Tradeco es una de las principales beneficiadas con contratos del Programa Nacional de Infraestructura, al cual se destinarán 422 mil millones de pesos anualmente. Detrás hay una historia de tráfico de influencias, conflictos de intereses, incumplimiento de contratos en Pemex y SCT. La contratista se perfila como la constructora del sexenio.
Ana Lilia Pérez
A dos años de iniciado el gobierno de Felipe Calderón, la compañía constructora Tradeco –que tiene como accionista mayoritario a Federico Alberto Martínez Urmeneta, hijo del exdirectivo de Petróleos Mexicanos (Pemex) Federico Martínez Salas– se perfila para ocupar el lugar que el sexenio pasado tuvo Cosme Mares y sus compañías Facopsa y Fastec: ser la constructora del sexenio, favorecida con onerosos contratos del gobierno federal. Todo ello, pese a que Tradeco arrastra un historial de incumplimientos en la ejecución de obra, daño patrimonial, tráfico de influencias, conflicto de intereses y supuestos fraudes en México y Centroamérica.
Tradeco supone otra historia de tráfico de influencias y conflicto de intereses en Pemex. Ésta involucra a Federico Martínez Salas, quien el sexenio pasado fue uno de los funcionarios con mayor poder en la paraestatal, donde ocupó los puestos de director ejecutivo del Proyecto Cantarell, subdirector de Proyectos de Producción Primaria de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas de Pemex Exploración y a Producción (PEP), y director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex; y a su hijo Federico Alberto Martínez Urmeneta, accionista mayoritario y representante de Tradeco ante el gobierno federal.
En el periodo en que Martínez Salas tuvo a su cargo la obra de ingeniería, infraestructura y construcción de Pemex, su primogénito obtuvo contratos del mismo rubro, que ascienden a más de 3 mil millones de pesos, tanto en Pemex como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo cual es contrario a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) y a la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), que prohíben a cualquier funcionario o sus familiares hasta en cuarto grado participar en las contrataciones del gobierno.
Aunado al conflicto de intereses –que según la LFRSP invalidaría todos los contratos y causaría la inhabilitación hasta por 20 años, tanto del funcionario como de la compañía–, el sexenio pasado Tradeco acumuló numerosas investigaciones integradas por los órganos internos de control, tanto en la SCT como en Pemex, por incumplimientos en sus contratos que incluso derivaron en algunas penalizaciones.
La contratista
El 18 de febrero de 1992, según escritura pública 8215, formalizada ante el notario 14 de Ciudad Nezahualcóyotl, Felipe Alfredo Beltrán Santana, se constituyó la empresa Trade Comercializadora, SA de CV, con un capital social de 10 mil pesos. En octubre de 1997, se modificó la denominación por la de Tradeco Infraestructura, SA de CV.
Su accionista mayoritario es Federico Alberto Martínez Urmeneta, quien también preside el Consejo de Administración; como vicepresidente aparece Sergio Toscano del Olmo; como secretario, Hilario de Jesús Orozco Unzieta; como tesorero, Luis Arturo Navarro Hernández; y como vocal, Yves Loustalot Laclette Macías. Tradeco opera, además, las subsidiarias Tradeco Ambiental, Marcadores de Pavimento y BestLabor.
Tradeco ingresó como contratista del gobierno federal en el mismo periodo en que Federico Martínez Salas, exdirectivo de ICA, se incorporó a la función pública. En el sexenio en que su papá estuvo en Pemex, Federico Alberto Martínez Urmeneta recibió contratos por cerca de 1 mil millones de pesos de la petrolera y por unos 2 mil millones de pesos de la SCT.
Por ejemplo, el 22 de octubre de 2003 Pemex Refinación le adjudicó un contrato por 379 millones de pesos para “trabajos de modernización” de la refinería de Minatitlán, por un periodo de 19 meses. En diciembre de 2005, la misma subsidiaria le adjudicó un contrato por 35 millones de pesos para la conservación y mantenimiento del poliducto en el derecho de vía y en el interior de las instalaciones superficiales del poliducto de Salamanca-Guadalajara.
