2006, año de brutalidad sin precedentes, define la Federación Internacional de Periodistas

México, país más peligroso de AL para informar sobre crimen y corrupción

La ONU debe apremiar a gobiernos que toleran impunidad en casos de reporteros asesinados

GABRIEL LEON ZARAGOZA

En el avance de su informe anual, presentado ayer en la ciudad europea de Bruselas, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) calificó a México como el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores que profesionalmente abordan los temas de crimen y corrupción y precisó que en el plano internacional para los trabajadores de los medios de información 2006 fue "un año de brutalidad sin precedentes".

Ante la contudencia de sus cifras, la FIP urgió a los miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a emprender acciones "contra países que permiten la impunidad en casos de periodistas asesinados".

En su reporte, el organismo internacional precisa que en México ocurrieron el año pasado 10 asesinatos de periodistas de investigación, lo que coloca al país por encima de Colombia (cinco casos) y Venezuela en la región.

Informa que en ese periodo en México se hallan además cuatro periodistas desaparecidos, sólo comparado en el mismo rubro en la región con uno que se reporta en Paraguay.

El organismo afirma que 2006 fue un año trágico para los medios de comunicación en el mundo, con un registro histórico de 155 muertes y asesinatos sin esclarecer. Aclara que no incluye las muertes accidentales, pero sí las 22 producidas durante el ejercicio del periodismo.

En su balance Periodismo bajo el filo de la espada, que será publicado íntegramente a mediados del mes, la FIP destaca que entre otras partes del mundo en América Latina "la violencia continúa" y que se trata de una región que en un año cobró la vida de 37 trabajadores de medios, en particular en México, Colombia y Venezuela; mientras en Asia los ataques incesantes en Filipinas y Sri Lanka dejaron un saldo de 34 personas muertas.

El secretario general del organismo, conformado por medio millón de miembros en más de 100 países, Aidan White, refirió en un comunicado difundido ayer que "los medios de comunicación se han tornado más poderosos y el periodismo más peligroso".

De acuerdo con sus datos recabados, precisó que 2006 "fue el peor año registrado en cuanto a ataques directos y brutalidad e impunidad continua en casos de periodistas muertos".

La federación destacó que las cifras crecieron durante el año debido al conflicto civil y la resistencia a la ocupación militar en Irak. Señaló que esa nación los medios de comunicación se convirtieron en objetivo primordial de ataques terroristas o víctimas de soldados, lo que en el 2006 ocasionó la muerte de 68 trabajadores de medios que, contabilizados con los que se han presentado desde la invasión estadunidense iniciada en 2003, suman 170 asesinatos.

La única señal positiva

La FIP destacó que la única señal positiva para los periodistas llegó en los últimos días del año con la expedición de una declaratoria de la ONU, que por primera vez condenó los ataques e hizo un llamado a llevar ante la justicia a los asesinos de los trabajadores de los medios de comunicación.

"Esa fue la única luz en este año oscuro ­comentó Aidan White­; por primera vez la ONU trató la crisis que se profundiza para los medios de comunicación. Ya era hora. Requerimos de acciones contra países que permiten la impunidad en casos de periodistas asesinados."

En concordancia con las cifras presentadas, en los últimos días de la administración pasada, Reporteros sin Fronteras había precisado que "el mandato del presidente Vicente Fox termina con el sombrío balance de 20 periodistas asesinados, sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estos crímenes".

Durante el sexenio panista de Fox Quesada, México se convirtió en 2005 "en el país más letal para prensa de todo el continente americano" y el 2006 quedó clasificado en el segundo puesto mundial, sólo detrás de Irak, y de entonces a la fecha se le considera como el país "más peligroso del mundo".

En un recuento de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) presentado el 29 de diciembre pasado, el organismo expone que durante 2006 los periodistas de esas regiones ejercieron su profesión "en un contexto de inusitada gravedad y en un índice alarmante, hasta con el costo de la propia vida.

