ATEÍSMO Y III REPÚBLICA
Francisco Miñarro,
Coordinador FIdA
Charla pronunciada el 24.04.08 en el Ateneo Republicano de Valladolid
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A primera vista, puede parecer extraña o artificial la pretensión de conjugar ambos términos, y aún más la de establecer una relación de causa y efecto entre una forma de pensamiento que atañe exclusivamente a los contenidos de la propia conciencia y la reinstauración de un modelo de Estado que recupere la legitimidad democrática rota por el franquismo. Sin embargo, la ecuación se resuelve desde el momento en que atendemos al significado de su implicación mutua y comprendemos ambos términos desde la perspectiva de su objetividad y de su racionalidad histórica.
Pero antes, será oportuno hacerlo también partiendo de la reacción planteada por los pensadores irracionalistas europeos contrarios a los valores de la Ilustración. Dejando aparte el origen primitivo de la realeza sagrada, fueron los ultracatólicos del XVIII, en especial Louis de Bonald, quienes defendieron de forma más clara la síntesis entre teísmo y monarquía, y consecuentemente idearon su contraposición en forma de una relación directa entre ateísmo y democracia. La presencia de un icono central en ambos sistemas, el religioso y el monárquico, justificaba la equivalencia entre el rey terrenal y el de los cielos, de donde se deducía que la forma adecuada de gobierno sería la que imitara a la teocracia divina.
La aparición del constitucionalismo como superación de esta alternativa fue más tarde considerada como muy útil. No solamente existía un paralelismo entre la monarquía absoluta y la imagen de un regente divino universal, en tanto que ambas entelequias forman parte de sistemas jerárquicos de representación, sino que también la monarquía constitucional moderada, desde un punto de vista peculiar, reunía las condiciones adecuadas para mantener una relación íntima con la imaginería política del Catolicismo. Esta solución clerical entusiasmó sin duda a los ideólogos de la reacción y a los partidarios de las monarquías europeas en decadencia, y demostraba la fina capacidad de adaptación de algunos defensores del Antiguo Régimen ante las circunstancias históricas surgidas tras la Revolución.
Se trataba, en suma, del razonamiento siguiente: existe una providencia por la que se rigen los acontecimientos del cosmos. Ésta será ordinaria cuando obre de acuerdo con las leyes naturales, y extraordinaria o milagrosa cuando haga lo contrario. De forma tal que, en el primer caso, “Dios” actuaría constitucionalmente, y, en el segundo, dictatorialmente. Conclusión no exenta de cierta lógica, y que por lo demás inaugurará toda una tradición de propaganda teológico-política por parte de la Iglesia.
Salta a la vista que la dictadura es, según la citada interpretación, el milagro que subyace en la política monárquica, y que su fundamento reside simplemente en la negación directa de la emancipación social. El pueblo es tutelado y supervisado por una institución que se coloca por encima de él y que recibe su justificación desde fuera del espacio público común, derivando su existencia del mito y de la tradición.
Pero no sólo el mito como doctrina y la tradición como ortodoxia condicionan el problema de la autoridad política de la monarquía. La religión, imbricada férreamente con toda teoría del poder, posiblemente constituya el factor nuclear más indicado para configurar un código de normas y de presiones psicológicas, hasta tal punto interiorizadas que hacen menos necesaria la intervención de otros mecanismos de vigilancia. La religión es, por definición, estrategia política y propaganda de masas en estado puro.
Al colocar por encima del hombre la norma de su acción, toda religión llama a respetar lo sagrado, a someterse a ello. Proclamar la soberanía de un dios implica necesariamente afirmar la subordinación del hombre. Puesto que el orden social, según la religión, no puede venir más que de un principio superior y exterior, y puesto que la sociedad no puede encontrar en sí misma su justicia, el Estado no sería el resultado de contratos que emanarían de los ciudadanos, sino el producto de las relaciones de subordinación entre una autoridad y un sujeto que obedece. La concepción cristiana de un soberano absoluto propone una imagen análoga al principio de la razón de Estado.