En junio de 2006, la Región Sur de PEP le adjudicó el contrato 425026901, por 189 millones 128 mil 771 pesos, para la “inspección, rehabilitación y certificación de ductos en el activo integral Macuspana”. Dos meses después, la misma área le otorgó el contrato 425026938, por 150 millones de pesos, para la “inspección, rehabilitación y certificación de ductos del Activo Integral Bellota-Jujo”, en Tabasco, del 6 de octubre de 2006 al 18 de diciembre de 2008.
También en agosto de 2006, la Superintendencia del Sector Operativo Atasta, de PEP, en Macuspana, Tabasco, le otorgó el contrato 428236849, por 96 millones 781 mil 567.49 pesos, para la “rehabilitación de los sistemas de desfogue de gas y condensados” en el centro de distribución de gas marino en Ciudad Pemex, vigente del 11 de septiembre de 2006 al 8 de mayo de 2007.
Los contratos en la SCT
El 21 de enero de 2005, en una sesión del Consejo de Administración de Pemex, en la que estuvieron presentes Francisco Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda; Pedro Cerisola, de Comunicaciones y Transportes; y Fernando Canales Clariond, de Economía, ascendieron a Martínez Salas a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de la paraestatal. Para Tradeco se tradujo en el incremento en el número de contratos y montos del gobierno federal.
En febrero la SCT le adjudicó un contrato por 73 millones de pesos para la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico y obras complementarias en el entronque Tihuatlén, de la carretera México-Tuxpan. Ese mismo mes, el centro SCT en el Estado de México le adjudicó un contrato por 83 millones de pesos para la construcción del entronque Lomas Verdes II, ramal e incorporación a Lomas Verdes en la carretera Chamapa-Lechería.
En agosto, la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Vallarta le otorgó un contrato por 189 millones de pesos para la construcción de un muelle en la zona hotelera del puerto. Ese año la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una auditoría al proceso de licitación, integrada en el expediente 0455/2005, en la cual se comprobaron irregularidades en la asignación.
En octubre, la API Lázaro Cárdenas le otorgó un contrato por 494 millones de pesos para construir el puente sobre el brazo derecho del Puente Albatros, en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas. Ese mismo mes, el centro SCT en Tabasco le otorgó un contrato por 256 millones 912 mil pesos, para la construcción de dos escolleras y dragado marítimo del Puerto Frontera, obra con la cual, supuestamente, el gobierno federal reactivaría las operaciones en ese puerto. En torno a este contrato, Tradeco incurriría en incumplimientos que hasta la fecha mantienen paralizada esa zona del puerto.
En noviembre de 2005, el centro SCT en Sinaloa le adjudicó un contrato por 40 millones de pesos para la construcción del túnel Copala, en la carretera Durango-Mazatlán. En diciembre, el mismo centro contrató a Tradeco para construir otro tramo del túnel, mediante un contrato por 55 millones de pesos.
Además de Pemex y la SCT, otras dependencias del gobierno federal otorgaron millonarios contratos a la constructora en el periodo en que Federico Martínez Salas era funcionario público, en contravención a la LFRSP y la LOPSRM. Entre ellas, el Comité Administrador del Programa Federal de Reconstrucción de Escuelas, que en julio de 2005 le asignó un contrato por 33 millones de pesos para “la demolición, construcción, acabados e iluminación del edificio principal para la librería Bella Época”. En diciembre de ese mismo año, Aeropuertos y Servicios Auxiliares contrató a Tradeco para realizar trabajos de drenaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El 15 de septiembre de 2006, la delegación SCT en el estado de Guerrero adjudicó a Tradeco y su subsidiaria Marcadores de Pavimento, el contrato 6-L-CB-O-595-W-0-6 para colocar señalamientos en diversos subtramos carreteros. El trabajo, que se hizo en sólo tres meses, costó a Comunicaciones y Transportes 78 millones 917 mil 275 pesos.
La participación de Calderón
En agosto de 2006, en una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Martínez Salas, entonces director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, definió con la agrupación gremial una prospectiva de proyectos que Pemex realizaría en el periodo 2007-2016.
En enero de 2007, 20 días después de que Jesús Reyes Heroles ingresara como director general de Pemex, Martínez Salas dejó la paraestatal para participar en el diseño de los proyectos de infraestructura, considerados en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2007-2012, al cual, según datos de la Presidencia de la República, el gobierno de Felipe Calderón destinará 422 mil millones de pesos anuales en los sectores energía (263 mil 500 millones de pesos), comunicaciones y transportes (124 mil 800 millones de pesos) y agua (33 mil 700 millones de pesos).
