El desencuentro

Luis Javier Garrido

La crisis política y moral del régimen calderonista se está agravando tras las revelaciones de estos días a propósito de las ejecuciones de los migrantes, que vinculan directamente al gobierno del PAN con el crimen organizado, por lo que cualquier posible entendimiento entre las fuerzas sociales y los panistas es prácticamente inviable.

1. El último y gravísimo escándalo que involucra al gobierno de Felipe Calderón ha ido creciendo de manera vertiginosa desde que el lunes 9 un grupo de indocumentados denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los entregaron a grupos paramilitares para que los despojaran de sus pertenencias y los ejecutaran, pues muchas otras denuncias e informaciones se han presentado en los siguientes días haciendo ver que la administración panista de facto ha seguido de manera sistemática estas políticas criminales con los migrantes centroamericanos con fines políticos muy claros y buscando además de paso culpar de estos homicidios a los cárteles de la droga.
2. Las políticas que Washington le impuso a Calderón desde 2006 en el contexto del llamado Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida el 30 de junio de 2008 por acuerdo de George W. Bush, supusieron seguridad en el discurso pero en los hechos la colombianización de nuestro país, entre otras cosas instaurando un clima de violencia y de terror con el fin de amedrentar al pueblo y desviar su atención de las políticas entreguistas del gobierno, para ir a la vez creando las condiciones para una mayor penetración de las agencias de seguridad estadunidenses en territorio mexicano, sin olvidar que en la frontera norte estas políticas tuvieron una peculiaridad muy clara: la de reducir mediante operativos criminales de disuasión, que en los hechos involucraron a ambos gobiernos, el número de migrantes mexicanos y centroamericanos deseosos de cruzar la línea fronteriza.
3. Las muertes de migrantes se fueron así atribuyendo al crimen organizado, es decir a los cárteles del narco, supuestamente para desvalijar a quienes muy poco traían, hasta que la masacre de 72 migrantes latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos, descubierta en el rancho de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, evidenció lo absurdo de esta hipótesis. Un ecuatoriano, sobreviviente de la misma, relató a los medios desde un hospital en Quito que jamás nadie intentó desvalijarlo a él y a los demás y que se trató de una mera ejecución, como muchas otras, sin explicación, que se han producido en territorio nacional.
4. El escándalo actual suscitado por atroces evidencias es de una gravedad sin precedente, pues pone de manifiesto la connivencia entre las policías calderonistas y el grupo de Los Zetas, a quienes los agentes del INM habían vendido a estos migrantes, según ellos mismos lo denunciaron ante la PGR (La Jornada, 10 de mayo), y de nuevo plantea la cuestión fundamental de estos años: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno, o en ambos? O para utilizar el lenguaje aparentemente infantil pero perverso de Los Pinos: ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos?
5. El pueblo de México no se equivoca, de ahí que la marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, que culminó en la ciudad de México el 8 de mayo como una expresión colectiva de dolor y de duelo, iba dirigida no a los cárteles (como al día siguiente pretendieron la mayor parte de los medios), sino al gobierno de Felipe Calderón, responsable de haber llevado al país a este baño de sangre: no por equivocación ni por torpeza –como pretendían muchos de los coorganizadores de dicha marcha-caminata, que buscaron coparla y desviarla de su sentido más profundo–, sino por una decisión política amoral y criminal de los gobernantes actuales que busca privilegiar los intereses de unos cuantos beneficiarios del régimen y hacer viable la injerencia de Washington en los asuntos internos de México como consecuencia de la colombianización impuesta, en la que la muerte de miles vale por los intereses financieros, económicos y políticos en juego.

6. Y para que no haya dudas de nada, creyendo aprovechar el barullo y la confusión por los acontecimientos derivados de la inexistente “guerra contra el narco”, con un absoluto desprecio de la Constitución mexicana y de las luchas históricas del pueblo, durante su enésima visita a Washington, Felipe Calderón ofreció el martes 10 a los inversionistas estadunidenses la venta de acciones de Pemex, a sabiendas de que esto es contrario al marco jurídico de la nación, e indicando que prepara otra contrarreforma para modernizar la paraestatal.
7. La pretensión de Javier Sicilia y de varios de los organizadores del movimiento de ser oídos por Calderón, e incluso de establecer con él un diálogo, se tornó como era de suponerse en un absoluto desencuentro tras de que en su discurso del domingo 8 el poeta, intuyendo la realidad de las cosas, demandó la renuncia de Genaro García Luna (titular de Seguridad Pública), a lo que la cargada blanquiazul se opuso rotundamente a sabiendas de que no se pedía que se fuera por inepto sino, como se ha señalado un sinfín de veces, por ser el hombre de confianza de la Iniciativa Mérida y parte de los intereses del crimen organizado.
8. Un pueblo no tiene nada que ver con un gobernante de facto que está absolutamente en contra de los intereses populares, y que en vez de asumir que la principal responsabilidad de quien ocupa la titularidad del Ejecutivo es defender y preservar la vida de todos aquellos que se encuentran en territorio nacional, sigue dispuesto, con lógica genocida, a continuar sacrificando muchas vidas en aras de la plena imposición en México del modelo neoliberal que es intrínsecamente perverso, defendiendo intereses trasnacionales.
9. El plan de seis puntos contra la inseguridad propuesto por las organizaciones que buscan copar a Sicilia está, por lo mismo, fuera de la realidad, pues hace suyo el discurso de Calderón y de los partidos políticos con modificacioncitas legales que a nada conducen. Lo fundamental en estos momentos críticos es exigir el pleno respeto al marco constitucional, oponerse por todos los medios a la nueva legislación sobre seguridad y pugnar por el esclarecimiento de los crímenes del sexenio y el encausamiento de los responsables.
10. La Iniciativa Mérida hará a nuestros socios regionales más seguros, dijo en 2008 Condoleezza Rice, entonces secretaria de Estado, al rubricar el documento, y eso mismo lo reitera cada vez que puede su sucesora en el cargo, Hillary Clinton. Los hechos muestran empero otra cosa y en particular que la militarización del país ha consolidado a los cárteles del narco y reordenado el negocio en función de los intereses de Washington, propiciando que las multinacionales avancen en su proyecto de saqueo del país, pero también que la violencia estatal es cada vez más ciega y que en la contabilidad oficial los muertos del pueblo no cuentan: porque es muy fácil atribuírselos al crimen organizado. De ahí que el el pueblo no se canse una y otra vez de espetarle a Calderón el ¡Ya basta!

Astillero

Marchantes de escritorio
El poeta Salinas
Impunidad 2010
Migración protegida

Julio Hernández López

MILITARIZACIÓN EN MÉXICO. Miguel Concha, Agnieszka Raczynska y Silvano Cantú Martínez, durante su participación en el Foro Seguridad y Militarización en México, organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el Centro Universitario CulturalFoto Carlos Cisneros

F

elipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari forcejean por los réditos de la marcha dominical por la paz que encabezó el poeta Javier Sicilia. El primero de los nombrados trata de darle convenenciera dirección al sentido de la protesta, pretendiendo entenderla como algo encaminado contra la delincuencia organizada (la de los cárteles y los capos no oficiales) y no contra la desorganizada (la de los gobiernos); además, en un lance de claro oportunismo, invitó a los líderes del naciente movimiento por la paz a dialogar con él, pensando seguramente en los formatos acartonados e intrascendentes en que encasilló y descafeinó anteriores asomos de crítica.

