Mochos y machos de Jalisco · El Fisgón

Panista tenía que ser · Helguera

TLCAN · Ahumada
Mochos y machos de Jalisco · El Fisgón

Panista tenía que ser · Helguera

TLCAN · Ahumada
Ana María Aragonés
amaragones@gmail.com
Si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “ha sido benéfico para México, con todo y los naturales convenientes e inconvenientes de un acuerdo de esta naturaleza... pues ha significado empleo formal e incluso los salarios mejor pagados para los sectores vinculados”, según afirmó el presidente Felipe Calderón en su discurso del 7 de enero, entonces ¿por qué la migración de campesinos se ha incrementado como nunca? ¿Son tan necios que a pesar de que han encontrado en su tierra las condiciones para su permanencia deciden migrar, con todo lo que esto supone: muerte en la frontera, malos tratos, zozobra y tristeza por dejar a la familia, al país, etcétera?
Felipe Calderón no puede simplemente echar esto a la cesta de los inconvenientes, ya que si hay un factor que indica que el TLCAN no ha funcionado son precisamente estos enormes flujos que seguirán migrando en tanto no haya un cambio en la política nacional y el país vecino requiera mano de obra.
Se dice que quienes se han visto beneficiados son los consumidores. Pues eso que se lo comenten a 74.5 por ciento de los trabajadores que por obtener un ingreso menor a los cuatro salarios mínimos no tendrán ni siquiera la capacidad para adquirir la canasta básica. Entonces, ¿cuáles son los salarios mejor pagados que menciona Felipe Calderón? Sin duda se refiere a los de los ejecutivos de las grandes trasnacionales y, por supuesto, de la alta burocracia gubernamental.
La Organzación de Naciones Unidas señala que las fuerzas que provocan la migración internacional son las 3D: diferencias de desarrollo, demografía y democracia. Si bien esto es incuestionable, deja de lado el factor atracción que produce trabajos enmarcados en las otras 3D: demanding, dangerous, dirty.
Los campesinos mexicanos tienen que competir con granjeros subvencionados de Estados Unidos, soportar enormes dificultades para mejorar su productividad por la falta de infraestructura física y financiera, y enfrentar, para colmo, la invasión de las enormes trasnacionales, que actúan como verdaderas depredadoras de la vida campesina. Por otro lado, los países desarrollados, Estados Unidos incluido, requieren migrantes, pues experimentan escasez de fuerza de trabajo debido a que su población decrece, envejece y les es difícil mantener su desarrollo científico y tecnológico, pero sobre todo el régimen de pensiones y de seguridad social. Esto los obliga a recurrir al mercado mundial para satisfacer sus necesidades de recursos humanos. Pero para ello es necesario que en los países en desarrollo se reproduzca en forma permanente un excedente de mano de obra que esté en condiciones de migrar, lo cual se logra cuando los gobiernos toman decisiones equivocadas, como fue en el caso mexicano con la firma del TLCAN, bajo el cual se hizo realidad la nueva lógica capitalista. Esto ha contribuido a que México dependa del país vecino en lo que a productos agroalimentarios se refiere, entre otros, con la consecuente devastación del campo nacional. A partir de esto se ha “liberado” la fuerza de trabajo, lo que Marx llamaba ejército industrial de reserva, cuyos excedentes, cada vez mayores, no tienen más opción que migrar, para beneficio estadunidense.
Calderón utiliza verdades a medias al señalar que México se ha convertido en el segundo proveedor de Estados Unidos y el tercero de Canadá, pues no especifica en manos de quién están esas exportaciones; nada que ver con los productores mexicanos pobres. No en balde existen 25.5 millones de personas que trabajan en el sector informal, que actúa como refugio de los desempleados.
Se puede salir de este círculo, pero el gobierno mantiene una política de corte neoliberal, a pesar de que no ha logrado incrementar los empleos formales ni reducir los niveles de pobreza. Y para colmo los enormes ingresos que entran por la exportación de petróleo no han sido ejercidos en forma responsable, y las remesas no pueden ser aprovechadas para superar los niveles de estrechez de la población porque no se ha creado un clima propicio para el desarrollo económico.
A este triste panorama habría que añadir un motivo más para migrar, tal como señala la ONU, que se genera cuando “los ciudadanos que hoy también quieren expresar sus opiniones, discutir de política, poner en tela de juicio las culturas conservadoras e ignorar las restricciones sociales” no pueden ejercer ese derecho.
Si tomamos en cuenta los más recientes acontecimientos, no sería extraño que nuevos éxodos se produzcan.
Gustavo Leal F.*
Para el vicario general de la diócesis de Tlapa, Guerrero, la cosa es clara: los servicios de salubridad están por los suelos, no hay médicos ni medicinas ni centros de salud. Es “triste y lamentable”, dice, porque en los municipios de Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Cochoapa El Grande, el recién inaugurado Hospital del Niño y de la Madre funciona menos que medianamente, no dispone de médicos especialistas, no está como se ofreció que estaría, y lo que se emplea es, apenas, la medicina preventiva.
El poblado mixteco de Plan de Guadalupe está peor: no hay médico ni enfermera y el centro de salud está abandonado. Pero en San Miguel Zilacayotitlán, hace cuatro años que no va un doctor. “Dicen que no vienen”, acota, “porque el pueblo está muy feo y porque no hay de comer. Para los partos hay que ir a Tlapa, donde cobran 8 mil pesos por alumbramiento”. Y lo mismo ocurre en San Pedro Acatlán y Lindavista.
En Santa María Tonaya el médico va cada dos meses, pero no hay medicamentos. “Nos mandan pasantes y entonces tienen que pagar 400 pesos para que los lleven a Tlapa”. En Santa María Tonaya el médico también va cada dos meses, pero tampoco hay medicamentos, y al poblado de San Lucas lo que llega es una brigada médica, cada dos meses.
Los dispensarios que entregó Vicente Fox a la cabecera municipal de Metlatónoc continúan cerrados por falta de médicos. “Están orillando a la gente de la Montaña Alta a organizarse de manera no tan pacífica”, remata el vicario.
Y en la Montaña Baja la situación no cambia. Chilapa, su municipio más grande, cuenta con 94 casas de salud que brindan atención primaria y carecen de médicos. Los 60 galenos no alcanzan para atender a 104 mil habitantes y 254 comunidades. Desde hace años la demanda sanitaria central del ayuntamiento es la construcción del hospital regional de Chilapa.
El municipio de Ahuacuotzingo apenas dispone de 20 centros de salud para atender 54 comunidades y los 6 mil 500 habitantes del municipio de Tlalixtaquilla gestionan recursos para construir en su cabecera un hospital básico comunitario.
Claro que las autoridades estatales se deslindan del déficit de atención que padecen los miles de indígenas de la Montaña y sólo ofrecen algunas cifras. La región recibe 11 millones de pesos anuales para cubrir la nómina: un mando medio, 620 trabajadores de base (médicos, enfermeras y personal administrativo), 200 eventuales y 174 becarios. Se requiere, agregan, sustituir 27 centros de salud y rehabilitar 18 más. Eso es todo.
Pero en julio de 2005 el entonces titular de la Secretaría de Salud estatal, Luis Barrera Ríos, comunicó que ya se había iniciado una auditoría al Hospital de la Madre y Niño Indígenas de Tlapa, para “detectar qué tipo de irregularidades hubo durante la construcción realizada por la administración de René Juárez Cisneros”. Y agregó que en “iguales circunstancias” se encontraban los hospitales básicos comunitarios de Huamuxtitlán, Tlacopa y Malinaltepec, que también fueron construidos por Juárez Cisneros y que “no funcionan porque les falta equipo y personal médico”.