Luego, Martínez Salas fue designado vicepresidente nacional de la CMIC. De acuerdo con datos de esta organización, Martínez Salas está a cargo de las relaciones con las siguientes dependencias: del gobierno federal, SCT, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; del gobierno del Distrito Federal, las secretarías de Transporte y Vialidad, la de Obras y Servicios, y las jefaturas delegacionales. También se encargará, entre 2008 y 2009, de la promoción de negocios con la iniciativa privada.
El nuevo cargo de su papá, ahora en el sector privado, resultó muy conveniente para el directivo de Tradeco. Su empresa ha sido hasta ahora la principal beneficiada con el PNI.
El caso Baluarte
Tradeco fue beneficiada con el último contrato que otorgara el secretario Pedro Cerisola Weber en la SCT. En noviembre de 2006, una semana antes de que concluyera el sexenio, la delegación en Sinaloa le adjudicó un contrato por 1 mil 113 millones de pesos para que construyera un tramo del Puente Baluarte, en el kilómetro 157 de la carretera Durango-Mazatlán, en el límite de los estados Durango y Sinaloa.
La premura con la que se adjudicó el contrato, pese al oneroso monto, derivó en que el Órgano Interno de Control abriera una indagatoria al proceso de licitación. En marzo de 2007, la SFP concluyó que la asignación había sido irregular y determinó que Tradeco debía devolver a la SCT el adelanto que había recibido a cuenta del contrato.
Mientras la SFP emitía su fallo, el presidente Felipe Calderón ubicaba a la compañía Tradeco, oficialmente encargada de la obra, como ejemplo de su programa carretero. A finales de 2007, la SCT determinó que la constructora continuara con la obra, definida por la Presidencia de la República como la “insignia” de Felipe Calderón en este rubro. Sin embargo, el monto que Pedro Cerisola Weber estipuló en 1 mil 113 millones de pesos, en el gobierno de Felipe Calderón –según información de la SCT– costará 1 mil 700 millones de pesos.
El pasado 21 de febrero, en el poblado El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, Calderón Hinojosa dio “banderazo de salida” al arranque de los trabajos del Puente Baluarte, que será la estructura más alta de América Latina y una de las más grandes del mundo; definido por Luis Téllez como “el puente más importante y emblemático de esta administración”.
En la administración de Calderón, las adjudicaciones directas han sido la vía más frecuente por la cual Tradeco ha obtenido contratos. Por ejemplo, el 29 de octubre de 2007, el centro SCT en Nayarit le otorgó, sin licitación pública de por medio, el contrato 7-R-CF-A-558-W-0-7 para que colocara los señalamientos en el tramo San Pedro Ixcatan-Jesús María, de la carretera Ruiz-Zacatecas. Se le pagaron 64 millones 780 mil 841 pesos.
El 30 de noviembre de 2007, la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad le otorgó la adjudicación directa 071015, por 21 millones 500 mil pesos, para retirar la tierra del cerro desgajado en la comunidad Juan de Grijalva, en Chiapas. Los trabajos se efectuaron entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre de 2007.
En marzo pasado, la Dirección General de Obras Públicas y Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública le otorgó por adjudicación directa el contrato F/OM/DGOPS/OP/AD/005/2008, por 30 millones 26 mil pesos, para la excavación y cimentación del edificio Plataforma México, en el predio ubicado en avenida Constituyentes 919, delegación Álvaro Obregón, del 3 de marzo de 2008 al 31 de mayo de 2009.
En mayo de este año, la Dirección General de Carreteras Federales contrató a Tradeco para realizar “estudios y proyectos” de la carretera Durango-Mazatlán. El monto: 2 mil 56 millones 689 mil 291 pesos, recursos que según la SCT le serán pagados con dinero del Fondo Nacional de Infraestructura.
En julio, el centro SCT en Sinaloa le asignó a Tradeco un contrato por 1 mil 700 millones de pesos para construir otro tramo del Puente Baluarte en la supercarretera Durango-Mazatlán, que formará parte de un corredor transversal que unirá a Mazatlán con Matamoros y conectará al Pacífico con el Golfo de México y hasta Estados Unidos.