"La creciente desigualad y no equitativa distribución de la riqueza, en favor de los que más tienen y en perjuicio de las poblaciones más necesitadas, son el caldo de cultivo para la impunidad y las campañas interesadas en desacreditar al periodismo de investigación y de denuncia", analiza la federación que en sus síntesis de informadores mexicanos muertos o desaparecidos destacó lo siguiente:

Las ejecuciones en marzo de los periodistas Ramiro Téllez Contreras, Rosendo Pardo Ozuna y Jaime Arturo Olvera Bravo; el asesinato de Enrique Perea Quintanilla, en agosto; la muerte de Bradley Roland Hill, en octubre; la de Misael Tamayo Hernández, José Nava Sánchez y Roberto Marcos García, en noviembre, y cierran el año con la de Raúl Marcial Pérez.

En cuanto a los desaparecidos mexicanos, la Fepalc destaca, con datos compartidos de la FIP, a Rafael Ortiz Martínez, Guevara Guevara Domínguez, José Antonio García Apac y Adolfo Sánchez Guzmán.

2006, año de brutalidad sin precedentes, define la Federación Internacional de Periodistas

México, país más peligroso de AL para informar sobre crimen y corrupción

La ONU debe apremiar a gobiernos que toleran impunidad en casos de reporteros asesinados

GABRIEL LEON ZARAGOZA

En el avance de su informe anual, presentado ayer en la ciudad europea de Bruselas, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) calificó a México como el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores que profesionalmente abordan los temas de crimen y corrupción y precisó que en el plano internacional para los trabajadores de los medios de información 2006 fue "un año de brutalidad sin precedentes".

Ante la contudencia de sus cifras, la FIP urgió a los miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a emprender acciones "contra países que permiten la impunidad en casos de periodistas asesinados".

En su reporte, el organismo internacional precisa que en México ocurrieron el año pasado 10 asesinatos de periodistas de investigación, lo que coloca al país por encima de Colombia (cinco casos) y Venezuela en la región.

Informa que en ese periodo en México se hallan además cuatro periodistas desaparecidos, sólo comparado en el mismo rubro en la región con uno que se reporta en Paraguay.

El organismo afirma que 2006 fue un año trágico para los medios de comunicación en el mundo, con un registro histórico de 155 muertes y asesinatos sin esclarecer. Aclara que no incluye las muertes accidentales, pero sí las 22 producidas durante el ejercicio del periodismo.

En su balance Periodismo bajo el filo de la espada, que será publicado íntegramente a mediados del mes, la FIP destaca que entre otras partes del mundo en América Latina "la violencia continúa" y que se trata de una región que en un año cobró la vida de 37 trabajadores de medios, en particular en México, Colombia y Venezuela; mientras en Asia los ataques incesantes en Filipinas y Sri Lanka dejaron un saldo de 34 personas muertas.

El secretario general del organismo, conformado por medio millón de miembros en más de 100 países, Aidan White, refirió en un comunicado difundido ayer que "los medios de comunicación se han tornado más poderosos y el periodismo más peligroso".

De acuerdo con sus datos recabados, precisó que 2006 "fue el peor año registrado en cuanto a ataques directos y brutalidad e impunidad continua en casos de periodistas muertos".

La federación destacó que las cifras crecieron durante el año debido al conflicto civil y la resistencia a la ocupación militar en Irak. Señaló que esa nación los medios de comunicación se convirtieron en objetivo primordial de ataques terroristas o víctimas de soldados, lo que en el 2006 ocasionó la muerte de 68 trabajadores de medios que, contabilizados con los que se han presentado desde la invasión estadunidense iniciada en 2003, suman 170 asesinatos.

La única señal positiva

La FIP destacó que la única señal positiva para los periodistas llegó en los últimos días del año con la expedición de una declaratoria de la ONU, que por primera vez condenó los ataques e hizo un llamado a llevar ante la justicia a los asesinos de los trabajadores de los medios de comunicación.