La teoría religiosa mantiene un vínculo preciso con el Estado despótico. La democracia, por el contrario, responde a la necesidad de un contrato social, lo que indica la equivalencia jurídica entre las partes y la ausencia de una premisa religiosa que la avale. Una cierta lógica indicaría, sin embargo, que, dada la relación establecida entre monarquía y teísmo, la consecuencia política del ateísmo no podría ser otra que la anarquía. Y en efecto, así lo creyó Proudhon. Ya que “dios” ni reina, ni gobierna, ni es persona o multitud, dado que no existe, tampoco tendría validez normativa ninguna forma de gobierno, aunque no justificara la existencia del Estado y de sus dispositivos de autoridad basándose en abstracciones.
Dicha perspectiva, no obstante, puede matizarse hasta cierto punto con el argumento de la consideración del ateísmo no en tanto que un simple sistema de valores reducidos a la negación de fábulas teológicas y de supersticiones, sino más bien como conciencia de la propia autonomía y de la responsabilidad del individuo como creador único de su norma, en interacción directa con el medio. Ese es el sentido en el que debe comprenderse el individualismo ateo. Sea cual sea el grado de democracia real dentro de un sistema político cualquiera, tal autonomía implicaría el derecho y las herramientas aptas para prescindir de instituciones y normativas no basadas en el libre consenso, especialmente cuando reproducen matrices derivadas de engaños jurídicos, como en el caso de la actual monarquía española.
Más allá de su legitimidad constitucional, e incluso dejando a un lado las especiales características que rodearon a la restauración impuesta por el dictador como legado, lo que sostiene a toda monarquía es el mito de la sucesión sanguínea, el milagro pre-político de la línea dinástica. No se trata simplemente de un paralelismo entre el imaginario religioso y el de gobierno, como ya hemos visto, sino de la intervención directa de causas extraordinarias, de carácter mítico o mágico, que se pretenden subyacentes y preeminentes sobre la racionalidad del consenso democrático.
En lenguaje marxista, podría decirse que la crítica a la religión es el presupuesto de toda crítica. El hombre construye la religión, porque en ella proyecta su propia conciencia y su propia dignidad. Por eso, toda religión constituye una teoría del mundo, y toda lucha contra la religión implica, directa o indirectamente, una lucha contra ese mundo infectado de religiosidad. Ésta es la razón fundamental por la que el “nuevo ateísmo” no puede limitarse a una reflexión personal en torno a las ficciones de la teología, sino que implícitamente responde a una voluntad de emancipación y de liberación ética y social.
Así como la religión no crea al hombre sino el hombre a la religión, tampoco las constituciones dan forma a los pueblos, sino que éstos dan forma a sus normas fundamentales. La democracia se distingue porque en ella las Constituciones son un reflejo de la voluntad ciudadana. Una Constitución no puede formar por sí misma el Estado. La monarquía es una inconsecuencia cuando se pretende “constitucional” o parlamentaria, puesto que infiere su existencia de causas que le trascienden –la línea dinástica, el mito de su origen, la gracia divina, la guerra o la conquista, etc.-, mientras que la democracia no recibe otro significado que el suyo propio. La segunda es género y forma; la primera, especie defectuosa que cuando se presenta como forma falsea el contenido.
Sólo una democracia puede decirse tal cuando se recrea y experimenta como un espacio vivo de derechos y libertades. Cuando surge de la objetividad y regula racionalmente las tensiones que se dan en la sociedad. Decir Democracia es decir República, porque sólo ésta garantiza la igualdad jurídica para todos los ciudadanos. Y decir República es decir Democracia, porque la primera no se reduce a una fórmula hueca definida por las instituciones, sino que responde a la experiencia de la justicia y de la participación activa en la vida pública.