El ex presidente con pretensiones de volver al poder tras un copete de parapeto también ha asomado, tan campante, al carrusel de oportunidades de negocio político en que ciertos segmentos de las elites buscan transmutar la mencionada marcha. En Madrid, adonde fue a dar a conocer otro de sus libros (que alcanzan más fama por las presentaciones que le dan foro para declaraciones mediáticas que por el contenido en sí, que muchas veces se suma a una variante de la clandestinidad intelectual), el famoso licenciado Salinas se incorporó tardía pero alegremente al marchismo discursivo. Casi insurrecto, dijo que es hoy la hora de los ciudadanos y que la movilización del domingo 8 constituía un reclamo muy serio y muy firme a toda la estructura política del país, obligando a reconsiderar las respuestas, las propuestas de diálogo y, sobre todo, considerar que es la manera como los ciudadanos exigen que se escuche su voz. A ese paso, nada más falta que se declare poeta el famoso autor de éxitos de verso libre como No se hagan bolas (delicada recreación sobre los misterios del dedazo y el posterior jugueteo con dos cartas), Ni los veo ni los oigo (elaboración metafísica referida a lo fantasmal y a otras formas de desvanecimiento de lo adverso), Política ficción (un recuento sincero de su sexenio prosaico) y El error de diciembre (dedicado a su rebelde criatura, el técnico Zedillo).
A las pretensiones felipistas de apropiación del capital político de la marcha han contestado sus dirigentes con ánimo público: no a las reuniones en lo oscurito sino abiertamente, en el Palacio Nacional que así es reivindicado como centro republicano del poder, en presencia indelegable del convocante y con participación de representantes de casos notorios de injusticias cometidas desde el poder. Hasta ahora, Felipe Calderón ha convertido en espectáculo mediático bajo riguroso control protocolario sus escasas muestras de atención a este tipo de problemas. En Ciudad Juárez, a pesar de los montajes y controles, algunas madres de jóvenes victimados lograron expresarle de viva voz el sentimiento de indignación que de entonces a la fecha se ha multiplicado y fortalecido. Otras veces, con el empresario Martí en el centro de la atención, el calderonismo convirtió las justas protestas de un padre de hijo asesinado en malabares de oficialismo deseoso de emitir proclamas, compromisos gubernamentales y otras variantes de la demagogia sabida.

No es, por otra parte, desdeñable el condicionamiento del diálogo de esta ocasión a que se realice en el lugar donde debería despachar quien ocupe la Presidencia de la República, el simbólico, digno e histórico Palacio Nacional que ya solamente es utilizado de vez en cuando, sometiendo el resto de los actos públicos a una especie de avasallamiento doméstico al obligar a los participantes a trasladarse a la casa oficial, denominada Los Pinos, para acomodarse a las necesidades, gustos e instrucciones de esa residencia que como tal debería estrictamente funcionar.
Necesidades políticas por satisfacer como las que han mostrado la maltrecha Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la triunfante Secretaría de la Defensa Nacional. Luego de algunos intentos de la CNDH por aparentar entereza y gallardía frente a los múltiples abusos criminales cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra ciudadanos, y de que algunos de esos agravios alcanzaran incluso a funcionarios de la así amedrentada comisión, ayer fue firmado un convenio de buenas intenciones que pretende disimular con superficialidad las justas desavenencias existentes.
Nada frágil es, en contraparte, la postura de Amnistía Internacional, que ha declarado que en 2010 la impunidad fue la norma del aparato institucional mexicano. AI enumera lo que se ha sufrido en México desde que el Ejército fue sacado de los cuarteles para participar en la guerra calderonista: homicidios, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, es decir, miles de casos de violaciones graves a los derechos humanos, sin que hasta el momento ningún militar en activo haya sido condenado por cometer esos abusos, con el fuero de guerra como coartada y refugio para esos transgresores.
En otra muestra de impunidad sustancial, apenas disfrazada de remociones administrativas, cual si la máxima pena posible para un funcionario causante de crímenes fuera la expulsión del organigrama y sus beneficios materiales, la Secretaría de Gobernación anunció la destitución de ciertos delegados regionales del Instituto Nacional de Migración. En el boletín informativo del caso se sugiere que un par de ellos podrían tener nexos con el crimen organizado y que algo se investigará al respecto. Pero a nadie se castiga de verdad por las matanzas de indocumentados centroamericanos que se repiten en el país, y la estructura de ese INM sigue siendo cómplice de la actuación de bandas de secuestradores y asesinos. Mientras tanto, la anterior directora de ese instituto, Cecilia Romero, que lo era cuando detonó el primer escándalo de sepulturas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, disfruta de las emociones de la política partidista y las intrigas futuristas como secretaria general del comité nacional panista. Y el responsable histórico de ese criminal abandono institucional recibe a Bono en Los Pinos, tan alegre como tiempo atrás atendió a Joaquín Sabina. ¡Ah, la buena vida! ¡Feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Ruben Luengas entrevista a Eva Golinger en “Contra Golpe”

Rubén Luengas entrevista a Eva Golinger en el programa “Contra Golpe” de Pacifica Radio, KPFK en California y se da un buen debate sobre Hugo Chávez donde participa el periodista Rogelio Mora Tagle:

Contragolpe - Entrevista con Eva Golinger by contragolpe

Renuncia, Calderón, o estalla la nación

Renuncia, Calderón, o estalla la nación

Álvaro Cepeda Neri *

El desastre social del país ya es intolerable. En 10 años, tras el ascenso del foxismo-panista (Alejandra Lajous y otros, Vicente Fox, el presidente que no supo gobernar; editorial Océano de México, 2007) y el cuatrienio calderonista-yunquista, la nación como sociedad, el Estado y el gobierno han sufrido retrocesos económicos, políticos y culturales tan dramáticamente dañinos que la única solución debe ser de raíz: la renuncia, forzada o voluntaria, del inquilino del búnker en los sótanos de Los Pinos, quien, como un Hitler derrotado, se resiste a irse a consecuencia de su notoria incapacidad e ineficacia para implantar políticas públicas. Asido al clavo ardiente del “dejad hacer, dejad pasar”, el calderonismo es un rotundo fracaso y su mal gobierno, en el bicentenario de 1810 y el centenario de 1910, que generaron esos levantamientos populares, es, nuevamente, elcaldo de cultivo para un nuevo estallido del pueblo que imponga la paz social contra la violencia sangrienta, por igual, del narcotráfico y los gobernantes.

Emplazados al “si no pueden, renuncien”, particularmente Calderón y su grupo, ha llegado el momento para una solución radical. Y la raíz del mal gobierno federal es Calderón. La nación ya no resiste sin solucionar sus principales problemas: la cada vez más pavorosa, sangrienta y aterradora inseguridad que oficialmente arroja más de 40 mil homicidios, pero que, desde hace 22 años, sino es que desde el decadente régimen de Miguel de la Madrid (que suman 28 años), arrojan más de ¡100 mil asesinatos con toda impunidad!