Doce días después Fox ordenó a Julio Frenk que “priorizara” el Seguro Popular en la Montaña, restaurando e interconectando sus 100 centros de salud, mientras él se comprometía a terminar el hospital de Tlapa. Aunque el gobernador Zeferino Torreblanca reiteró que serían las autoridades federales “las que van a determinar si hubo o no desvíos de recursos públicos en la edificación del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerenses”.
Por su parte, los habitantes de la Costa Chica y la Montaña exigían atención médica en sus comunidades y advertían que la apertura del hospital “no será suficiente para atender a la población de esas zonas marginadas”. Denunciaron que los centros de atención en las 45 comunidades mixtecas y tlapanecas no cuentan con medicamentos, ni con especialistas: “los ancianos y los niños se mueren fácilmente de una diarrea, porque viven en comunidades muy alejadas de Ayutla, que es donde pueden ser medianamente atendidos. En las casas de salud que hay en algunas comunidades, y en el Hospital General de Ayutla, los que dan atención son pasantes de medicina. Si un enfermo está muy grave, tiene que ser trasladado a un hospital de Acapulco, o bien a Chilpancingo”. Además, agregaron, en el municipio de Xochistlahuaca “hay decenas de enfermos de dengue en las comunidades amuzgas”.
En octubre de 2007, paseando por la Montaña, Felipe Calderón visitó la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, donde un hospital inaugurado por Frenk y Fox hace cuatro años –para atender a una población de más de 15 mil indígenas– es sólo un cascarón que nunca ha funcionado. La secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, anunció que “en el 2008” habrá recursos (un millón de pesos) para equiparlo y contratar personal. El nosocomio fue edificado en los tiempos del alcalde panista Silvino Moso Porfirio, ahora prófugo de la justicia por homicidio. Tuvo un costo de 4 millones de pesos, aunque nunca llegaron el material quirúrgico, las ambulancias ni el personal médico.
Y ahora José Ángel Córdova ha demandado a los gobiernos municipales y estatales establecer “medidas más estrictas” para otorgar licencias de conducir, así como aplicar sanciones más severas a quienes conduzcan en estado de ebriedad.
¡Signo de la “igualdad de oportunidades” de los tiempos continuistas de Calderón!
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Jaime Avilés
jamastu@gmail.com
¿En qué se parece al golpe de 1976 vs Excélsior?
Cortaron un árbol donde crecerá un nuevo bosque
El IFE ayudó a organizar los comicios en Kenia
Semanario Proyección, de Cananea',650,600); return false;"> Ampliar la imagen
Desalojo de la empresa Minera de Cananea, ayer Foto: Cortesía Martín Camargo, Semanario Proyección, de Cananea
A su llegada a estas tierras, procedente de Nairobi, ciudad en la que dejó a 47 compatriotas librados a su suerte porque, así dijo, “era más importante venir a recibir instrucciones de (…) Felipe Calderón”, el embajador de México en Kenia, Juan Antonio Cue, negó que el IFE hubiese ayudado a las autoridades de aquel país africano a organizar los recientes comicios presidenciales, que provocaron un baño de sangre cuando el candidato oficialista le robó el triunfo, mediante un fraude, al abanderado de la oposición.
La noticia, que parece un chiste pero no lo es y debe ser investigada por el Congreso, inspiró en una lectora de esta página la siguiente reflexión: “la tragedia de Kenia vuelve a poner de relieve la grandeza de López Obrador, que ante una situación muy similar evitó que aquí estallara la violencia”. Desde luego, el plantón de Reforma y las acciones que de él se derivaron conjuraron el riesgo de una masiva explosión de furia. Sin embargo, la resistencia civil pacífica no ha logrado contener la otra violencia, la que de muy distintas formas está generando con intensidad creciente el gobierno pelele de Calderón.
O quizá habría que hablar de las otras violencias. A saber, la de la dizque “guerra” contra el narcotráfico, que justifica la presencia del Ejército en todas partes, causa miles de muertes en las calles, infunde terror, propicia la intervención de Estados Unidos en temas de seguridad nacional (atrae dólares y armas gringas), pero sobre todo beneficia a los cárteles porque la persecución aumenta el precio de sus mercancías y eleva exponencialmente sus ganancias (que comparten con políticos, policías y militares).
Está también la violencia jurídica, que tiene en la cárcel a líderes sociales mientras garantiza impunidad ilimitada a empresarios, gobernadores y arzobispos. Por no hablar de la violencia estructural del modelo económico, culpable de la miseria crónica de los campesinos, los indígenas y vastas capas urbanas. O de la violencia política (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Atenco). O de la violencia económica, atizada por el encarecimiento de los productos básicos a partir del alza a las gasolinas.
A todo lo anterior hay que agregar la violencia verbal, que esta semana se desató desde la cúpula del sistema, combinando la demagogia y el cinismo con las ganas de provocar al movimiento social que se dispone a dar épicas batallas por la defensa de Pemex y de los productos esenciales del campo. “No hay gasolinazo” (Eduardo Sojo, secretario de Economía). El TLC, “exitoso” (Arturo Sarukhán, embajador en EU). Los aumentos de precios, “por desinformación” (Consejo Coordinador Empresarial). El TLC, “benéfico” (Calderón, presidente pelele). “Estoy mudo” (Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, ante periodistas que pedían informes sobre la privatización de la empresa). “México puede volverse adicto a los ingresos que obtiene de Pemex” (Standard & Poor’s, 70 años después de la expropiación petrolera). El procurador de Jalisco “sí asistió a una fiesta sexual en la que fueron violadas menores” (Emilio González Márquez, gobernador estatal, a quien sólo le faltó añadir “y qué”, sabiendo que lo protegerá la Suprema Corte).
Sin soslayar la violencia de género, que merece un espacio aparte, no se puede olvidar la violencia laboral, que en estos días alcanzó una notoriedad escalofriante con tres casos que pintan a los empresarios mexicanos del ramo del periodismo como lo más viles del mundo. El más pequeño de los tres, diría Cri-cri, es Rogelio Toledo, dueño del Diario de Chiapas, que despidió al reportero Mario Álvarez en castigo porque éste se fracturó las dos piernas cuando la noche del 24 de diciembre, en vez de celebrar con su familia, trabajaba en las calles de Tuxtla Gutiérrez y fue atropellado por un camión.
El segundo es Remigio Ángel González, propietario del Canal 9 de la televisión argentina, que encerró en un baño por más de 48 horas, sin ventilación ni comida, a cinco periodistas que había despedido y que regresaron a su trabajo por orden de un juez. Las víctimas, rescatadas el miércoles, están hospitalizadas en Buenos Aires. Ahora bien, si los dos ejemplos anteriores son indignantes, el que protagoniza actualmente el magnate Emilio Azcárraga Jean, es vomitivo.
Para refrendar su alianza con el gobierno pelele, el dueño de Televisa le arrebató los micrófonos de W Radio a Carmen Aristegui, la periodista más querida, respetada, influyente y con mayor audiencia en el ámbito de los medios electrónicos del país. El acontecimiento, que ha sacudido a la opinión pública y tiene ya repercusiones internacionales (véase lo que ayer publicó Le Monde), trae a la memoria lo que sucedió, aquí mismo, el 8 de julio de 1976, cuando el gobierno de Luis Echeverría quitó de la dirección de Excélsior a Julio Scherer.
