RUBÉN MARTÍN: MOURIÑO: ENERGÉTICOS Y MANO DURA
NOTA ORIGINAL PÚBLICO MILENIO
A una semana de la salida de Francisco Ramírez Acuña de la Secretaría de Gobernación, va quedando cada vez más claro que la suerte del político jalisciense es un asunto apenas anecdótico y de repercusiones estrictamente locales. Ni la política internacional, ni la nacional lamentarán su salida.
Lo relevante de la llegada de Juan Camilo Mouriño es que representa la apuesta estratégica del actual grupo gobernante para atender dos frentes que le interesan. Uno, seguir propiciando la privatización del sector energético, con reforma energética o sin ella; y dos, endurecer la mano dura en contra de los movimientos sociales y reforzar políticas contrainsurgentes en contra de las casi dos decenas de grupos guerrilleros que hay en el país.
El mismo día de su nombramiento, Calderón instruyó a Mouriño para que mantuviera el diálogo con “todas las fuerzas políticas” para sacar adelante las “reformas estructurales” que el país necesita. El discurso de las reformas estructurales es uno de los grandes mitos nacionales de la época reciente. Desde los grupos gobernantes y los organismos nacionales e internacionales que influyen en la política nacional se nos ha tratado de vender la idea de que la única manera de que México progrese y prospere es aplicando un nuevo paquete de “reformas estructurales”. ¿Qué demonios son esas reformas? Según el punto de vista oficial, la nación padece una serie de limitaciones para volverse competitiva en el marco de la economía global y para ser atractiva a la inversión extranjera. Se requieren cambios de fondo que se venden bajo el envoltorio de “reformas estructurales”. Debajo del paquete existe la intención de volver más flexible la fuerza de trabajo mediante un cambio regresivo en la legislación laboral y la apuesta por abrir el sector energético a los capitales privados, especialmente a los extranjeros.
Como se sabe, México está entre los diez países con mayores reservas energéticas, particularmente petróleo, y como todo mundo sabe, el petróleo y sus derivados son la energía que mueve la moderna economía capitalista. Imagínese el gran negocio que significan ese 12.4 billones de barriles de petróleo en reservas para las grandes compañías petroleras internacionales.
Pero al parecer para el grupo tecnocrático que ha estado al frente del país desde hace 24 años, ya ha llegado la hora de remover y tentar el mito del nacionalismo mexicano. Son tan soberbios e ignorantes de lo que ocurre en el subsuelo mexicano, que piensan que es posible ahora cambiar las leyes para permitir la inversión extranjera en el sector energético.
Una vez que se legalizó el cuestionado resultado electoral a favor de Calderón, envió a Mouriño a una reunión de alto nivel con empresarios y políticos de América del Norte en donde se discutió la pertinencia de “profundizar la integración energética” y de seguridad nacional de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro se llevó a cabo del 12 al 14 de septiembre de 2006 en Alberta, Canadá donde representantes de grandes corporaciones hablaron abiertamente de su intención de de invertir en el país. Además de Mouriño, Calderón envió a Ernesto Cordero y a Arturo Sarukhán (La Jornada, 25 de septiembre 2006). Unos días después de ese encuentro, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a la reunión interparlamentaria México-Canadá en Ottawa, donde ofrecieron legislar para abrir el sector energético a la inversión privada extranjera.
Pero aún sin cambios a la ley en la materia, el gobierno de Calderón se está abriendo de par en par para la penetración de capitales extranjeros. El martes se confirmó la asignación de contratos por 683 millones de pesos a Halliburton, la corporación estadunidense que tenía como alto funcionario al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney y que tiene en su historial una larga relación de demandas por corrupción (Público, 22 de enero). En conjunto, el gobierno de Calderón ha brindado contratos por dos mil millones de dólares a Halliburton.
Esto es lo relevante con la llegada de Mouriño a Gobernación. El ajuste del equipo de gobierno de Calderón que cree que ya tiene el control político necesario como para arriesgarse a tentar el nacionalismo energético mexicano. Se va a llevar un chasco. Además Mouriño tiene otra encomienda: endurecer la mano en contra de los movimientos sociales y operar la creación de un entramado político y jurídico para ilegalizar a los grupos guerrilleros y armados del país, tal como lo hizo el gobierno de Aznar en España. Esta apuesta será comentada en otra columna.