La política económica, desde el maldito salinato –cuya cabeza rapada anda tanteando el terreno del des-Peña-dero para resurgir–, arrastra a más de 40 mil desempleados acumulados con los del foxismo-calderonista; a 50 millones de pobres. Hay bajísimo consumo de productos para la alimentación; alza de precios a los bienes y servicios que presta el gobierno, y los empresarios, no obstante la baja demanda en general, también le meten a fondo el acelerador de la inflación. Y niños y jóvenes sin presente, presas de enfermedades y falta de escolaridad, pervirtiéndose en la vagancia, la prostitución, el desgarre de las relaciones familiares, el narcotráfico y cometiendo otros delitos en la anarquía de la vida pública.

Y como el eje en torno al cual gira la totalidad de las vidas privadas y públicas sigue siendo el presidencialismo (al que la reforma de Beltrones propone restarle poderío para equilibrar democrática y republicanamente pesos, contrapesos y otros cuestionamientos analizados por Gabriel L Negretto, editor con otros autores del libro Debatiendo la reforma política, edición Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, 2010), entonces su inactividad, desaciertos, ineficacia e incompetencia, como es el caso de Calderón, trastorna todas las potenciales fuerzas económicas, sociales, culturales y políticas hasta llegar a la paralización agrícola, ganadera, industrial, comercial, minera, etcétera. Por esto, el señor Calderón debe irse y se debe designar un presidente sustituto para que la crisis política toque fondo y, tras ese sacudimiento por su renuncia (por causa grave: incapacidad), nos demos a la tarea de la reconstrucción.

Calderón y la mayoría de los panistas (en los gobiernos municipales, estatales y federal) carecen de una mínima formación e información cultural, sobre todo en teoría y práctica políticas (de aquí sus fracasos en la administración y el gobierno propiamente). Ignoran el consejo, por ejemplo, de Max Weber, en su espléndido ensayo El político, cuando dice que quienes ejercen el poder del Estado al menos deben aspirar a ser estadistas y que “lo decisivo no es la edad, sino la educada capacidad para mirar de frente las realidades de la vida, soportarlas y estar a su altura”, y que ha de alternarse la acción, la práctica política-administrativa, “conforme a la ética de la responsabilidad o la ética de la convicción”.

Calderón, empero, ha permanecido agazapado a la ética religiosa con sus compañeros de viaje desde la pandilla de El Yunque. Agrega Weber que quien “siente realmente y con toda su alma la responsabilidad por las consecuencias llega a un cierto momento y dice: ‘no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo’”. Pero Calderón se resiste a renunciar, a irse… a detenerse. No tiene vocación para la política. Y debe presionársele para que renuncie, pues no supo ni sabe gobernar… después de más de cuatro años, mientras transcurre la década panista que ya desgració a la nación, que, con su paciencia, ha llegado al límite de su estallamiento. Y si no se quiere más derramamiento de sangre, que se vaya sin violencia o, de lo contrario, un día de éstos irrumpirán las revueltas. “Ésa es, señores, mi convicción profunda: creo que estamos durmiéndonos sobre un volcán”, escribió, vaticinando la Revolución de 1848 Alexis de Tocqueville, a lo que se puede agregar que Calderón y los panistas se han convertido, por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios (sus adicciones etílicas), en “incapaces e indignos de gobernar”. Calderón no fue hecho para la política. No es un hombre de Estado… es un arribista que se apoderó del gobierno “haiga sido como haigasido”. Y debe salir constitucionalmente o la nación estallará violentamente. Ésa es la alternativa: con la Constitución o contra ella.

*Periodista

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

Beneficia gobierno a empresa ligada a primo de Margarita Zavala

Beneficia gobierno a empresa ligada a primo de Margarita Zavala

La incorporación de Luis Gómez del Campo Gurza a la Dirección Financiera ha redituado al Grupo Andrade millonarios beneficios. El primo de Margarita Zavala –esposa del presidente Felipe Calderón– provee de parque vehicular a Pemex, Sedesol, Ssa, STPS, SEP, SAT, Fonhapo, Banjército, ASA, SCT, Profepa, CFE. En la Secretaría de la Función Pública, donde se le ha acusado de tráfico de influencias, despacha su hermana Teresa Gómez del Campo. Ante las contralorías internas del SAT y la CNBV, por las actividades que realiza, fueron acusados de omisión sus hermanos Antonio y Pablo Gómez del Camp.

Ana Lilia Pérez

A cuatro años de su gobierno, Felipe Calderón aún paga las facturas a los empresarios que lo respaldaron en su campaña política para la Presidencia de la República. Entre ellos, figura el Grupo Andrade, cuyas finanzas administra el primo del presidente Luis Gómez del Campo Gurza, hermano de la líder del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo.

Los millonarios contratos que desde 2007 Pemex Refinación ha adjudicado a Camiones Andrade, una de las empresas del grupo, ha provocado la inconformidad de diversos proveedores, quienes han promovido quejas y denuncias ante el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que frenen el supuesto tráfico de influencias de Luis Gómez del Campo a favor de esa compañía.

Con Gómez del Campo, los empresarios Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, directivos de Grupo Andrade, se convirtieron en los contratistas con las asignaciones más lucrativas de Pemex Refinación.

Sólo entre 2007 y 2010, mediante los contratos 4500236448, 4500298819, y 4500350033, la subsidiaria les compró más de 900 pipas para transportar hidrocarburos, cuyo costo unitario rebasa el millón de pesos; es decir, más de 1 mil millones de pesos. Es la facturación más alta en la historia de esa compañía. También les compró 57 autostanque y 91 tractocamiones mediante las licitaciones 18576178-003-10 y 18576178-004-10.

Para tales adjudicaciones, se argumentó que Grupo Andrade cumplía con los requerimientos técnicos y económicos, y que tenía la suficiente solvencia para compromisos contractuales de tal envergadura, no obstante que durante 2009 diversas cuentas bancarias le fueron embargadas por proveedores que alegaron falta de pago e incumplimientos, como Daimler Financial Services, derivado del juicio mercantil 159/2010.

Los órganos internos de Control en Pemex recibieron quejas de que las adjudicaciones responden a las gestorías e “influencias” de Gómez del Campo. Tales inconformidades también se hicieron públicas en desplegados que transportistas dirigieron a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de Pemex.

El Grupo Andrade rechaza que existan tales influencias: “La relación de Luis Gómez del Campo con el Grupo tiene más de 15 años y sus funciones no lo vinculan en los procesos de licitación, en los que las empresas del Grupo participan”, dice aContralínea el área de relaciones públicas del corporativo, a nombre del director general Ángel Mieres Zimmermann.

Sin embargo, fuentes internas del Grupo Andrade refieren que aunque la amistad entre Gómez del Campo y Ángel Mieres data de hace 15 años, su ingreso a la nómina fue en agosto de 2005. Antes, se desempeñaba como ejecutivo del grupo financiero Multiva, de la familia Vázquez Raña.

Explican que aunque Luis Gómez del Campo no participa directamente en los procesos de licitación gubernamental, sino a través de sus subordinados, él opera las relaciones públicas y administra los recursos económicos del consorcio, la mayoría desde 2007. Según el sistema Compranet, provienen del erario.

El Grupo Andrade se dedica a la venta de automóviles y camiones. Fue fundado en 1986 por Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, accionistas mayoritarios junto con Antonio y María Cristina Mieres Zimmermann. Agrupa las firmas Automovilística Andrade; Camiones Andrade; Autoangar, SA de CV; Camiones de Cuautitlán, SA de CV; Refacciones y Servicio Zaragoza; Angar Azcapotzalco, SA de CV; Autos Británicos Angar, SA de CV; Camiones y Refacciones El Pajarito (Carepasa); Eurocamiones, SA de CV; Autos Japoneses Angar; Italo Angar, y Velotrans.