Incumplimientos en contratos
En el periodo en que Federico Martínez Salas se desempeñaba como director corporativo de Pemex, la empresa de su hijo presentó atrasos en los trabajos que se le asignaron mediante los contratos 428232849, 425026901 y 425026938; sin embargo, ninguno de los tres le fue rescindido. Si los incumplimientos de la constructora con la petrolera del Estado fueron frecuentes, en la SCT las prácticas no eran mejores.
Uno de los casos que sobresale fue el que se registró el año pasado en la API de Dos Bocas, Tabasco. En octubre de 2005, la SCT le había otorgado un contrato por 385 millones de pesos para la construcción de dos escolleras y que dragara el río Grijalva, con lo cual, se reactivaría el puerto Frontera.
En la ejecución de la obra, que supuestamente debía concluir en diciembre de 2006, Tradeco se atrasó por varios meses, luego, la constructora exigió a la API incrementos al monto del contrato original, argumentando el incremento en sus costos por “las condiciones climatológicas”. Sin embargo, el director de la API, Aquiles Reyes Quiroz, se negó a avalar los incrementos.
Tradeco abandonó los trabajos; en respuesta, la API denunció a la contratista ante la SFP. Según declaró el director de la API a los medios de comunicación locales, Tradeco “pretendía cobrar sin haber realizado los trabajos del puerto de Frontera”. La obra fue suspendida.
En 2007, personal de Función Pública fiscalizó los avances de la obra. Encontró deficiencias, por ejemplo, la constructora dragó en un canal lateral del puerto antes de construir sus escolleras, lo que provocó que el área dragada se volviera a llenar de sedimentos y sólo alcanzara una profundidad de cuatro metros y no los 8.5 metros que requería la obra. Encontró también que se le autorizaron dos prórrogas para complementar las obras, pero la constructora tampoco culminó la obra.
Para el momento en que la SFP abrió la indagatoria, según le reportó la API, Tradeco había ejercido 190 millones de pesos, aunque el avance de la obra era menor al 30 por ciento. La SFP determinó que la compañía debía devolver a la SCT el dinero cobrado y hacer válida la fianza de garantía que debió presentar al momento de que se le adjudicó el contrato; al respecto, Contralínea solicitó a Comunicaciones y Transportes se le informara si Tradeco devolvió el dinero a las arcas públicas, pero a través del área de prensa, la SCT se negó a proporcionar dicha información.
No era la primera vez que Tradeco dejaba abandonada una obra pública. En enero de 2004, el gobierno de Colima contrató a la empresa para construir un muelle turístico en el puerto de Manzanillo. Según se estipuló en el contrato, éste debía estar listo en diciembre de ese año, pues sería inaugurado por el presidente Vicente Fox. Llegó julio y la empresa apenas había demolido la estructura del antiguo muelle. Por esas fechas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la obra porque Tradeco no tenía los permisos correspondientes ni los estudios de impacto ambiental.
Para diciembre de ese año, el gobierno de Colima rescindió el contrato. La administración estatal aseguró que además de incumplir con las fechas estipuladas en el contrato, la constructora no acreditó su solvencia económica.
En enero de 2003, el gobierno del Distrito Federal había sancionado a la compañía por “la mala verificación en la ejecución de los trabajos y por los daños ocasionados al gobierno local”, en la construcción de un distribuidor vial, en el que ocurrieron dos accidentes por la ruptura de los tensores que sujetan las varillas de algunas columnas.
También en 2003, según reportó El Diario de Querétaro, Tradeco cobró 1 millón 250 mil pesos por concepto de obra no ejecutada, de un contrato de obra pública para trabajos en el Centro Cívico Municipal, que le asignara el municipio de Querétaro. Aunque el contrato inicial fue establecido en 143 millones 122 mil 852 pesos, se pagó a la compañía 210 millones de pesos. Además, se liquidó antes de que la constructora terminara la obra.
Aunque no aparece en el directorio oficial de la empresa, Federico Martínez Salas es directivo de la constructora Tradeco, según confirmaron a Contralínea sus empleados, durante el periodo en que este medio de comunicación solicitó una entrevista. Tanto él como su hijo Federico Alberto Martínez se negaron a hablar de sus contratos con el gobierno federal.