A una semana de la salida de Francisco Ramírez Acuña de la Secretaría de Gobernación, va quedando cada vez más claro que la suerte del político jalisciense es un asunto apenas anecdótico y de repercusiones estrictamente locales. Ni la política internacional, ni la nacional lamentarán su salida.
Lo relevante de la llegada de Juan Camilo Mouriño es que representa la apuesta estratégica del actual grupo gobernante para atender dos frentes que le interesan. Uno, seguir propiciando la privatización del sector energético, con reforma energética o sin ella; y dos, endurecer la mano dura en contra de los movimientos sociales y reforzar políticas contrainsurgentes en contra de las casi dos decenas de grupos guerrilleros que hay en el país.
El mismo día de su nombramiento, Calderón instruyó a Mouriño para que mantuviera el diálogo con “todas las fuerzas políticas” para sacar adelante las “reformas estructurales” que el país necesita. El discurso de las reformas estructurales es uno de los grandes mitos nacionales de la época reciente. Desde los grupos gobernantes y los organismos nacionales e internacionales que influyen en la política nacional se nos ha tratado de vender la idea de que la única manera de que México progrese y prospere es aplicando un nuevo paquete de “reformas estructurales”. ¿Qué demonios son esas reformas? Según el punto de vista oficial, la nación padece una serie de limitaciones para volverse competitiva en el marco de la economía global y para ser atractiva a la inversión extranjera. Se requieren cambios de fondo que se venden bajo el envoltorio de “reformas estructurales”. Debajo del paquete existe la intención de volver más flexible la fuerza de trabajo mediante un cambio regresivo en la legislación laboral y la apuesta por abrir el sector energético a los capitales privados, especialmente a los extranjeros.
Como se sabe, México está entre los diez países con mayores reservas energéticas, particularmente petróleo, y como todo mundo sabe, el petróleo y sus derivados son la energía que mueve la moderna economía capitalista. Imagínese el gran negocio que significan ese 12.4 billones de barriles de petróleo en reservas para las grandes compañías petroleras internacionales.
Pero al parecer para el grupo tecnocrático que ha estado al frente del país desde hace 24 años, ya ha llegado la hora de remover y tentar el mito del nacionalismo mexicano. Son tan soberbios e ignorantes de lo que ocurre en el subsuelo mexicano, que piensan que es posible ahora cambiar las leyes para permitir la inversión extranjera en el sector energético.
Una vez que se legalizó el cuestionado resultado electoral a favor de Calderón, envió a Mouriño a una reunión de alto nivel con empresarios y políticos de América del Norte en donde se discutió la pertinencia de “profundizar la integración energética” y de seguridad nacional de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro se llevó a cabo del 12 al 14 de septiembre de 2006 en Alberta, Canadá donde representantes de grandes corporaciones hablaron abiertamente de su intención de de invertir en el país. Además de Mouriño, Calderón envió a Ernesto Cordero y a Arturo Sarukhán (La Jornada, 25 de septiembre 2006). Unos días después de ese encuentro, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a la reunión interparlamentaria México-Canadá en Ottawa, donde ofrecieron legislar para abrir el sector energético a la inversión privada extranjera.
Pero aún sin cambios a la ley en la materia, el gobierno de Calderón se está abriendo de par en par para la penetración de capitales extranjeros. El martes se confirmó la asignación de contratos por 683 millones de pesos a Halliburton, la corporación estadunidense que tenía como alto funcionario al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney y que tiene en su historial una larga relación de demandas por corrupción (Público, 22 de enero). En conjunto, el gobierno de Calderón ha brindado contratos por dos mil millones de dólares a Halliburton.
Esto es lo relevante con la llegada de Mouriño a Gobernación. El ajuste del equipo de gobierno de Calderón que cree que ya tiene el control político necesario como para arriesgarse a tentar el nacionalismo energético mexicano. Se va a llevar un chasco. Además Mouriño tiene otra encomienda: endurecer la mano en contra de los movimientos sociales y operar la creación de un entramado político y jurídico para ilegalizar a los grupos guerrilleros y armados del país, tal como lo hizo el gobierno de Aznar en España. Esta apuesta será comentada en otra columna.