Si bien el consorcio ya era proveedor del gobierno desde el sexenio de Vicente Fox, sus contratos eran menores –uno de ellos, matizado de irregularidades–. En 2006, la Secretaría de Salud le concedió, fuera de ley, un plazo de cuatro meses para que entregaran las compras que les hizo el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de una unidad de comando operativo para seguridad en salud y siete unidades de respuesta rápida para seguridad en salud.

Las cláusulas obligaban a Camiones Andrade a entregar las unidades el 10 de marzo de 2006; pero dos semanas antes de que se cumpliera la fecha, funcionarios del sector salud ampliaron el plazo hasta el 26 de julio mediante un convenio que la Auditoría Superior de la Federación calificó como ilegal; acusó a funcionarios de la Secretaría de Salud por violar la Ley de Adquisiciones para favorecer a la contratista y pidió al Órgano Interno de Control (OIC) fincar responsabilidades.

La bonanza

La llegada del gobierno autodenominado “de las manos limpias” impactó de manera directa al corporativo, no sólo con millonarias compras de Pemex, sino de secretarías de Estado, instituciones de salud, procuradurías, corporaciones policiacas, y lo colocó a la cabeza de los proveedores de parque vehicular.

Ya con Felipe Calderón, aun con la presencia de contralores y la incorporación de testigos sociales a los concursos de gobierno, se les ha permitido que dos, tres y hasta cuatro de sus compañías concursen en una misma licitación, un hecho que a otras contratistas les ha valido severas inhabilitaciones por simulación de competencia y por contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al respecto, Rogelio Aldaz Romero, director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, precisa que las leyes de Adquisiciones y Obra Pública prohíben que empresas de un mismo grupo participen en una misma licitación con propuestas diferentes, porque “este tipo de prácticas vulneran precisamente la libre competencia entre los servicios que se ofrecen al gobierno”.

Las sanciones, explica, promedian tres años de inhabilitación y multas económicas que “dependen del monto del contrato que se obtuvo con ese mecanismo de participación simulada. Pero, de entrada, amerita la inhabilitación severa de tres años”.

Esta pena no se ha aplicado al Grupo Andrade. En junio de 2009, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió la licitación 00020043-012-09 para comprar vehículos a Liconsa, Diconsa y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares. En el proceso, se permitió que cuatro compañías del grupo –Camiones y Refacciones El Pajarito, Camiones de Cuautitlán, Autoangar y Automovilística Andrade– concursaran, y se les adjudicó la compra de vehículos por 42 millones 969 mil 800 pesos.

Al año siguiente, la Sedesol convocó a la licitación 00020043-010-10 para compra de vehículos a Liconsa, Diconsa y Oportunidades. Se permitió que concursaran Autoangar, Camiones de Cuautitlán y Camiones y Refacciones El Pajarito, todas representadas por una persona distinta. Se les adjudicó el contrato por 33 millones 200 mil pesos a Camiones de Cuautitlán, y 3 millones 227 mil pesos, a Camiones y Refacciones El Pajarito.

Rogelio Aldaz, de la SFP explica que para que se acredite la infracción debe haber coincidencia de socios entre las empresas que están participando en un mismo concurso.

En las actas constitutivas de Camiones de Cuautitlán y Autoangar, Ángel y María Cristina Mieres Zimmermann aparecen como accionistas principales. En las actas de Automovilística Andrade, ambos aparecen como miembros del Consejo de Administración.

Los llamados públicos y a través de las contralorías internas para que la SFP escrute los contratos adjudicados al consorcio camionero pondrán en una encrucijada al área encargada de vigilar la legalidad de las contrataciones gubernamentales, pues otra integrante de los Gómez del Campo, Teresa, es funcionaria de dicha Secretaría.

SAT, compras al por mayor

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es otra área de gobierno que más compras ha hecho al Grupo Andrade. Quizá sea coincidencia que Antonio Gómez del Campo, hermano de Luis, sea administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de esa dependencia.

En septiembre pasado, el SAT compró a Autoangar 58 camionetas tipo Guayin y 35 camionetas tipo pick up, que facturaron 10 millones 558 mil pesos. A finales de ese mes, compró camionetas por 153 millones 587 mil 471 pesos con dinero del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Auditorías Aduaneras.

Vehículos de lujo para secretarios y subsecretarios, camionetas para funcionarios ejecutivos y 4 por 4 para ejecutivos junior; vehículos utilitarios, camiones de carga, pipas y tractocamiones para la industria petrolera; pipas y camiones cisterna; camiones adaptados como unidades médicas para el sector salud; camiones de carga para transportar bienes incautados; patrullas con torreta para policías; motocicletas para los federales; blindados para el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército); grúas para Comisión Federal de Electricidad, etcétera. El Grupo Andrade surte de todo al gobierno federal en licitaciones públicas o adjudicaciones directas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares compra a Grupo Andrade autostanque para gasavión, dispensadores para suministro de combustible, vehículos de rescate y extinción de incendios. A la Comisión Nacional del Agua, vehículos y camiones tanque cisterna. Con cargo al Fondo Nacional de Desastres, el gobierno federal compra al Grupo Andrade camiones tanque cisterna, tractocamiones y camiones 6 por 4 con grúa.

En 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) compró una flotilla de 46 automóviles sedan cuatro puertas, con dirección hidráulica y aire acondicionado, y 49 camionetas tipopick up 4 por 4 con sistema de doble tracción.

Por adjudicación directa, también les compran la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría del Trabajo, Banjército, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y por “invitación restringida”, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública.

El SAT, además de comprar vehículos, contrata a Grupo Andrade el servicio de mantenimiento; igual que Pemex Corporativo, que en febrero de 2008 contrató el mantenimiento de los vehículos de sus ejecutivos por 590 mil pesos. También Liconsa, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría del Trabajo.

Pemex Refinación compra a Andrade refacciones y el mantenimiento de pipas y del parque vehicular, así como de tanques de terminales del país.

Denuncias elocuentes

El pasado 30 de agosto, el SAT recibió una denuncia donde se ventilan, con santo y seña, supuestas irregularidades del corporativo Andrade. Aquí, la parte sustancial de la denuncia, a la que tuvo accesoContralínea:

“Los trabajadores del Grupo Andrade son empleados de una administradora de personal Trasinmex, SA de CV, y/o Servicios de Contraloría, Administración y de Personal, SA de CV. Los gerentes y directivos son miembros de una cooperativa. Adicionalmente, los dueños y directivos reciben sus ingresos por medio de depósitos en efectivo de la empresa de transporte Velotrans, SA de CV, la cual factura a las distribuidoras ciertos montos con IVA [impuesto al valor agregado], los cuales son depositados a cuentas bancarias de los dueños, directivos, gerentes y empleados de las distribuidoras.

“La empresa de transporte acumula el IVA y factura como asesorías administrativas. Esto se ha llevado a cabo mensualmente por más de cinco años, abusando de las ventajas fiscales de las deducciones de las empresas de transporte. Al final, esta empresa está ‘vendiendo’ facturas y realiza operaciones fuera de su giro. A sabiendas de que este tipo de transacciones son ilegales, los directivos y dueños sacan sus ingresos adicionales de las empresas, ya que cobran una mínima porción dentro de la nómina de la empresa administradora de personal.