Contralínea solicitó a los funcionarios de Pemex y la SCT una explicación acerca de los nuevos contratos asignados a la empresa, pese a sus incumplimientos, pero en ambas dependencias negaron dar respuesta.
Revista Contralínea / México
SAO PAULO, 12 de septiembre (apro).- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzará a fines de septiembre una nueva política petrolera para aprovechar los megacampos de crudo recientemente descubiertos a 230 kilómetros de las costas de Sao Pablo y Río de Janeiro.
El gobierno estima que el petróleo que se encuentra en las aguas profundas brasileñas equivale a entre 50 mil millones y 70 mil millones de barriles, que podrían convertir a Brasil en el octavo exportador mundial de crudo.
El presidente Lula públicamente dejó en claro que el modelo mexicano sobre el petróleo no es una referencia. Lo hizo en un discurso que pronunció el pasado 5 de septiembre en Suape, estado de Pernambuco, durante la inauguración del astillero Atlántico Sul.
Dijo: "Lo que vamos a hacer es exportar productos refinados, con valor agregado de mano de obra brasileña para generar riqueza en nuestro pueblo y no en otros países. Por ejemplo, México tiene petróleo, pero lo exporta crudo para Estados Unidos y después importa la gasolina y el diesel. Brasil aprendió a valorar el sabor de la libertad".
Según las fuentes oficiales y privadas consultadas por Apro, el gobierno de Lula quiere aprovechar los hallazgos de crudo en la Cuenca de Santos, a 6 mil metros de profundidad, en la capa geológica pre-sal, para financiar la educación pública y la ciencia y la tecnología.
El modelo a seguir es el de Noruega, que destina las ganancias de crudo a un fondo de inversión provisional para asegurar el sistema del Estado de Bienestar que rige en los países escandinavos.
La Cuenca de Santos, de mil 800 kilómetros de extensión, alberga los seis megacampos de petróleo descubiertos por Petrobras, la empresa estatal de capital abierto que cotiza en Wall Street, y sus socias extranjeras BP Petroleum (británica), Repsol YPF (hispano-argentina), Shell (holandesa) y Galp (portuguesa).
Exultante, el presidente Lula extrajo, el 3 de setiembre pasado, el primer petróleo de la capa pre-sal. Se manchó las manos del hidrocarburo y festejó una "nueva independencia" petrolera, en una plataforma de Petrobras frente a las costas del estado de Espíritu Santo, en el sudeste del país.
El hallazgo fue reconocido por la comunidad internacional como el de mayor importancia desde 1976. Ante ello, Irán invitó a Brasil a sumarse a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según informó el ministro de Minas y Energía brasileño, Edison Lobao, quien comentó que Brasilia aún evalúa la propuesta.
En varias ocasiones, Lula aclaró que rechaza la idea de sumarse a la comunidad de países exportadores de petróleo que basan sus economías en la producción de crudo. Por eso, puso en marcha un plan para crear seis refinerías de Petrobras.
El debate sobre el modelo
El debate dentro del gobierno apunta a la reforma de la Ley del Petróleo de 1997, aprobada durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que eliminó el monopolio estatal de Petrobras y la abrió la participación de compañías privadas, tanto nacionales como extranjeras.
La Agencia Nacional de Petróleo (ANP), el ente regulador, realizó rondas de licitaciones de campos petroleros desde 1997, pero a partir de los descubrimientos en la Cuenca de Santos suspendió las concesiones en esa región.
La propuesta del ministro Lobao es crear en la bolsa de valores de San Pablo una nueva empresa estatal que se llamaría Petrosal o Petrounión, la cual administraría los megacampos petroleros, una idea a la que Petrobras se resiste.
"El petróleo es de la nación. Esas reservas no pueden quedar en manos de cinco empresas extranjeras, sino que deben ser para el desarrollo del pueblo en educación", dijo Lula ante la Unión Nacional de Estudiantes a fines de agosto.
Para los expertos, cambiar la ley petrolera puede provocar dificultades al gobierno, el cual debe desembolsar 600 mil millones de dólares que se estiman necesarios para invertir en buques y sondas submarinas que extraerían la riqueza en aguas profundas.