"Esa fue la única luz en este año oscuro ­comentó Aidan White­; por primera vez la ONU trató la crisis que se profundiza para los medios de comunicación. Ya era hora. Requerimos de acciones contra países que permiten la impunidad en casos de periodistas asesinados."

En concordancia con las cifras presentadas, en los últimos días de la administración pasada, Reporteros sin Fronteras había precisado que "el mandato del presidente Vicente Fox termina con el sombrío balance de 20 periodistas asesinados, sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estos crímenes".

Durante el sexenio panista de Fox Quesada, México se convirtió en 2005 "en el país más letal para prensa de todo el continente americano" y el 2006 quedó clasificado en el segundo puesto mundial, sólo detrás de Irak, y de entonces a la fecha se le considera como el país "más peligroso del mundo".

En un recuento de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) presentado el 29 de diciembre pasado, el organismo expone que durante 2006 los periodistas de esas regiones ejercieron su profesión "en un contexto de inusitada gravedad y en un índice alarmante, hasta con el costo de la propia vida.

"La creciente desigualad y no equitativa distribución de la riqueza, en favor de los que más tienen y en perjuicio de las poblaciones más necesitadas, son el caldo de cultivo para la impunidad y las campañas interesadas en desacreditar al periodismo de investigación y de denuncia", analiza la federación que en sus síntesis de informadores mexicanos muertos o desaparecidos destacó lo siguiente:

Las ejecuciones en marzo de los periodistas Ramiro Téllez Contreras, Rosendo Pardo Ozuna y Jaime Arturo Olvera Bravo; el asesinato de Enrique Perea Quintanilla, en agosto; la muerte de Bradley Roland Hill, en octubre; la de Misael Tamayo Hernández, José Nava Sánchez y Roberto Marcos García, en noviembre, y cierran el año con la de Raúl Marcial Pérez.

En cuanto a los desaparecidos mexicanos, la Fepalc destaca, con datos compartidos de la FIP, a Rafael Ortiz Martínez, Guevara Guevara Domínguez, José Antonio García Apac y Adolfo Sánchez Guzmán.

Gustavo Iruegas

Porque es preciso...

Como parte de los males que el odioso neoliberalismo ha descargado sobre México ­profundizar la miseria, cancelar la democracia y menoscabar la soberanía­ penden sobre nosotros los efectos del muro en la frontera norte y la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) a nuestra agricultura. Dos ominosos elementos que estarán presentes en la relación entre México y Estados Unidos durante 2007.

Aunque Estados Unidos ha recurrido a la instalación de cercas, bardas y murallas en las ciudades fronterizas y sus cercanías para dificultar el paso de los mexicanos indocumentados, nunca lo ha hecho de manera total. Durante el siglo XX, las cercas fueron generalmente coincidentes con las guerras y con las crisis: 1917, 1929, 1942. En 1993 se retomó la construcción de un muro de unos 15 kilómetros entre Tijuana y San Diego que se prolongó unas decenas de metros en el mar. Esta práctica ha propiciado que se incluya en el discurso de los mexicanos, de uno y otro lados de la frontera, la aseveración de que los americanos no podrían construir un muro limítrofe porque eso implicaría cerrar su propia frontera. Nuestro razonamiento estaba incompleto. Le hacía falta agregar una segunda parte de la sentencia que aclarara: "A menos que las circunstancias políticas cambien". Y cambiaron.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 no solamente desataron la furia guerrera de Estados Unidos, también tuvieron efectos nocivos en el interior del país. La creación del Departamento de Seguridad Interior ha sido la principal de una serie de medidas tendientes a profundizar el carácter policiaco del gobierno de Estados Unidos. El principal objetivo de un gobierno policiaco es el control de la población. La población indocumentada está, por definición, fuera de control. Quince millones de personas (5 por ciento de los habitantes en Estados Unidos) fuera de control se convierten en objetivo inmediato del régimen policiaco. A esta lógica obedece el incremento de las medidas de hostilidad contra los indocumentados. Las hemos visto en la criminalización de la falta de documentos, de la acción racista de particulares, de discursos políticos oportunistas y de persecución policiaca intensificada. Todas orientadas a sembrar la animosidad en la opinión pública estadunidense.