“Tanto propietarios como empresas no son asesorados por empresas externas como es común, sino que copian esas prácticas y las implementan por medio de sus directores de contraloría y del área legal. Además de incurrir en simulaciones contables, triangulaciones financieras, doble contabilidad, evasión de pago del ISAN, y promueven amparos para dejar de pagar contribuciones.

“Los dueños podrían ser responsables de evasión fiscal, lavado de dinero, fraude, ya que a pesar de hacer ventas importantes a Pemex de auto tanques y tener utilidades, buscan figuras para no contribuir al fisco a pesar que el mismo Estado le hace importantes compras…” (sic).

Al respecto, la Administración Regional de Evaluación Metropolitana, de la Administración General de Evaluación del SAT, integró el expediente (103-24) 331-02-02-2010-208.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió una denuncia similar.

En octubre, ambas denuncias derivaron en otras que se presentaron ante las contralorías internas del SAT y la CNBV. La razón: se acusa a Antonio Gómez del Campo, en el SAT, y Pablo Gómez del Campo, en la CNBV, de supuesta “omisión ante las actividades que realiza su hermano Luis Gómez del Campo Gurza, director financiero del Grupo Andrade”.

En la CNBV, Pablo Gómez del Campo es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV. La queja en su contra quedó integrada en el expediente AQ/DE-17/10.

La denuncia ante los órganos internos de Control detalla el supuesto encubrimiento de los Gómez del Campo a las supuestas prácticas de su hermano Luis en el Grupo Andrade.

Cita el texto:

“Denuncio las presuntas irregularidades cometidas por Pablo Gómez del Campo Gurza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la H Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Presuntas irregularidades: el servidor en cuestión ha encubierto a su hermano Luis Gómez del Campo Gurza de operaciones financieras ilícitas, ya que la empresa de la cual es el director financiero conocida como Grupo Andrade, ha sido señalada de presunta evasión fiscal, ya que utiliza diferentes mecanismos para no cumplir con sus obligaciones fiscales.

“El servidor público en cuestión podría estar actuando por omisión ante las actividades de su hermano. Puede ser también probable cómplice de su hermano al asesorarlo y/o ayudarle a él y G Andrade en cómo tramar las operaciones sospechosas, así como evadir las sospechas de las autoridades fiscales y judiciales.

“Puede también tener conflictos de intereses al serle cuestionado por las autoridades sobre el actuar de su hermano, así como de las actividades de la empresa de la que es director.

“Sobre la responsabilidades y actividades de Luis Gómez del Campo se pueden señalar, entre otras: contacto con personas o socios de las empresas en las que labora, que probablemente lavan dinero producto de negocios ilícitos o de evasión fiscal. Las personas son el exedil de Tuxpan, Michoacán, Gilberto Coria Gudiño; los propios socios de las empresas de Grupo Andrade Ángel Mieres Zimmermann, Jorge Armando Olivares de Emparan, amigos personales de Luis Gómez del Campo, así como otros directivos del grupo.

-“Ha sido ejecutor de movimientos financieros inusuales y sospechosos, en complicidad con los socios señalados.

-“A sabiendas de las actividades irregulares, no reporta ni denuncia las mismas ante las autoridades competentes, más aún, teniendo un hermano servidor público que su deber es prevenir tales actividades.

- “El mismo Luis Gómez del Campo es en lo personal evasor fiscal, ya que por diferentes mecanismos (por medio de la empresa transportadora del grupo llamada Velotrans) obtiene ingresos que no registra, haciéndolo sospechoso de enriquecimiento ilícito y desmesurado, lo cual Pablo Gómez del Campo ya debió haber notado en los últimos años.

- “Luis Gómez del Campo, junto con el contralor de las empresas Antonio Carlos Colombo son los responsables de autorizar los movimientos de efectivo por medio de Trasportadora Velotrans a los socios y directivos, abusando de los deducciones y régimen fiscal de empresas dedicadas al transporte.

-“Responsable de elaborar estados financieros y modificarlos con datos no reales, con el fin de mostrarlos a las instituciones financieras y recibir créditos, así como de falsificación de pagarés y otras obligaciones junto con el señor Ángel Mieres Zimmermann. Prueba de esto son los diversos juicios entre las financieras de las armadoras de las marcas que representan.

“La lista puede continuar, pero la idea es que consideren que este servidor público, encargado de vigilar y prevenir muchas de las actividades descritas con anterioridad, haga su encomienda, independiente de quien se trate, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente Calderón, del que, curiosamente, los hermanos Gómez del Campo se relacionan familiarmente. Parece que el enemigo a combatir está cerca de casa.

“Estas actividades descritas se han llevado a cabo al menos durante el periodo que comprende del 1 de octubre de 2005 a la fecha.

“Pido respetuosamente se dé seguimiento a esta denuncia, ya que la H CNBV tiene la capacidad de verificar la información de movimientos bancarios sospechosos y que se lleguen a aclarar todos estos inconvenientes, por el bien de Mexico y de los que lo queremos y buscamos un mejor país.”

En noviembre pasado, el OIC ordenó cerrar el caso por “improcedencia”.

Contralínea solicitó a los representantes del Grupo Andrade su postura respecto de dichas denuncias. La respuesta fue que ellos no tienen conocimiento de tales denuncias y que sus empresas “siempre se han conducido bajo la observancia y cumplimiento de las leyes. Ninguna de las empresas de Grupo Andrade ni sus funcionarios, ni sus socios se encuentran involucrados en alguna actividad ilícita y no se tiene conocimiento de investigación alguna”.

Ante los graves señalamientos que en dichas denuncias hay en su contra, se solicitó a Luis Gómez del Campo una entrevista. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También, a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien, a través de su Secretaría Particular, dijo que no haría comentario alguno al respecto.

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

Labor inconclusa-Helguera

Más que merecido-Hernández

Empresas mexicanas estratégicas-Fisgón

Los costos ocultos de la guerra

Jorge Carrillo Olea

U

n país democrático hace explícitos los costos de una guerra. No como un boletín más o menos amañado, sino como un examen cauteloso de las comisiones conjuntas de Defensa de su Congreso que producen el dictamen correspondiente al pleno.

También es cierto, como en el caso de Estados Unidos, que ciertos gastos confidenciales, que siempre los hay y siempre los habrá, se diluyen en los enormes presupuestos del Pentágono, pero que conocen de manera confidencial las mencionadas comisiones o se pierden transitoriamente en operaciones francamente reprobables, políticamente hablando. El caso Irán-contras tan fue así que puso a Ronald Reagan en el asador por meses y con riesgo de perder la presidencia.

Los excedentes de la compra/venta de armas a Irán produjeron una gran suma de dinero que fue negociada por el teniente coronel Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y destinada a la subversión nicallamada contra. North finalmente fue dejado colgado de la brocha por Reagan y después de pasar las de Caín, terminó de comentarista de la cadena Fox News.

Pero todo eso es muy sofisticado. En México, de nuestra guerra pocos saben poco. Al Congreso sencillamente ni le informan ni le interesa. Obviamente saben de esos costos el Presidente, el secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, y en sus partes los secretarios de Defensa (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública federal (SSP) y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Son miles de millones.