En aquel tiempo había un dinámico movimiento de insurgencia sindical contra la hegemonía del líder charro Fidel Velázquez, encabezado por el líder electricista Rafael Galván, que desafiaba la estructura vertical del autoritarismo. El cine, el radio y la televisión eran férreamente controlados por el gobierno. La única revista disidente era Siempre!, de José Pagés, cuyo suplemento, La cultura en México, dirigido por Carlos Monsiváis, ejercía la libertad de expresión con altos riegos.
Estaban prohibidas las manifestaciones políticas en el Zócalo, los cuatro partidos políticos autorizados obedecían sin chistar las reglas del juego; la izquierda trataba de salir de la clandestinidad, las cárceles estaban repletas de presos políticos de la guerrilla, y sólo doña Rosario Ibarra hablaba de los desaparecidos, entre los cuales figura Jesús Piedra, su hijo. Cuando Julio Scherer cayó, todos pensamos que era el preludio de una nueva oleada de represión, ahora contra los electricistas y los maestros que organizaban sindicatos universitarios.
Sin embargo, la censura impuesta a todo el país por medio de la maniobra contra Excélsior tenía otra finalidad: sofocar las críticas a la devaluación del primero de septiembre de ese año de 1976, que puso fin a la paridad de 12.50 por dólar, vigente desde 1954, e inauguró la etapa de la hiperinflación, tras la cual, en 1982, llegaron al poder los salinistas. El golpe a Excélsior, empero, dio pie al nacimiento de una nueva generación de medios impresos más libres, modernos y críticos, a la apertura de espacios en radio y a la incorporación de nuevos partidos al Congreso.
Todo ello fue posible, sobre todo, porque así le convenía al gobierno de José López Portillo y a que había una efímera bonanza económica. Hoy, tras el golpe a Carmen Aristegui, los temores se reactualizan: esto parece la antesala de la represión que acompañará la venta de Pemex (y para la cual se creó la Ley Gestapo, que permitirá la entrada de la policía a nuestra casa), pero las condiciones objetivas son muy distintas a las de 1976.
A Calderón no le interesa en absoluto la apertura, pero tiene en su contra un movimiento social gigantesco, que cuenta, además de muchos otros recursos políticos y morales, con las herramientas tecnológicas de internet para multiplicar las trincheras informativas. mientras a Televisa, no le queda sino una runfla de merolicos sin vergüenza y todo el descrédito del mundo. Así que no hay, en suma, ninguna razón para alentar el pesimismo.
Los que cortaron el árbol de Carmen Aristegui en la W fecundaron, sin saberlo, el terreno sobre el que muy pronto crecerá un nuevo bosque. No lo duden: lo veremos.
Rechaza Colombia la petición; las FARC y el ELN son “terroristas”, reitera Álvaro Uribe
Insiste el presidente venezolano en que es un “paso previo para la liberación de los otros rehenes”
Viajan a AL emisarios de Francia, España y Suiza “para restablecer contactos” con los insurgentes
Afp, Dpa y Reuters
Ampliar la imagen
El mandatario venezolano habla durante su comparecencia anual ante la Asamblea Nacional Foto: Reuters
Caracas, 11 de enero. El presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió hoy a la comunidad internacional que reconozcan a las guerrillas colombianas como fuerza beligerante, lo cual fue rechazado de inmediato por Colombia al descartar cambiarles el calificativo de “terroristas” por el de “estatus de beligerancia”.
La propuesta se produce al día siguiente de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le entregaron a dos rehenes que mantenían cautivas desde hacía seis años, y luego de que la mayor insurgencia reclamó durante la víspera a “los gobiernos del mundo” ser reconocida como “fuerza beligerante”, paso previo para allanar el “tortuoso camino” del pueblo colombiano en busca de la paz.
Al mismo tiempo, el canciller francés, Bernard Kouchner, anunció desde París que emisarios de Francia, España y Suiza “habían partido” para restablecer el contacto con las FARC, tras la liberación de las dos rehenes.
Francia tiene especial interés en la liberación de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, que también tiene la nacionalidad francesa.
“Todo esto continúa. Nuestros emisarios ya partieron”, declaró Kouchner, y recordó que “hay una coalición de España, Suiza y Francia para crear este grupo de contacto con las FARC”, y añadió que próximamente él viajará a Bogotá para entrevistarse con el presidente colombiano Álvaro Uribe.
Chávez pidió a Europa y a América Latina el reconocimiento del carácter político de la insurgencia colombiana y su retirada de la lista de organizaciones terroristas, como un paso para la liberación de los demás rehenes y para la paz en ese país.
La frontera venezolana es, dijo, una zona de paz que ofrecía, y asentó que no bajará la guardia en esta búsqueda, como le pidieron las dos personas liberadas.
El mandatario subrayó que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) “no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento”, ya que “son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”.
“Solicito a los gobierno del continente (latinoamericano) que retiren a las FARC y al ELN de la lista de grupos terrorista del mundo, pido a Europa que retire a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque esa lista tiene una sola causa, la presión de Estados Unidos”, apuntó al presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional.
Agregó que “nadie debe molestarse” por su planteamiento en favor de las FARC y el ELN, porque es “imprescindible para lograr un acuerdo de paz”, al preguntarse “¿quién puede pensar en la posibilidad de un acuerdo de paz si no hay contactos entre las partes enfrentadas?”
Añadió: “Yo, señor presidente de Colombia, quisiera retomar con usted el diálogo pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas, y así lo pido a los gobiernos de este continente y a los gobiernos del mundo”.
Colombia “por ningún motivo acepta que a estos grupos se les levante el calificativo de terroristas y se les dé estatus de beligerancia”, dijo por su parte el gobierno de Uribe en una declaración leída por su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez.
Por el contrario, el gobierno colombiano reafirmó que ambos grupos, al igual que los paramilitares de extrema derecha, son terroristas porque “atentan contra una democracia respetable y por sus métodos de exterminio”.
“El gobierno, con sus fuerzas armadas y su Constitución, continuará la lucha hasta derrotar a estos grupos terroristas que han recibido las más generosas ofertas de paz”, aseguró.
Además, destacó que “los grupos violentos de Colombia son terroristas porque se financian de un negocio letal contra la humanidad: el narcotráfico”.
“En el continente hubo grupos violentos que, por luchar contra dictaduras fueron calificados de insurgentes. En Colombia los grupos violentos atentan contra la democracia; en consecuencia, el calificativo que merecen es el de terroristas”, insistió.
Recordó que pese a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, en Colombia aún permanecen 750 ciudadanos secuestrados por las FARC.
El texto remarca que esas liberaciones no pueden ocultar el horror del secuestro del que fueron víctimas por tantos años, “ni tampoco el tratamiento de tortura” que las FARC dan a policías, militares y políticos secuestrados en condiciones infrahumanas.
El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, calificó la iniciativa del presidente venezolano de “desproporcionada”, tras recordar que ambos grupos han cometido delitos que han sido calificados como “terroristas”.
Entre tanto, partidos políticos opositores y oficialistas se declararon “sorprendidos” por las declaraciones de Chávez y pidieron que el jefe de Estado del vecino país no intervenga en los asuntos internos de Bogotá.
Señalaron que la guerrilla ha respondido con actos terroristas y secuestro, y que la reciente liberación es apenas una pequeña felicidad en medio del dolor vivido.
