantizar su autonomía financiera. Ello requiere un cambio profundo de los ordenamientos y las instituciones fiscales, de naturaleza redistributiva.La cuestión laboral abarca sin escapatoria la democracia sindical, la elevación del salario, la promoción del empleo, el rescate de la seguridad social y la reconstrucción del régimen de pensiones.

Muchos son los temas, en verdad estructurales, que debieran abordarse de inmediato. Entre otros, los relativos a la recuperación de la laicidad del Estado, a la ampliación y mejoramiento de la educación pública, a la revolución científica y tecnológica, la promoción de la cultura y la nacionalización de la política exterior; sin olvidar la renegociación de los tratados de comercio y la estrategia para una inserción diferente en la globalidad.

No habrá, sin embargo, solución posible para el país sin una revisión integral de la Constitución. Ése es el acuerdo primordial al que deben llegar las fuerzas políticas.

Al respecto hay suficiencia de estudios, agendas, iniciativas y aun consensos preliminares.

Lo que no se ha decidido es el método para emprenderla. Sobre todo, ha escaseado la voluntad de hacer gran política.

Si bien el Congreso es la sede principal para ese ejercicio, no deberíamos olvidar el derecho de iniciativa que corresponde a los congresos de los estados y la expectativa de los actores económicos y sociales; ni aunque el ejercicio originario de la soberanía reside en el pueblo. En tal virtud, el procedimiento que se adopte habrá de comprender a todos los interesados.

Es natural que se reabra el debate sobre la viabilidad de un Congreso constituyente; pero, salvo que llegásemos a una crisis mayor, serán válidos los argumentos en su contra que invocan la vigencia de los artículos 135 y 136 de la Constitución. Sin embargo, esas disposiciones no resuelven en definitiva la adopción del procedimiento más incluyente y expedito para una reforma de la dimensión que se requiere.

Habíamos propuesto en el 2000 la incorporación de un transitorio constitucional que determinara la creación de una comisión especial del Congreso responsable de elaborar el proyecto y de abrir la consulta con otros órdenes de gobierno y organizaciones civiles.

Ante el bloqueo legislativo propusimos, tres años más tarde, la creación de una comisión nacional en la que participasen representantes del Congreso de la Unión, de los congresos estatales y de los municipios, así como de los partidos políticos y especialistas calificados.

El resultado de esos trabajos sería sometido al Congreso para seguir el procedimiento previsto por la Constitución.

En las presentes circunstancias la movilización popular habrá de erigirse en el impulso mayor de las transformaciones.

La convención nacional democrática previó la celebración de un plebiscito para desencadenar el proceso.

En todo caso, es ésta una ocasión inmejorable para construir la unidad nacional desde la base.

Es el momento de restablecer la polis extraviada.