Según reveló Cordero en Washington, son más de 200 mil millones de pesos, suma mayor al gasto en educación preparatoria y universitaria públicas de todo el país. Eso es todo lo que se supo, y eso por ser desde Washington. El pueblo, que es el tributante, no merece saber más.

El gasto proporcionalmente más alto corresponde a Marina por la evidente necesidad de convertir sus elementos humanos y materiales destinados a otras misiones a combatir en tierra como infantes de Marina. Básicamente fueron el formar y readiestrar efectivos humanos, adquisición en grandes proporciones de vehículos terrestres y obviamente armamento, comunicaciones, vestuario y equipo individual, y la expansión en tierra de servicios logísticos de apoyo. Eso es gasto de inversión. Súmese el gasto corriente para quizá más de 5 mil hombres: alimentos, servicios sanitarios, municiones, armamento de reposición, combustibles y lubricantes, vestuario, mantenimiento aéreo y automotriz, etcétera.

Por parte del Ejército y la Policía Federal los números son terriblemente mayores, en proporción a los efectivos comprometidos, pero los rubros son semejantes. Destacarán en las tres fuerzas comprometidas, más PGR, la masiva compra de vehículos tipo pick-up de doble cabina, decenas de cientos de ellos, a costos generales de 450 mil pesos por unidad. Agregar a esto la compra por el momento de 10 helicópteros Eurocopter Cougar al discreto precio de 60 millones de dólares por unidad.

La guerra contra el narcotráfico está consumiendo recursos muy importantes. Esta guerra, como toda guerra, está costando mucho. El Ejecutivo está dedicando cada vez más recursos a ella, a la que, según los especialistas nacionales y extranjeros, no se ve el fin.

De cuatro dependencias que están concentradas exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico –Sedena, Semar, SSP y la PGR– su presupuesto en conjunto se ha visto incrementado en casi 60 por ciento en la presente administración. Destaca de manera significativa el presupuesto de la SSP, que se ha incrementado 140 por ciento. El presupuesto de la Sedena pasó de 32 mil 200 millones de pesos en 2007, a 34 mil 861 millones en 2008 y a 43 mil 623 millones en 2009.

La Semar pasó de 10 mil 951 millones de pesos en 2007, a 13 mil 382 millones en 2008 y a 16 mil 59 millones en 2009. La SSP pasó de 13 mil 664 millones de pesos en 2007, a 19 mil 711 millones en 2008 y a 32 mil 916 millones en 2009. Y el presupuesto de la PGR, pasó de 9 mil 216 millones en 2007, a 9 mil 307 millones en 2008 y a 12 mil 309 millones en 2009. Es muy válido hacer notar que esos números son sólo hasta hace prácticamente dos años.

Mientras no haya un informe oficial, todas las anteriores cifras tienen como origen el examen de los presupuestos, declaraciones de funcionarios, otras publicaciones y demás. Dadas esas enormes sumas, eran de esperarse, por el bien del gobierno, anuncios sobre reasignaciones presupuestales con sus debidas explicaciones. Con sonrisas que le son características, el secretario Cordero explicó a manera de justificación: Ha aumentado la recaudación tributaria en 1.4 por ciento del PIB, que equivale a 190 mil millones de pesos. Pues como no hay nada de importancia adicional en qué gastar, entonces ¡que viva la Pepa!

Urge transparentar el gasto, pues subsiste la duda, fundada en antecedentes, sobre la constante falta de escrúpulo en el manejo de esos caudales. Desde la antigüedad tras los ejércitos marchaban los mercaderes, aprovisionadores, contrabandistas, intermediarios de casi todo. Hoy es igual. Es el caso del Pentágono, donde sus grandes proveedores son terriblemente manipuladores de las decisiones oficiales hacia sus propios intereses. Es la poderosa industria militar estadunidense y son los senadores y congresistas quienes allá operan con toda naturalidad coyoteando (lobbying) en favor de las firmas de su conveniencia.

Aquí somos más elementales. Seguimos pasando la charola. Quienes conocen la realidad son los proveedores y contratistas mexicanos y extranjeros, principalmente estadunidenses, franceses y españoles. El Presidente convive socialmente con ellos de manera casi cotidiana, sabe qué representan, también sabe que ellos nunca hablarán y sabe también que él nada insinuará.

Ya la plaga de la guerra presidencial es suficiente para agobiar en lo moral y material al pueblo. No encima de la guerra habremos de afrontar con mucha vergüenza y ya mínima capacidad de admitir nada, el saber que la tal guerra pudo costar la mitad.

¿Habrá que esperar a que surja el escándalo al develarse la corrupción para ver cómo se afronta esa tempestad? ¿No sería mínimamente sensato corregir y sancionar lo necesario antes de que todo caiga encima de Calderón? Hay tal hartazgo que surgen las imputaciones por doquier. La forma más tonta de querer verle la cara al pueblo sería tratar de explicar que dicha información es de seguridad nacional. ¿Se atreverían?

hienca@prodigy.net.mx

Modelo, violencia y bienestar

Luis Linares Zapata

U

na parte sustantiva de la sociedad mexicana ha dado muestra activa de un ácido malestar que la atosiga. Y ha sido mostrado por parte del segmento más consciente de ella. Numeroso conjunto que, además, ha logrado conquistar aceptables grados de desenvolvimiento personal y familiar. El descontento llevado a las calles es digno de consideración por todos y cada uno de los actores que ocupan posiciones de mando, riqueza, difusión o influencia. Trátese de partidos políticos, gobiernos en sus varias ramas y niveles, medios de comunicación, sindicatos, iglesias, organizaciones empresariales o la multitud de esas células integradas que ha procreado la misma sociedad. Todos tienen el deber de meditar en lo que está sucediendo en el país y actuar en consecuencia.

Se está llegando a puntos de conflicto donde el anhelado retorno a la normalidad se torna de difícil inflexión. Simplemente el régimen de la vida organizada del país ya no es capaz de prolongar, por tiempo indefinido, su actualmodus operandi. El estado de cosas prevaleciente agotó sus capacidades para mejorar las condiciones de la convivencia desde hace bastantes años. No fue concebido, es cierto, para el bienestar de las mayorías ni para garantizar que accedieran, masivamente, a crecientes oportunidades de desarrollo. Fue un entramado carente de sensibilidad, plagado de egoísmo y con valores invertidos. Los pocos momentos que se han tenido para introducir modificaciones correctivas fueron desaprovechados o, francamente, trampeados con cinismo cabalgante por parte de las elites conductoras. Sólo la inercia, el enorme cúmulo de complicidades que entrelazan intereses ilegítimos (ilegales incluidos) y el uso indebido de los aparatos de propaganda han logrado esta mediocre continuidad de un sistema de privilegios para unos cuantos y exclusiones para todos los demás.