Carrera contra la muerte
Mientras tanto, los familiares de Ingrid Betancourt consideraron que luego de las liberaciones de Rojas y González se ha iniciado “una carrera contra la muerte para liberar a los otros rehenes”, por lo que insistieron en mantener la movilización internacional en favor de todos ellos.
Gustavo Moncayo, padre de un soldado que tiene 10 años en cautiverio de las FARC, se declaró satisfecho por la liberación de las dos dirigentes políticas y pidió al presidente Chávez que siga con las gestiones para lograr liberar a los demás cautivos.
Tras su liberación, la ex legisladora Consuelo González exigió mayor responsabilidad a todos los colombianos al no haber sido suficientemente rígidos en la exigencia masiva de libertad de los secuestrados por las FARC.
Criticó las condiciones en que viven los rehenes masculinos, que están encadenados todo el tiempo, en todas sus actividades.
Rojas, que calificó a las FARC como organización delictiva por los secuestros y las condiciones en que tienen a los rehenes, narró que ella e Ingrid Betancourt fracasaron en un plan por escapar, a raíz de lo cual se distanciaron al culparse mutuamente.
Sin embargo, pronto ambas se reconciliaron, y Betancourt fue la primera en enterarse del embarazo de Rojas.
Como en tiempos del dictador Porfirio Díaz
800 agentes de seguridad se enfrentan con trabajadores; hay 40 heridos y 5 desaparecidos
La JFCA declaró ayer “inexistente” el paro
Representantes del gremio tramitan amparo
Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal)
Ampliar la imagen
Llegada de las fuerzas federales a la mina de Cananea Foto: Miriam Villavicencio, cortesía de Canal 12, de Sonora
Hermosillo, Son., 11 de enero. Al menos 800 agentes de seguridad, entre militares y policías federales y estatales, se enfrentaron a cientos de trabajadores que custodiaban los tres accesos principales de la empresa Minera de Cananea, a quienes desalojaron de las instalaciones una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga iniciada en el 30 de julio pasado.
Sergio Tolano Lizárraga, se-cretario general de la sección 65 del sindicato minero, informó que el desalojo dejó un saldo de 40 mineros heridos –cinco requirieron hospitalización–; cinco detenidos, quienes fueron liberados a las 17 horas, e igual número de desaparecidos, incluida la esposa de un obrero.
“Las autoridades aventaron el papel (la notificación) por una puerta de la mina; yo no estaba presente. Ahora dicen que no quise recibirlo”, denunció el dirigente, quien reprobó la actitud de los gobiernos federal y estatal de no entregar debidamente los documentos, lo que hubiera evitado el enfrentamiento.
“Todo el tiempo hemos actuado conforme a derecho, incluso ahora que el gobierno determinó que la huelga es ilegal. En la ciudad de México estamos tramitando un amparo que debe salir este viernes (ayer) a nuestro favor”, dijo Tolano Lizárraga. Hasta el cierre de esta edición no se conocía dicho resolutivo.
Policías tempraneros
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en la ciudad de México que a las 11:30 horas notificó al sindicato minero la declaración de inexistencia de la huelga; sin embargo, desde las 5:24 de la mañana llegaron a la mina ocho camiones con tropas del Ejército y la Policía Federal Preventiva.
De inmediato se corrió la voz por el pueblo. Muchos habitantes decidieron no salir a las calles, los niños no fueron a clases y varios comercios no abrieron. En los tres principales accesos de la mina los trabajadores de guardia se daban ánimos para no rendirse y se alentaban para defender sus derechos.
Pasadas las 7 horas llegaron también camionetas de la policía estatal investigadora y de Seguridad Pública. Las fuerzas sumaban casi 800 elementos, quienes se reunieron en la Casa de la Cultura, a unas cuadras de la principal entrada del socavón.
A las 10 de la mañana ocurrió la primera embestida. Los mineros no pudieron mantener el control de la puerta uno, ante la agresión con gases lacrimógenos, balas de goma y toletes.
“Llegaron repartiendo golpes”, denunció en ese momento Tolano Lizárraga, quien en las siguientes horas confirmó la caída de una de las tres puertas de la mina, además de las áreas de producción y almacenamiento.
A la 13:40 horas se generó el enfrentamiento más violento. Tolano Lizárraga llamó a sus compañeros a no exponer su vida y a reunirse en las oficinas del sindicato, a unas cuadras del lugar, para analizar las acciones que seguirían entonces.
Un comandante de la PFP con rango militar llegó a dichas oficinas e intentó diálogar con los mineros para evitar que retomaran el yacimiento, pero no tuvo éxito. A esas horas estaban reunidos unos 800 trabajadores.
Sobre los desparecidos, Tolano Lizárraga se comprometió “a dar con el paradero de cuatro compañeros y la esposa de uno, ya que no están detenidos en la agencia del Ministerio Público”. La reunión, que comenzó a las 17:30 horas, continuaba al cierre de esta edición.
El gobernador Eduardo Bours sostuvo que la presencia de la policía estatal fue para “permitir la entrada de los trabajadores a la mina”. En tanto, Benjamín Bolaños, vocero de Mexicana de Cananea, expuso que durante los 165 días que duró la huelga la empresa tuvo pérdidas por 500 millones de dólares.
Por la noche, Industrial Minera México informó en un comunicado que recuperó el control de los tres accesos a la mina, y anunció que “cientos de trabajadores” regresaron a laborar a esas instalaciones; sin embargo, esta versión fue desmentida por representantes del sindicato.
El yacimiento se recuperó antes de que se cumplieran las 24 horas que prevé la legislación
Carolina Gómez Mena
A pocas horas de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró por segunda vez inexistente la huelga en la mina de Cananea, Sonora, el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) promovió un amparo contra esa decisión.
El abogado del gremio, Juan Rivero Legarreta, confió en ob-tener la protección de la justicia, pues la huelga en ese yacimiento propiedad de Grupo México fue “legal”.
A las 11:30 horas de ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en un comunicado la decisión de la JFCA, y recordó que los trabajadores tienen 24 horas para regresar a sus labores, pues de lo contrario la empresa puede rescindir la relación laboral.
Justamente porque ese periodo está previsto en la Ley Federal del Trabajo, el abogado criticó que “fuerzas policiacas federales y locales, además de militares, se hayan apostado en las inmediaciones de la empresa con el fin de romper la huelga”.
El reclamo fue secundado por Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia del sindicato minero, y Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos, quienes reiteraron que la legislación laboral prevé un mínimo de 24 horas para atender la resolución.
Sin embargo, añadieron que esa actitud de “hostigamiento” hace pensar que la STPS y la empresa buscaron “reventar por la fuerza una huelga legalmente estallada”.
El cese de labores comenzó el 30 de julio pasado. Los mineros de la sección 65 exigieron entonces mejoras en las condiciones de higiene y seguridad; no obstante, el movimiento fue declarado inexistente por la JFCA, pero el gremio interpuso y ganó un amparo en contra de la decisión.
Fue un ataque vil: mineros
Consultado por este diario, Carlos Pavón criticó la resolución de la JFCA, órgano dependiente de la STPS, y calificó de acción “vil” el arribo de agentes federales y estatales.
Según representantes del gremio, a la mina llegaron más de 800 elementos en 80 patrullas. “Esto es un amago represivo y constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales”, señalaron.
Pavón informó que ayer por la tarde los trabajadores realizaban una asamblea para definir las próximas acciones.
La JFCA justificó su fallo al señalar que lo hizo “en estricto apego” a lo dispuesto por un tribunal colegiado que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto una primera resolución.