La población indocumentada, alarmada a su vez por el evidente antagonismo de que era objeto, intentó hacer valer la importancia de su número. En abril y mayo de 2006 los indocumentados se congregaron por primera vez alrededor una causa común y marcharon, de manera simultánea y concertada, por las principales ciudades del país. Tenían el propósito de demostrar su peso en la economía, su lugar en la sociedad y su deseo de regularizar su situación migratoria. Esa demostración tuvo efectos contrarios.

Ante la impresionante movilización, los neoconservadores estadunidenses determinaron que antes de discutir cualquier programa de regularización migratoria debían detener el flujo de indocumentados. Y se decidió construir un muro en la frontera, altamente tecnificado y vigilado por soldados. Esta vez no se trató de una medida electoral ni de una construcción precaria de dudosa efectividad. Se tomó una decisión de Estado para la que se cuenta con la técnica, el dinero, la voluntad política de partidos y gobierno, y respaldo de la opinión pública. Con mil 120 kilómetros autorizados, el muro terminará extendiéndose de costa a costa y el fenómeno migratorio se reducirá sustancialmente.

No desaparecerá del todo porque los vínculos entre ambas sociedades son importantes, pero dejará de ser, en dimensión y condición, como ahora lo conocemos. Es de esperarse que los mexicanos que ahora se encuentran en Estados Unidos buscando su regularización migratoria sean sometidos a tratamientos diferenciados que permitirán a algunos permanecer y a otros seguir aspirando. A muchos más les espera la expulsión. No deportarán a todos, pero lo harán con todos los que puedan.

Para México, además de las tribulaciones que esperan a sus nacionales en Estados Unidos, la construcción del muro implica la drástica reducción del flujo migratorio. En tanto el muro esté en construcción habrá quienes logren pasar, pero para lograrlo necesitarán hacerlo por los lugares de mayores impedimentos y peligros. Los que no consigan pasar continuarán intentándolo y los expulsados procurarán, como hacen ahora, volver a cruzar la frontera; probablemente sin éxito. Mientras tanto se irá engrosando la precaria pero abundante población flotante en nuestras ciudades fronterizas y disminuyendo la capacidad de control de las autoridades mexicanas.

Eventualmente, los rechazados desistirán y buscarán acomodo en los espacios que el desempleo les depara: la economía informal, la mendicidad abierta o disfrazada y, para algunos, la delincuencia. Muchos acudirán al eterno expediente familiar de compartir la miseria. Todo esto significará más desempleo para México y menos "remesas". También abundará en la discordia que el neoliberalismo ha cultivado con tanto esmero en nuestra sociedad.

Si no fuera suficiente, pende sobre México el plazo fatal (2008) en que el TLC hará que el maíz, el frijol y otros granos y productos agrícolas de Estados Unidos, tecnificados y subsidiados, libres de aranceles y en condiciones de leonina competencia, invadan los mercados mexicanos. Los efectos de este abuso sobre el campo nacional serán devastadores. Arruinará a nuestros agricultores pequeños y medianos, anulará la producción nacional de granos y profundizará nuestra ya grave dependencia alimentaria.

Veinticinco años de inclemente neoliberalismo, la cancelación de la democracia, la supresión de la emigración y la aplicación del TLC a la agricultura mexicana es una suma de factores de presión social que apuntan a un estallido social sin precedentes en México. Es preciso evitar la entrada ventajosa de los granos estadunidenses.

Hay dos vías para hacerlo: la primera consiste en recordar a los socios del norte que la verdadera aportación de México a su seguridad está en ser un país en paz, con una sociedad en progreso y un gobierno estable. En sus manos está reducir la presión, ya crítica, a que el mal gobierno y los peores mexicanos han sometido a nuestra economía y a nuestra sociedad. La otra es seguir el ejemplo estadunidense en el caso de nuestros camiones y conductores: incumplir el tratado, simplemente.