La violencia y su concomitante inseguridad no se curan, sin embargo, con acciones policiacas esporádicas de los cuerpos represivos. Tampoco priorizando la aprobación de leyes más severas cocinadas al vapor de urgencias, iras colectivas o venganzas a duras penas contenidas. Menos aún solicitando renuncias instantáneas de los irresponsables que, en primera instancia, nunca debieron ocupar puestos de alta jerarquía. Exigir cambios drásticos en las estrategias, conductas o formas de operar de los incrustados en la cúspide del poder decisorio resulta, al final de cuentas, estéril. Aun cuando los puntos que componen el pliego de exigencias estén bien orientados y basados en experiencia probada, bien consensuados y apoyados en el conocimiento de los autores, al final giran, en su mayor parte, sobre asuntos de seguridad. La inclusión de atenciones prioritarias para la juventud (recreación, trabajo o educación, por ejemplo) se sabe de sobra, encuban sus salidas al mediano y largo plazos. En cambio, la íntima relación entre inseguridad, violencia y desigualdad queda en la retaguardia en vez de ocupar el lugar primordial. Los partidos no van a modificar sus maneras de operar o destituirán a sus jerarquías y así continuarán en la brega por su cacho de poder. Unos con más, otros con menos inteligencia o sensibilidad. Los candidatos ya prefigurados seguirán sus rutas prestablecidas. Pero unos son mejores que otros y habrá que saber distinguir.

La base que deforma la realidad mexicana yace casi intacta desde hace ya varias décadas. Esa trastocada base es la causal de la decadencia y el punto hacia el cual hay urgencia de dirigir la mirada y canalizar las energías colectivas. Mucho se puede aún hacer para mejorar la convivencia. Pero esa mejora no pude provenir de la cúspide del poder. La razón de la negativa es simple: la cúspide misma es, en efecto, parte sustantiva del problema que aqueja a la nación. El señor Calderón se lanzó al combate sin contar con la legitimidad requerida. Decidió, en solitario, dar un zarpazo ejemplar y ocupar el centro de la escena pública. Movilizó la enorme fuerza del Ejército sin contar con un plan de combate adecuado que apoyara en sus flancos a los soldados. El trabajo de inteligencia previo fue defectuoso, parcial, mal orientado hacia las regiones amenazadas y a los grupos de maleantes. La prisa por asentarse en la Presidencia, mal conseguida en las urnas, lo llevó a un desatado frenesí de sangre y dolor. Y así, con rencor creciente, continúa dando golpes esporádicos que poco contribuyen a la victoria que, en este caso, siempre será el retorno a una vida decente, productiva y segura. Mucho se hará con detener, con maniatar su comportamiento belicoso, huidizo e ineficaz.

Hay necesidad de prepararse para lo que ya se avecina: la posibilidad de iniciar la tarea reconstructiva del país. Ella será, sin duda, prolongada y llena de sacrificios. Se tiene que empezar el trabajo armados con un modelo distinto de gobierno. Uno que responda a la gente en sus necesidades y deseos y no, como el actual, diseñado para mantener y acrecentar privilegios para unos cuantos. Elegir liderazgos confiables y honestos será el objetivo. Otorgarles la legitimidad de las mayorías votantes para darles un mandato inequívoco de ser servidores y no atender las ambiciones de sus allegados, cómplices o patrones.

En lugar de renuncias hay que exigir al señor Calderón que no malgaste los escasos recursos que se tienen. Detener el dispendio de la alta burocracia que lo rodea. Ese billón de pesos que ha empleado en cebar a la capa dorada de burócratas centrales con prestaciones onerosas bien pudo ser destinado para crear cientos de miles de empleos, invertidos en centros educativos y recreacionales para los jóvenes que hoy esperan, como opción malsana, ser reclutados por el crimen organizado. Que el descontento social haga olvidar que, a la plutocracia que manda, poco le importa la vida, el bienestar o el dolor de los demás. Ellos quieren exprimir un tanto más a los trabajadores, precarizar salarios, apropiarse de lo que queda de Pemex, inducir normas favorables para seguir sin pagar impuestos y agrandar, en exceso, sus privilegios e impunidad. Será en la elección presidencial venidera cuando se podrá forzar el cambio de ruta, de modelo o su continuidad asesina. Se espera que este momento de inflexión colectiva insuflado por la marcha conduzca, después, a las transformaciones que se desean.

Cuarenta mil

Arnoldo Kraus

U

no, dos, 300, 5 mil, 25 mil… 40 mil y más.

Se dice que son 40 mil mexicanos los que han muerto por causas violentas desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia. Se dice eso, pero es muy posible que ese dato sea equivocado. Al hablar de nuestro gobierno y de nuestros gobiernos pasados de todo se debe desconfiar y de todo, salvo de los muertos, es necesario descreer. De los muertos no se debe descreer: ahí están los cuerpos, ahí están los testimonios de los familiares, ahí está el encono de la ciudadanía, ahí están los discursos gubernamentales y su intento de justificación. Desconfiar, descreer y cuestionar debe ser motto de los mexicanos.

Cuarenta mil muertos son demasiados muertos. La cifra es una monstruosidad. El embrollo tiene demasiadas aristas: los principales son la impunidad y la legalidad de los asesinatos. Otros son la desconfianza en el gobierno, la pésima imagen de México en el extranjero, las mermas económicas, sobre todo en el turismo, la idea de que salvo los familiares de los gobernantes todos somos víctimas potenciales del duopolio representado por la ineficiencia gubernamental y el poder del narcotráfico y, finalmente, la posibilidad de la costumbre. Cuando una sociedad se acostumbra la esperanza se derruye.

Acostumbrarse a la violencia puede ser una enfermedad muy grave. Acostumbrarse al México de Calderón y sus antepasados podría ser una epidemia. Los asesinatos se han convertido en norma, la injusticia en ley, la impunidad en una forma de gobernar y la inoperancia estatal en regla. Esa suma deviene el peor de los escenarios: asesinar es legal. Aunque las cárceles están saturadas, la mayoría de los reos no son asesinos, son presuntos culpables.

El presidente Felipe Calderón no es el único responsable de las 40 mil muertes. En más de una ocasión ha hablado, con razón, de las malas herencias del gobierno previo. Vicente Fox aseveraba lo mismo cuando cavilaba acerca de su antecesor, Ernesto Zedillo y, si éste no lo hacía de su predecesor era por ignorancia o por asumir la mística del PRI. Y así, de Zedillo para atrás.

Entre otras razones, gracias a su situación económica, y a la posibilidad de acceder a servicios médicos óptimos, hoy cohabitan y viven muchos ex presidentes; además de Fox, y de Zedillo, perviven Carlos Salinas, Miguel De la Madrid y Luis Echeverría, unos en buenas condiciones y otros en regulares. Calderón tiene razón: él no es el único responsable del desmoronamiento y de la destrucción del país. Aupados por la lógica de Calderón y arropados por el lema de Javier Sicilia, ¡Estamos hasta la madre!, sería opimo y sano sentar a la camada de ex presidentes junto con Calderón para escucharlos, para saber qué piensa el uno del otro, para que emitan un diagnóstico del México contemporáneo y, ¿por qué no?, para conocer su opinión acerca del destino de algunos ex presidentes como los de Egipto, Túnez o del israelí Moshe Katzav, condenado por abuso de autoridad.

Si en México el abuso de la autoridad no tiene límites, ¿por qué no podríamos los mexicanos concebir un mecanismo para contrarrestar ese abuso por medio de un diálogo público de nuestros ex presidentes bajo la tutela de Calderón? Después de todo, la gimnasia presidencial y la responsabilidad de los ex presidentes nunca tendría por qué finalizar. Son varios los ex presidentes depuestos en otros países en espera de ser juzgados. La enfermedad y la epidemia de la violencia en México podría transformarse en remedio, y quizás en cura si emulásemos lo que en otras latitudes sucede. Además de los presuntos culpables, hay culpables reales. ¿Qué opina Carlos Salinas de lo que ahora sucede?, ¿qué dice Fox de Zedillo?, ¿y qué dirían todos acerca de la justicia mexicana con respecto al caso Luis Echeverría?