Por su parte, la STPS consideró que “no fueron satisfechos los requisitos de ley” para declarar la suspensión de labores, y tomó como base actas notariales presentadas por el sindicato y la empresa, en las cuales “se acredita que la huelga no estalló en la hora señalada en el emplazamiento”.
El abogado de los mineros, Juan Rivero Legarreta, precisó que el argumento de la JFCA es que “el día en que se estalló la huelga no estaban todos los trabajadores, pero esa no es una resolución jurídica, sino algo pueril” que no invalida la suspensión de actividades.
Sobre la presencia de policías y soldados en la mina, la STPS señaló que esa determinación se tomó para “facilitarles a los empleados el derecho al trabajo” y garantizar que puedan regresar con absoluta libertad a sus puestos.
El Sindicato Mexicano de Electricistas expresó su solidaridad con los mineros de Cananea, y calificó de “golpe artero e impúdico” el desalojo. Francisco Farina, vocero del Frente Sindical Mexicano, calificó al titular de la STPS, Javier Lozano, de “simple empleado del poder económico”. Por la noche, trabajadores de la sección 65 propusieron promover un paro nacional en el sector en protesta por la inexistencia de la huelga.

Luis Javier Garrido
El estallido social que el gobierno panista de facto niega todos los días que se vaya a producir parece, sin embargo, cada vez más cercano por la miopía de quienes se han apoderado del aparato estatal.
1. El proceso político que ha vivido el país entre 1988 y 2000 y en el cual el PAN se ha erigido instrumento de los poderes fácticos, ha sido de una regresión en casi todos los órdenes, y lo que la propaganda oficial insistió en calificar como una “transición democrática” –utilizando los términos que los ideólogos del Pentágono impusieron en América Latina desde los 90–, no ha sido a fin de cuentas más que una operación tendiente a destruir la capacidad soberana del Estado y a cancelar derechos fundamentales del pueblo a fin de poder desmantelar a la nación mexicana.
2. La que ahora se pretende llamar oficialmente “alternancia política”, y que en realidad ha sido desde 1997 un cogobierno del PRI y el PAN, no ha constituido más que una estrategia de recomposición del aparato de dominación política a fin de “legitimar” a las autoridades tras el desgaste de 75 años de gobiernos priístas. Por consiguiente, el Partido Acción Nacional en el gobierno ha negado en los hechos todas sus tesis históricas, y ha sido durante los gobiernos de Fox y de Calderón el partido del fraude electoral, de la corrupción, de la cancelación de los derechos fundamentales del pueblo y de la entrega de los recursos estratégicos de la nación al extranjero.
3. El PAN carece desde hace tiempo de un proyecto y sus actuales cuadros no tienen más propuesta que la de los grupos de la extrema derecha de cualquier país. Desde los años en que Carlos Castillo Peraza fungió como presidente panista (1993-1997) y entendió que el partido fundado por Manuel Gómez Morín carecía ya de una identidad y un proyecto propio, y sus miembros no eran más que pragmatistas de derecha sin escrúpulos, lo vinculó al Partido Popular de España, que se tornó en su modelo, y asumió el perfil neofranquista que tiene ahora como partido del clero conservador, de los empresarios golpistas y de la pequeña burguesía fascistizada.
4. Los panistas en cargos públicos, a nivel estatal como federal, han hecho suyos a su vez todos los vicios que señalaban a los priístas, y han sido mucho más corruptos que aquéllos: han gobernado de manera patrimonialista, obsesionados por los negocios, sin más proyecto político que entregar el país al dominio de las multinacionales para lo cual han recurrido a las prácticas que pretendieron combatir en el PRI durante los 50 años en que fueron una fuerza pequeña de oposición (1939-1988), por lo que reprimen lo mismo a los movimientos sociales –y ahí están encarcelados sin sustento legal Ignacio del Valle, de Atenco, y Flavio Sosa, de la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca–, que desaparecen a opositores o acallan a los medios.
5. El gobierno panista de Calderón no oculta su extrema debilidad, pues sabe que es un gobierno sin respaldo social, y ante su compromiso con los poderes trasnacionales para entregarles el sector energético, actúa con pánico frente a un pueblo que a pesar de sus esfuerzos sigue respaldando a López Obrador. De ahí que como todos los poderes de talante totalitario se lance ahora contra las personalidades moderadas y se oponga lo mismo a que Genaro Góngora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupe la presidencia del Instituto Fedela Electoral, que a que la periodista Carmen Aristegui tenga un espacio importante en la radio.
6. El esquema de la actual mecánica del poder no ha sido del todo desastroso para los priístas, pues si el PAN carga con el costo de las políticas antipopulares, la toma de decisiones sigue estando en manos de los priístas. Carlos Salinas de Gortari tiene más poder político que Felipe Calderón, quien actúa como su pelele, no sólo por controlar varias secretarías de Estado y el Congreso (por coducto de de sus esbirros: el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa), sino por su poderío económico, pues es codueño de las principales empresas del país a través de decenas de empresarios que son sus prestanombres, desde Carlos Slim hasta Lorenzo Zambrano, o a los que se encuentra asociados, aquí y en el exterior, desde Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego hasta Jesús de Polanco.
7. Los panistas, a cambio de no intervenir en las grandes decisiones, tienen sus pequeños cotos de poder y han podido apoderarse del aparato estatal, ponerlo al servicio del clero y de los empresarios, y dedicarse ellos mismos a los negocios impunemente. Calderón ha encubierto los gravísimos actos de corrupción de Fox, Marta Sahagún y sus hijos, no sólo porque le debe la silla presidencial a la que llegó por el fraude, sino porque él mismo y sus allegados están dedicados a hacer negocios ilegales.
8. La prepotencia con la que el aventurero gallego Juan Camilo Mouriño (jefe de la Oficina de la Presidencia y vicepresidente de facto de México) se está apoderando del sector energético (Proceso 1627) sólo rivaliza con la actitud desvergonzada en el tráfico de influencias de los cuñados ya no tan incómodos de Calderón, Juan Ignacio Zavala y Diego Hildebrando Zavala.
9. El panismo de hoy no sorprende por su vocación de traicionar a México y entregar los recursos estratégicos del país al capital trasnacional, ni por su esfuerzo en cancelar los derechos sociales de campesinos y trabajadores, o de atentar contra las garantías constitucionales, pues la experiencia desastrosa del corrupto Vicente Fox ya lo exhibió tanto como ahora lo hace el gobierno ilegítimo de Calderón.
10. Los acuerdos de Salinas y el PAN en 1988 llevaron al país no a la democracia, sino a la grave crisis institucional en que se halla ahora, y el dilema de México es el de hace 20 años, nada más que con el país devastado, amplios sectores de la sociedad confundidos y un pueblo al que ha llegado a sus límites.
El gobernador panista intenta minimizar la presunta responsabilidad de su colaborador
Alega que el funcionario pudo no haberse enterado de que se estaba cometiendo una violación
Sostiene que hay gente interesada en que crezca el escándalo, “pero no hay nada diferente”
Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)
Ampliar la imagen
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, reconoció que el procurador del estado, Tomás Coronado Olmos (en segundo plano), estuvo en una fiesta en la que se habrían cometido abusos sexuales contra menores de edad; sin embargo, insistió en defender a su colaborador Foto: Arturo Campos Cedillo
Guadalajara, Jal., 10 de enero. El gobernador Emilio González Márquez finalmente reconoció que el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, estuvo en una fiesta donde, según se denuncio penalmente, hubo prácticas sexuales con menores de edad, una de las cuales fue presuntamente violada por el ex funcionario municipal tapatío Martín Aguirre Aguirre, hoy prófugo.