Por eso, democracia, república y laicismo son, en realidad, sinónimos, y constituyen la antítesis de la propuesta monárquica. El laicismo es la única garantía para la igualdad y la libertad de los ciudadanos, puesto que implícitamente rechaza la consideración de sujeto jurídico para las comunidades basadas en la pertenencia a un credo, y contempla al individuo como único actor social dotado de derechos. Esto no impide, en modo alguno, la posibilidad de interacción entre las comunidades religiosas como tales y el espacio público, dado que, como cualquier otro colectivo, éstas pueden legítimamente organizarse y ejercer medidas de presión dirigidas a favorecer sus propios intereses. Pero excluye la subordinación del resto de los ciudadanos a cualquier normativa y a cualquier ideología moral o religiosa, reforzando así el carácter absolutamente inviolable de la conciencia individual.
Pero si bien el laicismo constituye una regla básica de convivencia, al evitar la supremacía de un condicionamiento religioso cualquiera sobre la totalidad del cuerpo social, sólo la emancipación del propio individuo con respecto a dichos condicionamientos puede contribuir a garantizar su estabilidad, al no subordinar la legitimidad democrática a ningún factor externo y trascendente. El ateísmo, entonces, en tanto que afirmación de la conciencia liberada del individuo, deriva en la valoración de lo público como escenario de las libertades políticas individuales, a la vez que define a éstas en virtud de su coherencia y de su proyección objetiva.
La República es la materialización de la democracia, en tanto que implica la absoluta igualdad y la absoluta participación del individuo en el campo político. Pero la plenitud democrática se construye en dos direcciones: estableciendo límites a las ambiciones comunitaristas, que son exclusivistas y actúan siempre en prejuicio de la colectividad mayor, y permitiendo el proyecto de autonomía ética, social y cultural de los ciudadanos.
El poder, en la República, pertenece a todos, y se ejerce en beneficio de todos. Cuando el poder se pone al servicio de los más influyentes no puede hablarse de República, sea cual sea el sistema de gobierno adoptado, porque en realidad el término posee un carácter más normativo que jurídico o constitucional. Supone la voluntad de resistir a los privilegios, los corporativismos, las iglesias y el parasitismo. Supone, en definitiva, un principio regulador.
Ser republicano es aspirar al máximo grado de derechos y libertades. Ser republicano es exigir la democracia más absoluta, más igualitaria y más laica. Y ser ateo es, además, afrontar, desde un punto de vista exclusivamente humano, la ley, la libertad y la justicia.
¿Cómo abordar, desde este planteamiento, una práctica política que responda a las exigencias éticas planteadas? Un análisis atento de las estrategias y movimientos de las organizaciones religiosas nos permite elaborar un mapa crítico caracterizado por el auge de los fundamentalismos y por la desorientación que los partidos y colectivos progresistas experimentan al respecto de su interpretación y su neutralización. La complejidad de la situación histórica y la falta de coherencia intelectual de muchos que se consideran de izquierda conduce a un tipo de resignación desastroso. Para éstos, la justicia como placer social debe remitir ante los ingredientes más o menos violentos de las tradiciones religiosas, y la apetencia acrítica de la pluralidad desembocar en el falso paraíso de la tolerancia y del respeto a las ideologías que sitúan la voluntad de un imaginario “Dios” por encima de la de los hombres. Lo cual obliga a la renuncia de la lógica como principio arquitectónico de toda ética y de todo sentido común.
La ofensiva contra el laicismo, tanto en Europa como en el resto del mundo, se enmarca en un escenario definido por el crecimiento de las identidades religiosas y de sus ambiciones. Los diferentes fundamentalismos plantean de forma radical la idea de comunidad política. Según ellos, el Estado debe basarse en un pacto de integración religiosa, en la restauración de la creencia colectiva como fundamento moral y jurídico de la sociedad. Apelando al derecho de libertad religiosa en Occidente, y a la reivindicación geopolítica en los territorios subyugados por el Islam, las corrientes fideístas infiltran su mensaje en medios de comunicación, instituciones educativas y centros de decisión. Aparentemente enfrentados, operan sin embargo en forma de alianzas tácticas, puesto que todos ellos manifiestan abiertamente su enfrentamiento con los avances científicos, éticos y culturales tendentes a la humanización y laicización de las sociedades. Todos ellos, además, condicionan la aspiración laicista al ámbito del relativismo y de los restantes “errores” de la modernidad. El Sylabus, no lo olvidemos, persiste todavía en el código moral de aquellos para quienes el derecho debe subordinarse al dogma de la creencia. Es imprescindible, entonces, blindar el ámbito público de cualquier influencia teológica, y es igualmente imprescindible promover el debate, la reflexión y la denuncia de las actuales formas impositivas del clericalismo aliadas con la derecha católica.