Cuarenta mil mexicanos han sido asesinados por el desgobierno en lo que va del último sexenio. Muchos decapitados, otros colgados, buena parte, torturados. La monstruosidad de los asesinatos prosigue porque no se ejerce justicia. ¿Cuántos asesinos están tras las rejas? La incompetencia gubernamental es vasta. Carece de límites. Cuarenta mil muertos dan cuenta del fracaso de la ley. Cuarenta mil cadáveres en espera de respuesta retratan bien al gobierno mexicano.

Lo peor que le puede suceder a la sociedad es acostumbrarse. La marcha recién finalizada es un respiro y un antídoto contra la enfermedad de la costumbre. Uno, veinte. 10 mil, 40 mil. Nadie, en su sano juicio, pensó en que después del primer crimen se podrían acumular tantos cadáveres.

Astillero

Felipe el pacífico

Nuevo amago a Pemex

Mover reflectores y oposición

FC: Margarita, candidata

Julio Hernández López

DURANGO. Soldados custodian el predio de una narcofosa. Hasta ayer se habían desenterrado 188 cadáveres, desde que fue localizada la primera de cinco cavidades en ese estado, el 11 de abrilFoto Reuters

D

e placentero viaje por Nueva York, el licenciado Felipe Calderón ha abierto un nuevo frente de guerra para que sus opositores no se concentren en el tema del narcotráfico, y así puedan dividir sus fuerzas. No es una ocurrencia de bajo cilindraje, sino un recurrente sueño de repartición empresarial de Pemex mediante venta de acciones, pero presentado a estas alturas del desfalleciente partido más como una treta para distraer a la tribuna que como una jugada con posibilidad de gol. Difícilmente pasará una iniciativa modernizadora de tal calado privatizador en las aduanas camarales, sobre todo si se toma en cuenta que los partidos políticos van alejando posiciones a causa de los emplazamientos electorales rumbo a 2012 (a menos que Calderón esté dispuesto a hacer a los priístas una oferta que no puedan rechazar: Los Pinos por Pemex, por ejemplo).

Pero al lic. antes mencionado le conviene asustar con el petate de esa privatización petrolera, usando como parapeto el ejemplo brasileño, para sacar del centro de la discusión nacional el tema de la marcha encabezada por Javier Sicilia, la exigencia de renuncia del vicepresidente ejecutante, Genaro García Luna (ya desechada, pero que aún hará ruido mediático que al solícito Calderón le urge cancelar) y la demanda creciente de que frene su desquiciada política de exterminio civil y despilfarro de recursos públicos a título de una guerra de la que ahora ya no quiere ni acordarse como tal. Además, el comandante petrolero ha de confortarse con la consideración de que en una de esas y logra colar dicha suerte de homenaje póstumo al mouriñismo entre la maraña de imprecisiones, pifias y aberraciones que aún habrán de cometerse en la política mexicana antes de que entre en otra fase de locura y peligrosidad (la política, no el lic.), a fines de este año.

Ayer, por lo pronto, variada palabrería errática disparó en EU el accionista mayoritario de la firma de control social denominada Calderón-García (a pesar de las advertencias de este tecleador para que los curiosos se abstuvieran de formar acrónimo con las primeras letras de esos dos apellidos, hubo muchos atrevidos que desoyeron los astillados consejos y se toparon con una sorpresa escatológica de las que en este sexenio parecieran formar la heráldica gobernante). Para empezar, resintió el reproche que le hizo el dirigente de una asociación de migrantes, Joel Magallan, quien dijo al que en campaña electoral prometió ser el presidente del empleo que esa bandera no le había funcionado y había preferido tomar la de la guerra contra el narcotráfico.

El Héroe de la Guerra de los Cuarenta Mil Muertos (más los que se acumulen en lo que resta del velatorio sexenal) rechazó las medallas y negó que a él perteneciera el mérito de declarar las hostilidades bélicas. En realidad, dijo con sintaxis que rindió homenaje a Mario Moreno, Cantinflas, él ni siquiera tiene la política de andar declarando guerras o no, sino que las circunstancias le llevaron a cumplir con esa obligación patriótica, viendo al pueblo sufrir, dominado y vejado por delincuentes sin control a los que hubo de enfrentar para cumplir con el imperativo político de dar seguridad a los ciudadanos (chin, el autor de esta columna ya comienza a escribir como boletín de prensa de Los Pinos).

Decidido a desmarcarse de sí mismo, casi aspirante al Nobel de la Paz (sobre todo ahora que tanto lustre le ha dado Obama a ese premio con el asesinato de Bin Laden, tan humanitariamente festejado en la Casa Blanca), el lic. Calderón (quien no desea anunciar el acribillamiento de El Chapo, sino su apresamiento, privilegio de sobrevivencia que no han tenido otros jefes de cárteles que han sido abatidos de la misma manera que Osama en Pakistán) dijo ante el migrante remolón: Tampoco quiero decir que yo estoy o enarbolo la bandera de lucha o de guerra contra el narcotráfico, como usted lo ha mencionado. En realidad, las continuas acciones bélicas no las ha decidido por sus pistolas, sino (oh, fanfarrias y desfiles, por favor) por México, pues, no es una guerra contra el narcotráfico por sí mismo. Mi problema no es lo que la gente por su propia voluntad quiera usar o no de drogas. Mi asunto es que esos criminales afectan la seguridad de la gente en muchas regiones del país.

El súbito pero falso despenalizador del consumo de drogas generó otra frase digna de sujeción a un tribunal gramático: no es política pública que diga uno me da la gana ahora dedicarme a hacer o no hacer guerras; no se trata de ir a Irak y mandar soldados allá a miles de kilómetros a pelear por una causa, es nuestra tierra, nuestra gente. Nuestro deber es defenderlas. Luego de ese gratuito raspón al gobierno gringo y sus incursiones en el extranjero, el Viajero Frecuente le echó flores a Obama por su esfuerzo personal en favor de la reforma migratoria. El presidente gringo, por cierto, estuvo en El Paso y, dando paso electoral con huarache, convocó a presionar a los legisladores de EU para que aprueben esas modificaciones, todo hecho en indudable búsqueda del votohispano.

Astillas

En la reciente edición de la revista Quién, la actriz Ana de la Reguera entrevistó a Felipe Calderón, quien considera que su esposa tiene futuro como candidata,no ahora, pero sí en el futuro, según quedó consignado en estas lineas: De la Reguera: “He tenido la oportunidad de pasar un tiempo con Margarita, creo que ha realizado un excelente trabajo como primera dama, muy discreta. ¿La ve usted como futura candidata? Porque le queda chico todo su rol tradicional”. Calderón: “Margarita es una persona muy inteligente, muy buena persona, noble, sencilla, tiene todos los atributos… y la verdad sí la veo como candidata. No ahora, evidentemente, hemos hablado de eso, pero sí en el futuro”... Y, mientras ha sido detenido quien era delegado del IMSS en Sonora durante el caso ABC, y en el sur de Tamaulipas el Ejército toma un control que pone en alerta al casi inexistente gobernador, ¡hasta mañana, con Bono celebrando su cumpleaños en México!

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