“Lo que hay detrás de esto es gente interesada en que el tema crezca. Esta creciendo, está bien, están logrando el objetivo, pero no hay nada diferente”, dijo González Márquez, quien puso en duda que las personas que estuvieron presentes en la fiesta donde ocurrió la presunta violación se enteraron de ésta y si las menores que participaron en esas reuniones fueron “ostensiblemente presentadas como menores (…) No sabemos si se enteró (de la violación) porque la respuesta que él da es que no se enteró.
“Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó? La respuesta de todo mundo es: no, no participó”, dijo.
En agosto pasado se supo que el procurador Coronado Olmos fue señalado por una menor de edad y su madre como uno de los asistentes a una reunión en la cual la joven fue presuntamente violada por Martín Aguirre Aguirre, entonces funcionario de alumbrado público del ayuntamiento panista de Guadalajara, contra quien se giró una orden de aprehensión cuando ya había huido.
La implicación del procurador se conoció de manera fortuita. El fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marco Antonio Chávez Villegas (adscrito a la Subprocuraduría C), interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la que aseguró que fue golpeado y retenido por escoltas del subprocurador estatal, Jorge David Delgadillo Báez, luego que dio entrada a la denuncia de la madre de la adolescente de 16 años supuestamente violada, en la cual ésta señalaba que Coronado Olmos había acudido a esa fiesta, realizada en una granja ubicada en la periferia de Guadalajara.
Fue la primera de varias quejas de hostigamiento. La siguiente fue la del entonces subprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu, a quien Coronado Olmos acusó de orquestar una “infamia” en su contra. El 20 de diciembre pasado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reveló que Landeros Arvizu presentó una queja porque “tiene un temor muy grande” por su seguridad y la de su familia, luego de haber recibido diversas amenazas. Luego de que el procurador acusó a Landeros Arvizu, éste salió de la PGJE en noviembre porque ya no le renovaron su contrato.
Ya fuera de la Procuraduría, Landeros Arviz le tomó la palabra al gobernador Emilio González Márquez, quien declaró que si alguien presentaba una denuncia directa en contra del procurador se crearía una fiscalía especial, para la cual propuso a Guadalupe Morfín Otero. El ex funcionario presentó la denuncia contra Coronado Olmos y dijo que estuvo en la bacanal.
En respuesta, la PGJE presentó una querella contra Landeros Arvizu, a quien acusó de falsear información y obtuvo una orden de aprehensión, de la que se ha librado el ex subprocurador gracias a un amparo.
Aunque se han acumulado acusaciones y quejas por supuesto hostigamiento contra quienes han insistido en la presencia del procurador en esa reunión, ni el gobernador ni el presidente de la CEDHJ han querido manifestarse en favor de la salida de Coronado Olmos mientras se investiga el caso, como han sugerido otros actores políticos y sociales. En octubre el Congreso rechazó un pronunciamiento para separar del cargo al procurador. Sólo algunos diputados han expresado sus dudas.
El mandatario y los involucrados en este caso forman parte de un grupo formado hace algunos años. En el trienio 2004-2006, cuando el hoy gobernador era alcalde de Guadalajara, Tomás Coronado Olmos fungía como secretario general del ayuntamiento y Martín Aguirre Aguirre, el presunto violador, era abogado en la secretaría general.
Debido al estancamiento de las investigaciones, la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Las agraviadas no han querido ponerse bajo la tutela de la procuraduría estatal por temor a represalias.
El Cepad también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya oficina central en Washington, DC, pidió al Estado mexicano un informe detallado sobre el caso. Más aún, el Cepad presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el organismo regresó el caso a la CEDHJ.
Este jueves el presidente de la CEDHJ dijo que el expediente completo de la queja se enviará a la cancillería para que sea remitido a la CIDH.
| Nuevamente el universal trata de encontrarle el lado negativo al asunto para atacar a Hugo Chávez. Hasta el presidente colombiano de derecha, Uribe, felicitó a Chávez. Chávez monta show con rehenes |
| María Pérez-Plá El Universal Viernes 11 de enero de 2008 |
| El presidente de Venezuela se aseguró de que las primeras declaraciones fueran elogios a su gestión. Luego de seis años de secuestro en manos de las FARC, las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González fueron liberadas y pidieron al mandatario abogar por el resto de los cautivos. Se confirmó que el niño Juan David es Emmanuel, según el estudio realizado en España |
| BOGOTÁ.— “Presidente Chávez, no sé cómo expresar mi agradecimiento por su gestión humanitaria, su actitud demócrata nos ha demostrado que para usted lo más importante es el ser humano”. Estas fueron las primeras palabras de la política colombiana Consuelo González de Perdomo liberada ayer por las FARC junto a Clara Rojas. Chávez se aseguró que sólo la cadena estatal Telesur fuera testigo de todo el proceso y que las primeras declaraciones fueran elogios a su gestión que finalizó exultante, frente al Palacio de Miraflores, rodeado de las liberadas y sus familiares. “Vamos a seguir con más ímpetu... es posible la liberación y el gobierno venezolano asume ese compromiso ante al mundo”, declaró. El mandatario renovó su pedido a su colega colombiano Álvaro Uribe de que le permita reunirse con el líder máximo de las FARC Manuel Marulanda Vélez para impulsar el canje de otros 44 secuestrados por guerrileros presos. “Agradecidas en el alma por este regalo que nos ha hecho, estamos volviendo a renacer”, le dijo Clara Rojas al mandatario venezolano. Afortunadamente ambas presentan muy buen estado físico, lejos de la demacración en que se encontraban el actual canciller Fernando Araújo y el intendente John Frank Pinchao, únicos secuestrados que han logrado escapar. “No puede bajar la guardia, mandan a decir los que quedaron allá”, le dijo Consuelo González a Chávez en conversación desde el lugar de la liberación. El éxito y la rapidez con que ayer se realizó la liberación de las políticas colombianas fue interpretada por muchos, especialmente los familiares de los secuestrados, como una prueba fehaciente de que las gestiones del presidente venezolano son las únicas que han logrado resultados. “Esto no ha hecho más que empezar”, dijo Patricia Perdomo al conocer que su madre había sido liberada. “Este gesto abre puertas para los demás secuestrados, tienen que regresar y hay que seguir trabajado por ellos”. En la misma línea se pronuncia ron otros familiares de secuestrados que alabaron la gestión del gobernante venezolano y dejaron caer cierta presión sobre Uribe al saber que la misión ha traído también pruebas de vida de ocho secuestrados. A pesar de que en la actualidad los mandatarios de ambos países guardan aún una seria distancia tras los recientes encontronazos provocados cuando Uribe prescindió de los oficios de Chávez para realizar un Acuerdo Humanitario con las FARC, ambos gobiernos han sabido estar a la altura de las circunstancias y coordinar con la Cruz Roja la operación que ayer a las 10 de la mañana, hora de México, devolvió la libertad a las dos colombianas. “Debo reconocer que ha sido eficaz el proceso adelantado por el presidente Hugo Chávez, quien ha logrado la liberación unilateral e incondicional de Clara Rojas y Consuelo González”. Así comenzaba Uribe una breve pero intensa alocución pública 9 horas después de producirse la entrega. Uribe también agradeció a al gobierno de Cuba que —según dijo el mandatario colombiano— “participó