En el mundo moderno, la religión es una fuerza fundamental, quizá la fuerza fundamental, que motiva y moviliza a la gente. En la actualidad, asistimos, querámoslo o no, al desarrollo de una serie de ofensivas fundamentalistas que amenazan tanto la laicidad de los Estados como la seguridad internacional. Veamos algunas de ellas:
América Latina se ha convertido en un verdadero campo de experimentación, principalmente por parte de las sectas evangélicas, que imitan las técnicas agresivas de propaganda de los misioneros norteamericanos que invadieron el territorio en décadas anteriores. La Iglesia católica considera a la población de esta zona como un objetivo evangelizador prioritario, intentando mantener un difícil equilibrio con la competencia. Muchos movimientos indígenas han asumido una actitud belicosa con respecto a la Iglesia, sobre todo tras el viaje de Benedicto a Aparecida, en Brasil, y la publicación de un documento final por parte de la Conferencia Episcopal Latinoamericana que provocó fuertes tensiones.
La Iglesia conserva un status muy privilegiado en la mayoría de estos países, debido en parte a la pervivencia de Constituciones proclives a una confesionalidad más o menos encubierta. El peso histórico de su colaboración con las dictaduras militares del siglo XX permite que exista una corriente de opinión crítica, y que comiencen a surgir colectivos y organizaciones laicistas y ateas, especialmente en Argentina y Colombia. El caso de México es otro; su tradición laicista se enfrenta a una auténtica batalla ante los constantes ataques clericales, cuyo artífice principal es el cardenal Norberto Rivera. La despenalización del aborto en el DF, bajo algunos supuestos, produjo una dura reacción por parte de los obispos. Simultáneamente, su injerencia en política va en aumento, y se está dando en la actualidad un intenso debate público. El nombramiento de Felipe Calderón como Presidente ha favorecido el acceso al poder de una variada colección de activistas católicos y de la derecha cristera mexicana. La Iglesia se permite una actuación descarada, a menudo en forma de provocación.
En Estados Unidos, el régimen de Bush ha favorecido a la derecha religiosa incluso aún más que durante la época de Reagan, tanto en términos de poder político como de influencia moral. El fenómeno más llamativo, sin embargo, consiste en la construcción de la “Guerra contra el terror”, en la más dura línea de las estrategias neoconservadoras que pretenden afianzar un papel rector para los Estados Unidos. Organismos tan opacos como el Project for a New American Century diseñan las fases de un proyecto tendente a asegurarse las fuentes de energía de Oriente Medio, y para el cual se crearon y favorecieron movimientos islamistas radicales que justificaran la invasión de Irak y la implantación de bases militares cercanas a las fronteras iraníes. La religión tiene una especial presencia en la vida de los norteamericanos, y los grupos de creyentes determinan de forma decisiva la opinión pública. La tasa de crecimiento de la población latina explica el aumento de la presión corporativa por parte de la Iglesia católica, que sin embargo observa preocupada la proliferación de movimientos pentecostales y carismáticos muy activos.
En Rusia se ha evidenciado, durante el Gobierno de Putin, un aumento espectacular de la presencia de la Iglesia Ortodoxa en la vida pública. El mito de una identidad rusa íntimamente subordinada a la vigilancia de los popes ha vuelto con fuerza en una sociedad obligada a redefinirse desde el hundimiento del comunismo de Estado. Los privilegios eclesiásticos en materia educativa van al alza, así como la recuperación del papel rector del que disfrutaron en épocas anteriores. La Iglesia católica se esfuerza, en las repúblicas ortodoxas, en introducirse como una cuña mediante una ofensiva evangelizadora muy agresiva, mientras que en las repúblicas islámicas el renacimiento religioso procede de la aspiración de los centroasiáticos a afirmar las identidades que Moscú suprimió durante décadas.