"Los megacampos fueron descubiertos por Petrobras y sus socias extranjeras. No es bueno cambiar las reglas de juego cuando se necesitan miles de millones para poder extraer ese crudo offshore", objetó, en entrevista con Apro, el ingeniero ítalo-brasileño Giussepe Bacoccoli, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
Para Bacoccoli, "nadie sabe los números precisos, pero se necesitarán miles de millones de dólares para extraer en aguas profundas. El negocio es difícil y caro y Petrobras necesita sí o sí de capital extranjero. Cambiar las reglas de juego no es bueno para el inversionista externo. Y la industria del petróleo debe reforzarse y no debilitarse enviando las ganancias a otros sectores".
De hecho, el gobierno se encuentra dividido sobre la política petrolera. Petrobras y su presidente, José Sergio Gabrielli, así como sus accionistas privados, rechazaron la idea del ministro Lobao: crear una nueva empresa estatal destinada a administrar los recientes hallazgos, como ocurrió en Noruega.
El modelo noruego, que se convirtió en centro de debate en Brasil, fue instaurado en el país europeo en 2001. El gobierno de Oslo creó la empresa Petoro, que tiene 60 empleados y no explota directamente el petróleo. La compañía que lo realiza es Statoil Hydro. Como Petrobras, Statoil Hydro es mixta (tiene participación privada y cotiza en bolsa) y es responsable de casi 80 por ciento de la producción en Noruega.
"Las ganancias del petróleo deben servir para hacer las reparaciones históricas que Brasil necesita. No tengo envidia de Noruega por tener petróleo y tecnología. Tengo envidia porque el ingreso por capita es de 76 mil dólares anuales", aseveró Lula ante periodistas el pasado 29 de agosto.
Petoro es socia no operacional de las empresas contratadas para extraer el crudo en el Mar del Norte. Las ganancias de Petoro son enviadas al fondo soberano llamado Fondo Gubernamental de Pensiones, que opera en el exterior de Noruega y es el principal sustento del sistema de pensiones y seguro social de ese país. En el primer semestre de 2008 Petoro aportó casi 15 mil millones de dólares al gobierno de Oslo.
Ese modelo está listo para aplicarse en Brasil. Partiría con la creación una nueva empresa 100 por ciento estatal que establezca un fondo soberano en el exterior, que sería destinado para la educación y la ciencia y tecnología. Tal modelo es impulsado por el ministro de Economía, Guido Mantega.
En Brasil las empresas pagan entre el 9 y el 60 por ciento en impuestos generales y regalías, dependiendo del riesgo que tengan que asumir en la exploración y extracción del crudo. Hace siete años, Noruega cambió su sistema de regalías y las amplió a las regiones no petroleras, algo similar a lo que estudia instrumentar Brasil.
Para el Partido de los Trabajadores (PT), fundado en 1980 por Lula, la creación de una nueva empresa estatal podría quitarle peso a Petrobras. Por eso existe un proyecto para comprar más acciones de Petrobras. El vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Eduardo Valverde, del PT, dijo, en entrevista con Apro, que su partido aboga por robustecer a Petrobras sin crear una nueva empresa para explorar los megacampos de la Cuenca de Santos.
"Creemos que ganará nuestro proyecto que, sin crear una nueva empresa pública, le otorga poder al Estado para contratar a una empresa que extraiga el crudo, a la que se le pagaría por el trabajo realizado. Y esa empresa tiene que ser Petrobras", adelantó.
El reconocido economista y matemático Aloisio Araujo, profesor de Postgraduación en Economía de la Fundación Getulio Vargas, defendió la idea del gobierno de invertir el dinero del petróleo -el cual podrá comenzar a extraerse a niveles comerciales a partir de 2012-- en la educación infantil de 0 a 5 años.
"No necesitamos repetir el modelo de Noruega o el de Venezuela. Invertir en la educación infantil es la prioridad que dará una tasa de retorno incomparable, teniendo en cuenta el histórico déficit educacional de Brasil", evaluó el economista.
Asistimos al “día del juicio final” de la muy cantada desintegración del sistema financiero del modelo neoliberal anglosajón. Pese a que la quiebra, aceptada semántica y legalmente bajo el capítulo 11 del legendario banco de inversiones Lehman Brothers, de 158 años de vida –representa la mayor en la historia–, no se compara en términos contables con la nacionalización (más correctamente dicho estatización) de las gemelas hipotecarias Fannie y Freddie (ver Bajo la Lupa, 10/09/08).
