lunes, mayo 17, 2010

  • Cínicos y desmemoriados, Aspe, Ortiz y Gil Díaz, critica consejero de Pemex

    Dejaron al país hecho trizas y desmantelaron la petrolera, reclama Fluvio Ruiz
    Israel Rodríguez


    Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos (Pemex), calificó de cínicos y desmemoriados a los ex secretarios de Hacienda Pedro Aspe, Guillermo Ortiz y Francisco Gil, quienes dejaron un “país hecho trizas y desmantelaron a la petrolera con su idea financierista” de hacer negocios privados. “Sus mandatos se caracterizaron por la falta de inversión y un despilfarro de los recursos petroleros excedentes”, sostuvo.

    El miércoles pasado los ex funcionarios coincidieron en que México debe despojarse de tabúes y realizar reformas a su marco jurídico que permitan la participación de la iniciativa privada en materia energética. Advirtieron: “si no resolvemos el tema energético vamos a un callejón sin salida”. Pusieron de ejemplo lo que Brasil ha hecho con la petrolera Petrobras.

    Ruiz Alarcón destacó que las declaraciones de los tres ex funcionarios no los eximen de su corresponsabilidad al conducir las finanzas públicas del país durante casi 20 años.

    “Ellos fueron los que han llevado al país y a Pemex a un callejón sin salida”. El régimen fiscal que siempre defendieron (la llamada RED, en vigor hasta 2005) se terminó convirtiendo en un mecanismo de apropiación privada de la renta petrolera, al permitir sostener los privilegios fiscales de las grandes empresas para mantener favores políticos y económicos, a costa de exprimir inconteniblemente a Pemex para ajustar las cuentas nacionales durante sus mandatos.

    Recordó que Francisco Gil Díaz maniobró con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que el entonces presidente Vicente Fox vetara el primer intento de aligerar la pesada carga tributaria de la petrolera. “Con Francisco Gil Díaz hubo un desplome de las reservas probadas, debido en buena medida al abuso que la Secretaría de Hacienda hizo del superávit primario de Pemex, que llegó a niveles nunca vistos con el único objeto de generar la ficción contable del déficit cero en las finanzas públicas”.

    Más aún, “fue Gil Díaz quien diseñó el tristemente célebre derecho adicional sobre hidrocarburos, que llevó al absurdo de que Pemex pagara al fisco por ingresos no obtenidos. Una auténtica barbaridad fiscal”.

    Fluvio Ruiz, doctor por la Sorbona de París, mencionó que durante la gestión de Pedro Aspe se sentaron las bases para que el país viviera una de las peores crisis económicas de que se tenga memoria. Además, Aspe Armella muestra gran desconocimiento del tema al sostener que “los niveles de producción han descendido dramáticamente; de 4 millones de barriles que se producían ahora vamos en dos y medio”.
    Como cualquier persona “medianamente enterada sabe, jamás hemos producido 4 millones de barriles. Esta aproximación lerda y dogmática lo lleva a repetir el cliché de que el éxito de Brasil se debe sólo a su apertura parcial al capital privado”.

    “Su fundamentalismo neoliberal ni de lejos le permite aproximarse a la realidad: el desarrollo de Petrobras se ha sustentado en un esfuerzo sostenido, con recursos públicos, con más de 50 años de inversión en investigación y desarrollo tecnológico (2 mil 550 millones de dólares invertidos entre 2006 y 2008), formación de recursos humanos y la capacidad de definir sus proyectos sin la sujeción asfixiante de Hacienda que padeció Pemex bajo los tres ex secretarios reunidos por Peña Nieto.

    “¿De dónde saca Aspe que los niveles de producción de Pemex son la quinta parte de lo que logran otras empresas petroleras? ¿Habrá obtenido en su retiro de la administración pública un doctorado en geología o geofísica?”, se preguntó.

    El consejero profesional recordó que Guillermo Ortiz fue quien participó, diseño y operó el esquema perverso y oneroso de los Pidiregas, que hoy son componente fundamental del entramado que tiene endeudado a Pemex por más de medio billón de pesos.

    Afortunadamente, y gracias a la reforma energética de 2008, la estrategia financiera vía Pidiregas desapareció.

    Fluvio Ruiz destacó que ellos fueron miembros del consejo de administración de Pemex cuando fueron secretarios, y lo único que hicieron fue extender la mano para obtener los recursos para ajustar las finanzas del país, sin importar que se frenara la inversión en exploración, refinación y mantenimiento, por poner tres ejemplos evidentes. “No quiero pensar que en el fondo de las declaraciones de los ex funcionarios no está el interés del país ni de Pemex, sino un interés por los negocios privados”.