Los musulmanes encuentran su identidad en la comunidad religiosa, es decir, en una entidad definida por el Islam, más que por criterios étnicos o territoriales. La reislamización es un modo de reconstruir una identidad, puesto que los movimientos fundamentalistas, en general, surgen como respuesta a la experiencia de pérdida de sentido y de estructuras sociales seguras generada por la modernización. Pero “Islam” significa, literalmente, “sumisión”. Sumisión a un ídolo máximo y celoso de sí mismo. Aunque también, y principalmente, sumisión a un código impositivo, a un conjunto de referencias transmitidas y de comportamientos heredados que constituyen la cárcel ambiental del creyente.
Europa es hoy atravesada por una marea conservadora. La Francia de Sarkozy sufre un embate brutal contra el laicismo republicano. Italia recupera a un delincuente como Jefe del Estado, y en Alemania las iglesias se amamantan con dinero público. El proyecto de una Constitución para Europa pretende privilegiar conceptos tan equívocos como el de la libertad religiosa, haciendo posible el afianzamiento de los comunitarismos religiosos como sujetos de pleno derecho. La política vaticana se ejerce mediante una presión constante, especialmente en los terrenos de la bioética, la moral sexual y los derechos relativos al cuerpo (eutanasia, aborto y contracepción), que insiste en la conservación de los valores éticos preservados por la familia “tradicional”.
Pero es evidente que el modelo de familia católico no es el modelo universal de familia, sino que lo es tan sólo para una parte de la población y responde exclusivamente a sus valores. En nuestro país es la jurisdicción civil, y no el Código de Derecho Canónico, lo que otorga validez legal a la variedad de tipos de familia existentes. El proceso de equiparación de derechos se ha de situar al margen de la orientación sexual de los individuos, y la supresión de situaciones de marginación forma parte de una concepción laica y no dogmática de las relaciones entre las personas. Por lo tanto, la imposición o la promoción de un modelo familiar exclusivo, hipócritamente definida como una defensa, constituye en el fondo un ataque a la autonomía del derecho civil y a la independencia de éste con respecto a cualquier régimen jurídico confesional.
En nuestro país, la Conferencia de los obispos ha conseguido un protagonismo público indecente, y ha desarrollado una política de confrontación en clara sintonía con la línea más dura del Vaticano. El catolicismo sigue viéndose a sí mismo como la religión histórica de los españoles. En pleno siglo XX, el estado español era el ejemplo por excelencia de una sociedad con una única religión dominante. Obispos, religiosos y católicos en general consideraban que la preservación del orden social era irrenunciable, y que ésta no sería posible sin la voluntad de apoderarse de todo el espacio público, tanto en su vertiente política como religiosa.
La pervivencia de los privilegios blindados por el Concordato del 79 y de los residuos de confesionalidad que impregnaron la redacción del texto constitucional, unido al temor histórico reverencial que el partido socialista experimenta por el voto católico, permiten que los símbolos religiosos subsistan en espacios públicos, que se impongan criterios de fe en la normativa sobre educación, que se destine una buena parte de los presupuestos estatales y autonómicos al mantenimiento de organizaciones e instituciones religiosas y que se privilegie, en resumen, el estatuto jurídico de las iglesias, en especial de la católica. Acabar con la financiación de sectas y empresas religiosas es una prioridad, o debería serlo, desde una política social consecuente.
Una nueva República, en España, desde la perspectiva propuesta y bajo las premisas indicadas, equivaldría a una primavera democrática y laicista, en la que se conjugaría la herencia política y humanista de la anterior con un compromiso de futuro. No es imposible, ni tampoco excesivamente difícil. Pero requiere de una condición previa, que todos hemos de hacernos capaces de transmitir: la capacidad para imaginar nuevas propuestas y nuevos objetivos, para servirnos de nuevos lenguajes y de nuevas líneas de comunicación. Finalmente, exige la capacidad para imaginar una sociedad más libre y con un mayor grado de madurez política. Y esta capacidad florece. Sigilosa y lenta, pero crecientemente.