en el operativo final”— y dio las gracias igualmente al presidente Fidel Castro. “El gobierno de Cuba, en los cinco años y medio de mi gobierno, de manera discreta ha hecho todos los esfuerzos para que Colombia construya la paz”, detalló Uribe, quien recordó uno por uno, con nombres y apellidos a todos los “canjeables” que permanecen en cautiverio y a los 750 secuestrados por las FARC en los últimos 10 años que no han vuelto a sus hogares. Propone zona de encuentro A pesar de agradecer personalmente la gestión de Chávez, reiteró la propuesta de una zona de encuentro, sin despejes, como propuso hace un par de meses la Iglesia Católica— que actuaría como mediador—, cerrando así la puerta a la reincorporación del mandatario venezolano. “Invito a las FARC a considerar una negociación sencilla, de buena fe, en la cual serían rodeados de garantías democráticas”. Uribe no entró a ponderar la necesidad de una zona de despeje, a diferencia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que cumplió su palabra de no realizar operaciones militares en la amplia zona circundante al lugar de la entrega desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las liberadas protagonizaron por fin un emotivo encuentro con sus familiares en el aeropuerto de Caracas. Clara abrazaba y besaba a su madre constantemente mientras que las hijas de Consuelo y sus maridos corrieron hacia ella vistiendo camisetas que decían “Libertad para todos ya”. Consuelo González reveló a una radioemisora colombiana que los hombres permanecen encadenados “todo el día y duermen atados a un árbol” y que las mujeres presentan fuertes dificultades de salud. Clara Rojas dijo a la radio de su país que fue separada de Íngrid Betancourt hace tres años y no sabe nada de ella. “Me quedé muy preocupada por las pruebas de vida, pero confío que ella pronto esté aquí”, dijo al recordar también a los que dejaron atrás. “Ellos están muy tristes, esa despedida fue aterradora”, casi tanto como cuando la separaron del hijo que tuvo en cautiverio a los 8 meses de nacido y que espera recuperar pronto, pues se encuentra a cargo del gobierno colombiano en Bogotá. Lo que el universal no dice es esto: Rehenes en Colombia Más de 20 días duró el camino hacia la libertad de Clara Rojas y Consuelo González Bombardeos casi frustran la entrega, relatan las liberadas de las FARCAmbas piden al presidente Hugo Chávez continuar las gestiones para lograr la entrega de todos los cautivos Fueron escoltadas por unos 20 guerrilleros La senadora Piedad Córdoba las recibe en un paraje de la selva colombiana; “me sorprendió verlas en tan buen estado”, dice a La Jornada Jorge Enrique Botero (Enviado) Ampliar la imagen Caracas, 10 de enero. El camino hacia la libertad de Clara Rojas y Consuelo González duró más de 20 días y estuvo sembrado de peligros que por poco impiden el rencuentro con sus familiares, dijo hoy la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien recibió a las dos mujeres en un remoto paraje del suroriente de Colombia. En declaraciones a La Jornada, la legisladora dijo que se sorprendió cuando las vió en tan buen estado de salud y admitió que en un principio no las reconoció. “Yo me imaginaba que recibiríamos a dos personas en lamentables estado y cuando las vi desde la ventanilla del helicóptero no podía creer que fueran ellas”, relató. Tras los abrazos, los saludos y las despedidas, Córdoba hizo con ellas el trayecto desde el lugar de entrega hasta la localidad venezolana de Santo Domingo, y desde allí hasta Caracas, tiempo durante el cual ellas le narraron la odisea de sus últimos días en cautiverio. Según la senadora colombiana, el viaje de las dos mujeres con el pequeño grupo de unos 20 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que las conducían a su libertad demoró unas tres semanas y se hizo en medio de sucesivos peligros, el mayor de ellos los bombardeos que realizaba la aviación del ejército colombiano sobre el área. “Su relato me estremeció, pero también me dejó percibir a dos personas totalmente lúcidas, en buen estado de salud que eran capaces hasta de hacer bromas”, dijo Piedad Córdoba. De acuerdo con la senadora, las dos mujeres liberadas hoy pasaron angustiosos momentos cuando sintieron que los bombardeos y las operaciones militares en el área podían frustrar su regreso a la libertad. Córdoba también reveló que las dos mujeres liberadas trajeron cartas de un grupo de secuestrados con los que compartían cautiverio en la profundidad de la selva amazónica. Entre ellos, dijo, se encuentran el senador Jorge Eduardo Gechem, la diputada Gloria Polanco, el legislador Orlando Beltrán y el ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara. También mencionó al coronel de la policía Luis Mendieta, quien este año cumple 10 años en poder de las Farc. Tras viajar en helicópteros y aviones del gobierno venezolano, Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo arribaron hacia las cuatro de la tarde al Palacio de Miraflores, donde fueron recibidas por el presidente venezolano, Hugo Chávez. Tras un breve y solemne acto en el patio de armas de la sede de gobierno, el mandatario se reunió con las recién liberadas y sus familiares. Un par de horas antes, los familiares se habían fundido en largos abrazos con Clara y Consuelo a su llegada al aeropuerto Simón Bolívar. Según Córdoba, tanto Clara Rojas como Consuelo González de Perdomo le pidieron al presidente Chávez que continuara sus gestiones para la liberación de los demás cautivos. Perdomo le comunicó al presidente que las personas que habían quedado en la selva privadas de su libertad le pedían que no desmayara en sus esfuerzos ante las FARC y el gobierno colombiano. En declaraciones a la radio colombiana minutos después de llegar a Caracas, Clara Rojas, quien tuvo un hijo en cautiverio, fruto de una relación con un guerrillero, narró que el parto se había complicado hasta el punto de poner en riesgo la vida del niño, ante lo cual los enfermeros de la guerrilla optaron por hacerle una cesárea en condiciones extremas. Relató que pasó 40 días en recuperación, durante los cuales una guerrillera hizo las veces de niñera. Al caer la tarde, las liberadas y sus familiares se refugiaron en las habitaciones de un céntrico hotel de Caracas y anunciaron que mañana atenderán a la prensa. El gobierno colombiano y la insurgencia han mantenido un largo pulso para la realización de un acuerdo que permita intercambiar guerrilleros presos en las cárceles del Estado por políticos y militares cautivos en la selva.
|
| |
|
Jorge Octavio Ochoa y Arturo Zárate
El Universal
Viernes 11 de enero de 2008
Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a contender por la Presidencia de la República en las elecciones de 2012, pero aseguró que sería la última vez, porque “yo tengo dignidad”.
El ex jefe de Gobierno capitalino declaró lo anterior el martes pasado en la última reunión del Frente Amplio Progresista (FAP).
Según testigos, ese día manifestó que si la estrategia de este organismo y de la Convención Nacional Democrática fructifican, estaría dispuesto a ser candidato, por última vez.
Tras este anuncio se dio la designación de Porfirio Muñoz Ledo como coordinador nacional del FAP, hecho que ayer fue cuestionado por la mayoría de los asistentes a la reunión del CEN del PRD.
En sesión privada, Javier González Garza, Selene Vázquez, Saúl Escobar, Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta, Verónica Juárez y Juan Manuel Ávila expresaron su molestia por esta designación, porque violó acuerdos y agravió la figura de Leonel Cota como líder nacional del PRD.
Documentos internos del PRD revelan que no se respetó lo pactado en diciembre de 2007, de “no designar un nuevo coordinador del Frente Amplio Progresista sin que antes haya un acuerdo del CEN del PRD al respecto”.