  • Guerra de Calderón no ataca bienes del narco

Sandra Rodríguez Nieto
El Diario | 30-04-2010 | 23:53 | Nacional

La guerra lanzada por el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico es una farsa debido a que, si bien ha desplegado miles de elementos, también ha dejado intactas las estructuras económicas del crimen organizado –como propiedades y empresas– tanto en Chihuahua como en el resto del país, dijo Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico de México (ITAM).

Entrevistado con respecto a los resultados del combate al crimen organizado en Juárez, donde en casi dos años y medio han muerto más de cinco mil personas y, en contraste, el Gobierno federal ha asegurado sólo una propiedad, el investigador explicó que es precisamente ese enfoque el que ha dejado intacto el motor de la violencia que padece esta frontera y todo México: el dinero ilícito.

“Desde 2006 estamos anunciando al presidente de la República que este asunto iba a explotar, y lamentablemente, las experiencias internacionales nuevamente nos indican que si el presidente continúa con esta estrategia represiva y no ataca la motivación principal por lo cual estos grupos criminales florecen en México, que es la motivación económica, no vamos a llegar a ninguna consecuencia”, advirtió Buscaglia.

“Eso (intervenir empresas) es algo común en la Unión Europea, en Japón, en Canadá, en los países que toman el combate de la delincuencia organizada en serio, no como la administración actual de México”, dijo.

“Hay 17 países que se toman esta prevención en serio, y los que no lo hacen, simplemente envían soldados como técnicas mediáticas, dan discursos todo el día, hacen foritos cuando explotan situaciones de inseguridad, como hacen en Juárez ahora, donde la técnica del presidente es sólo reactiva: va porque explotó una situación, pero no porque hayan estado previendo la situación”, mencionó el investigador.

Maestro en Derecho y Doctor en Economía, consejero de diversas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y autor de diversos artículos sobre combate al crimen organizado, Buscaglia fue también uno de los primeros investigadores en detectar que, aun cuando el Cártel de Sinaloa es considerado el más poderoso de México, apenas una minoría de los detenidos en la guerra de Calderón pertenecen a esa organización.

En marzo pasado, Buscaglia también aportó en una entrevista hecha en un medio nacional los nombres de más de 20 empresas mexicanas cuyos activos estaban congelados en Estados Unidos sin que aquí se les sujetara a investigación alguna.

Entre esas empresas, la información de Buscaglia incluyó a varias ubicadas en Chihuahua, como Gasolineras San Fernando, Inmobiliarias El Presón, Indio Vitorio, Del Norte Carnes Finas, San Ignacio e Inmobiliaria El Escorpión del Norte, propiedades todas de los hermanos Arriola Márquez y las cuales fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por probables vínculos con el crimen organizado.

Buscaglia agregó que, así como se ha enviado un ejército de elementos armados a diversos puntos del país, el Gobierno de Calderón debería enviar un ejército de auditores para investigar el origen de los recursos de cientos de empresas y, a partir de ello, desmantelar la infraestructura criminal y menguar a los grupos.

Lo político y electoral, ‘pacto de impunidad’, alerta

“¿Y cómo se comienza a atacar esta motivación económica? Bueno, en el caso de estas 3 mil 500 propiedades ligadas a la Federación de Sinaloa, estas cuarenta y tantas de Tijuana, o estas empresas o propiedades ligadas a los Arellano y otras a los Carrillo Fuentes, por ejemplo, se les tiene que enviar inmediatamente auditoría del Servicio de Administración Tributaria, y a través de auditores se determina el origen lícito o no de los recursos que se invirtieron en esas propiedades”, agregó.

Buscaglia aseguró que el Estado mexicano no requiere siquiera iniciar procesos penales para intervenir empresas. Pero esto no se hace, explicó, porque la experiencia internacional muestra también que las compañías que pertenecen o apoyan a los cárteles, para obtener protección, regularmente pagan campañas electorales, por lo que investigarlas, dijo, conduce casi siempre a personajes políticos.

“Y eso es lo que no hacen, ni quieren hacer, porque en la mayoría de los países donde eso se hace bien, como Italia, donde se tomaron en serio el combate y la prevención de la delincuencia organizada, se han encontrado que estas empresas legales financian precampañas y campañas”, dijo.

“Y ese es el pacto de impunidad que hoy impide desmantelar a las empresas criminales de todos los grupos, las de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, y sacarles la motivación económica que está detrás de los asesinatos y de los secuestros y de la corrupción. Si les quitas la motivación económica en México, la delincuencia organizada se desploma”, insistió.

Por tanto, agregó, mientras eso no se haga, la guerra de Calderón no será más que una farsa.

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