l?os siete magistrados son de confiar?

JUECES ELECTORALES
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Algo que es motivo de orgullo para nuestra nación, son los ilustres juristas que ha tenido. A través de todas las épocas se han destacado en el mundo del derecho. Entre los aztecas se aprobó y tuvo vigencia una reconocida legislación; en tiempos de la Colonia bajo la influencia española, existieron brillantes hombres de leyes. A partir de la Independencia se distinguen Andrés Quintana Roo y Carlos María de Bustamante; en la Reforma, Antonio Martínez de Castro y no se diga los excelsos legisladores de la Constitución de 1857, encabezados por Ignacio Ramírez.
México es creador e impulsor del juicio de amparo. Don Mariano Otero junto con Rejón son sus creadores; en el siglo XX es impactante la gran calidad de estudiosos que iluminan el hemisferio jurídico mexicano, Ezequiel Padilla, Lanz Duret, César Sepúlveda, Francisco González de la Vega, Miguel Acosta Romero, Ernesto Gutiérrez y González, Lucio Mendieta y Núñez, Raúl Ortiz Urquidi, Rafael Rojina Villegas y Francisco Esteva Ruiz, son parte de los preclaros tratadistas. En plena producción actual debemos tener presente a Carlos Arellano García, Francisco Pavón Vasconcelos, Alfredo Sánchez Alvarado, Jorge Magallón Ibarra, Baltazar Cabazos Flores, Fernando Flores García, Miguel Ángel Zamora y Valencia, entre otros.
¿Cuáles son las características para calificar a un abogado como sobresaliente jurista? Indudablemente las principales son sus obras y su desempeño docente; difícil, por no decir imposible, que se pueda catalogar como erudito en materia de derecho a quien no cuente con lo anterior, por lo cual deje huella de su actitud desprendida, la que se demuestra en su ausencia de egoísmo por enseñar. En base a estas consideraciones, hemos analizado los currícula de los siete magistrados que tendrán la importante función de resolver quién ganó las votaciones presidenciales; en este desempeño logramos lo siguiente:
Leonel Castillo González, licenciado en derecho, estudió un semestre de especialidad y abandonó su formación profesional; es un auténtico burócrata de cargos públicos, no ha redactado un sólo volumen ni ha sido preceptor.
Eloy Fuentes Cerda, carece de estudios de postgrado, lamentablemente le sorprendimos en un acto de picardía: se dice que fue PROFESOR ADJUNTO en la UNAM, esa denominación NO EXISTE, es más, hablar de un adjunto es citar a un sinvergüenza que al margen de la ley sustituye a un maestro, dándose una inmoralidad que inclusive es sancionada por la legislación universitaria.
José Alejandro Luna Ramos, el más reciente magistrado electoral, adolece de estudios de doctorado; su currículum muestra a un alumno destripado en niveles de especialidad, tampoco ha escrito libros, señalan que su mérito es ser hermano de una ministra de la corte, la cual se asegura fue quien lo impulsó.
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, única mujer dentro del Tribunal Electoral, según sus datos se ha especializado en materia laboral, aparece como catedrática en una institución rarísima que quizá no exista ni en internet, a la que nombra “Universidad de Arizona en Guadalajara”; sorprenden sus cifras personales donde subraya que fue la alumna más sobresaliente del sexto grado de primaria en el Estado de Jalisco, lo cual no implica ningún talento jurídico; argumenta haber impartido conferencias en España. Valdrá la pena conocer esas constancias.
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, es doctor en derecho, egresado de la máxima casa de estudios, hijo de quien fungiera como director de la Facultad de Derecho de la UNAM del mismo nombre. Sorprendentemente este funcionario tomó los apellidos de su progenitor; algunos consideran que fue para lograr éxitos profesionales; cero obras jurídicas en su haber, empero afirma ser egresado de la escuela de Administración Pública y Ciencia Política de Londres; de igual forma, es de hacer notar que sus consanguíneos trabajan en Ciudad Universitaria ocupando cargos de confianza gracias al rector De la Fuente.
José de Jesús Orozco Henríquez, diplomado en derecho, tiene la autoría de siete libros, efectuó estudios de derecho comparado en la Universidad de California, es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no obstante, se observa mantiene una liga de sospechosa dependencia en dicho instituto, dirigido por Diego Valadés y Jorge Carpizo.
Mauro Miguel Reyes Zapata, graduado en derecho, hace gala de un falso nombramiento: “profesor honorario” de la Universidad de Puebla.
De esta manera, de los siete magistrados sólo dos son realmente docentes, uno es escritor y los otros cinco modestos letrados. Lo cierto es que el apocamiento juzgará las elecciones, limitados y nada doctos legistas decidirán en algo tan relevante y delicado; lo grave, se dice que varios de ellos ya tienen compromisos con determinado partido político, que fue su trampolín para ocupar el cargo, sembrando así la duda sobre su imparcialidad.
Independientemente de cualquier subjetividad, hay dos hechos que deben preocupar: el primero, una supuesta compra de maquinaria realizada por Fernando Ojesto Martínez y Eloy Fuentes Cerda, que los obligó a renunciar al puesto que detentaban de presidentes en el Tribunal Electoral por registrarse en la misma, actos de corrupción.
El segundo asunto no menos censurable: es que esos jueces electorales, fuera de la ley y en un acto deshonesto, crearon un fideicomiso para beneficiarse con millonarias cantidades por concepto de retiro y jubilación; en estos aspectos evidentemente muestran una conducta delictiva de altos vuelos, incrementándose la inquietud por verlos determinar con ecuanimidad.
De inicio muchos creímos en el Tribunal Electoral; sin embargo, a final de cuentas el poder, la ambición y el dinero, todo lo envilece.
elb@servidor.unam.mx