Según fuentes presentes en el encuentro, durante la reunión del FAP, Cota aseguró que tendría que someter el punto a discusión del comité, a lo que AMLO le dijo públicamente: “Si no eres capaz de lograr este acuerdo, mejor renuncia a la dirigencia del PRD”.
Ricardo Monreal, Arturo Núñez y Dante Delgado rechazaron a su vez que el FAP se vea afectado por la presencia de ex priístas.
Hace dos días se llevó a cabo una reunión organizativa en Monterrey 50 de la col. Roma para planear acciones concretas contra la censura, las recientes reformas a la ley judicial y el TLCAN.Necesaria, revisión del IVA: KPMG
Jueves, 10 de Enero de 2008
Después de la reforma fiscal aprobada el año pasado, México debe avanzar ahora en la revisión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), opinó el socio de Impuestos Corporativos de la Práctica de Impuestos de la consultoría KPMG, Agustín Vargas. LEER MAS
!Como en las mejores dictaduras! todos los ciudadanos deben pagar por la ineptitud del gobierno
Aplicar el estado de excepción en Tamaulipas, plantea Luis Garfias
Jesús Aranda
La situación que vive el país en materia de seguridad es “muy delicada” y las cosas se están poniendo “cada vez más difíciles”, por lo que es urgente que se aplique el artículo 29 constitucional y se decrete la suspensión de las garantías individuales en la zona fronteriza de Tamaulipas. “Para grandes males, grandes remedios”, aseguró el general de división retirado Luis Garfias Magaña. LEER MAS
Catarata de amparos
A la callada, la llamada Asociación Profesionista Interdisciplinaria de México está promoviendo amparos contra la liberación total del capítulo agropecuario en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La cuenta alcanza ya 800 solicitudes. LEER MAS
La misión humanitaria formada por delegados del Gobierno de Venezuela y la Cruz Roja Internacional había partido horas antes hacia un lugar del sureste de Colombia en el que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia había programado la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. Las rehenes fueron recogidas en dos aeronaves, MI17, de fabricación rusa e identificadas con los emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que partieron del aeropuerto de San José del Guaviare, población situada a 340 kilómetros al sureste de Bogotá.
El mandatario venezolano ha confirmado que ambas están con buena salud y que están viajando a Caracas donde serán recibidas por sus ansiosos familiares. Con esto se pone fin a un rescate que se venía anunciado desde el año pasado y que fue abortado a finales del 2007, cuando la operación fracasó tras descubrirse que uno de los rehenes que las FARC había prometido liberar, el pequeño Emmanuel –hijo de Clara Rojas- no estaba en su poder.Leer más...Agustín Carstens, secretario de hacienda federal, fue funcionario de la administración de Salinas.
Luis Téllez, secretario de comunicaciones y transportes, fue secretario de economía de Zedillo.
Miguel Angel Yunes, director del ISSSTE, fue funcionario de Zedillo.
Roberto Campa, achichincle de la PGR para el RENAVE, fue diputado del PRI.
Diódoro Carrasco, diputado federal panista y uno de los principales seguidores de fecal en su campaña electoral, fue gobernador priista de Oaxaca y secretario de gobernación con Zedillo.
Javier Lozano Alarcón, secrtario del trabajo federal, fue militante del PRI hasta 2006, cuando se incorporó a la campaña de fecal--de hecho se hizo militante del PAN hasta 2007.
Elba Esther Gordillo, operadora electoral de fecal, fue secretaria de educación en el sexenio de Salinas, diputada federal priista y secretaria general del PRI.
Jesús Reyes Heroles, actual director de Pemex, fue priista por durante años.
Y si nos ponemos a mencionar a todos los priistas conversos al PAN en los estados y municipios del país, nunca acabamos. Pero baste con mencionar un dato curioso: Manuel J. Clouthier no era panista. Su primer aspiración electoral fue la de ser candidato a alcalde de Culiacán, Sinaloa, por el PRI.
Ah bueno, pues todo eso NO lo dice El Universal en su primera plana hoy. No. Lo que pone en su primera plana es esto:
AMLO tiene círculo con pasado tricolor Integra al FAP a personajes que destacaron dentro del PRI
El artículo 27 constitucional es muy claro:
“…TRATANDOSE
Lo que Labastida y las otras putas prianistas quieren hacer es abrirse de patas y entregar PEMEX modificando “LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA” para así no ponerse a cambiar el 27.
Es importante que entiendan lo que es la ley reglamentaria. En el siguiente link encontraran un documento con esta ley: http://www.badongo.com/file/7017788. Bajenlo y estudienlo. Es importante que la entiendan y la discutan. Es tambien importante que le presenten esta información a la población.
Específicamente, lo que quieren cambiar Labastida y las otras putas PRIANistas es el articulo sexto de la ley reglamentaria, el cual se los reproduzco aquí enteramente:
La intención, según salio a la luz recientemente, es darle a la Shell y otros hijoeputas permiso no solo de explorar en Chicontepec sino también llevar a cabo la explotación de los yacimientos. La explotación es, en suma, la extracción del petróleo y su transporte hasta una refinería o terminal marítima. La unica manera de que la Shell pueda explotar un campo es modificando la ley reglamentaria.
Pero entonces eso quiere decir que los extranjeros tendrán la totalidad de la industria pues los campos petroleros, los ductos, y las refinerías serian operadas por ellos. PEMEX se convertiría tan solo en una oficina otorgadora de contratos a los extranjeros y serviría para darle empleo a una bola de pirrurris PANazis que en su puta vida han visto una gota de petróleo. Y al pueblo de México se lo llevara la chingada pues los extranjeros argumentaran, como lo hacia la Shell en 1938, que sus ganancias son ínfimas para no pagar impuestos y llevarse la mayor parte de las ganancias. El pueblo de México se quedara como el chinito “nomas milando”.
Es evidente que Labastida y sus putas ya se mueren por darle las nalgas a los gringos y a los baturros de REPSOL! Hay que detenerlos!Notimex / La Jornada On Line
El próximo 15 de enero, la Comisión de Energía comenzará a revisar el proyecto, el cual propone autonomía de gestión para Pemex y participación privada, dijo el legislador del PAN.
México. La Comisión de Energía de la Cámara de Senadores iniciará el 15 de enero próximo la discusión de un proyecto de reforma energética que incluye la posible participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) de manera complementaria.
En entrevista, el secretario de la Comisión, Rubén Camarillo, destacó que no se pretende privatizar (Pemex), pero sí la participación del sector privado "de forma concurrente y complementaria, no sustitutiva".
Dijo que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) insistirá en que la Reforma Energética otorgue autonomía de gestión a Pemex, además de permitir la participación privada en rubros como almacenamiento, distribución, transportación, ductos y Petroquímica.
Camarillo Ortega sostuvo que en ningún país del mundo la industria petrolera está exenta de la participación del sector empresarial, como en Cuba, que acaba de licitar pozos petroleros a empresas de Canadá y España.
El legislador de Acción Nacional aclaró que no intentan favorecer intereses particulares locales o extranjeros en la paraestatal, ni reformar el Artículo 27 de la Constitución, sino impulsar el desarrollo de Pemex.
Adelantó que en la reunión del 15 de enero discutirán diversas propuestas de Reforma Energética, para elaborar un dictamen que presentarán en el periodo ordinario de sesiones que iniciará en febrero próximo.
El senador Rubén Camarillo precisó que el presidente de la Comisión, el priísta Francisco Labastida Ochoa, todavía está definiendo el orden del día de la sesión con la cual iniciará la discusión del proyecto de reforma energética.